- Mientras Giampietri recibe 3 mil soles de viáticos para 3 días en Japón, se pretende otorgar 10 mil soles a víctimas de la violencia como reparación económica
- Entre las personas que recibirían este monto, se encuentran los familiares de los policías muertos durante el conflicto.
En conferencia de prensa, las organizaciones de víctimas y de derechos humanos, exigieron la derogación del Decreto Supremo 051-2001 PCM, al considerar indigno el monto de 10 mil soles de reparación.
Los representantes de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos – CNDDHH, y la Asociación Nacional de Centros – ANC y el Movimiento Ciudadano Para que no se repita – PQNSR, indicaron que este monto es discriminatorio ya que se han establecido montos para indemnizaciones por cerca de 30 mil soles para los miembros de los comités de defensa, otorgados por el Ministerio de Defensa en febrero del 2010 y el Estado peruano no puede ser inconsistente con el monto asignado.
“No estamos pidiendo una dadiva, este es un derecho que nos corresponde” señalaron Leonor Saire, representante de la organización de viudas y huérfanos de policías del Cusco y Doris Caqui, Vice presidenta de la Coordinadora Nacional de Víctimas de la Violencia Política – CONAVIP.
Indicaron que se constató que para la elaboración del Informe Técnico sobre reparaciones no consultaron a los beneficiarios y solo se realizó una encuesta a 370 personas sin tomar en cuenta los elementos necesarios para ser considerada una consulta. Solo el 5% estuvo de acuerdo con el monto de 10 mil soles, mientras que el 80% esperaban una cantidad mayor.
Asimismo, señalaron que este decreto sería inválido y por lo tanto, materia de derogación porque no contó con la aprobación de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel – CMAN como lo señala el artículo 8 de la ley 28592, los artículos 59 y 60 del Decreto Supremo 015-2006- PCM y su reglamento, pues su función es el diseño de la política nacional de paz, reconciliación y reparación.
“La reparación es una medida que busca que las víctimas puedan ejercer sus derechos ciudadanos que fueron vulnerados durante el periodo de violencia política. Por esto, las reparaciones no se agotan con la dación de las compensaciones a través de bienes y/o servicios. Pretender negar los derechos que como ciudadanos tienen las víctimas, es volver a colocarlos en condiciones de marginación, desprecio y discriminación. Es la re victimización misma”, puntualizaron.
Se contó además con la participación de Rocio Silva Santisteban, Secretaria Ejecutiva de la CNDH, Francisco Soberón, delegado de la ANC para la CMAN, Gino Huerta, delegado de la CNDH para la CMAN, y Rosario Giraldo, de PQNSR.
Decreto Supremo 051-2001 PCM sobre Reparaciones Económicas a Víctimas
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