- Norma contradice carácter inclusivo y permanente del Registro Único de Víctimas (RUV), al disponer que el 31 de diciembre del 2011 se cierre el período de identificación de beneficiarios.
- Decreto Supremo no señala, expresamente, criterios técnicos que sustentan la determinación del monto de la reparación.
- Se desnaturaliza finalidad de reparaciones al exigir a padres de víctimas fallecidas o desaparecidas no contar con soporte familiar.
En oficio dirigido a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el defensor del Pueblo en funciones, Eduardo Vega, expresó su preocupación por la dación de un Decreto de Urgencia que “desnaturaliza” la finalidad de las reparaciones económicas a las víctimas de la violencia ocurrida entre 1998-2000.
Vega explicó que la norma que dispone iniciar el Programa de Reparaciones Económicas Individuales (PREI) no cumple su finalidad porque exige a los padres de las víctimas fallecidas o desaparecidas no contar con un soporte familiar para acceder al beneficio.
“Observamos con suma preocupación que la norma contravenga la finalidad, algunos de los principios de la propia norma que creó el Programa Integral de Reparaciones (PIR)”, advierte Vega.
Además de la conclusión del periodo de identificación de beneficiarios del PREI que culminará el 31 de diciembre de este año.
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