Amnistía Internacional instó hoy a los líderes del continente aprobar leyes de consulta previa y abstenerse de otorgar concesiones que afecten a los pueblos indígenas, y señaló que en Perú aún se espera conocer la verdad, justicia y reparación en el caso Bagua.
En el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo, advirtió que es falsa y peligrosa la dicotomía entre el desarrollo y los derechos de los pueblos indígenas.
“Se trata de una creencia basada en la falaz premisa de que los proyectos de la industria extractiva o de otro tipo, que multiplican la riqueza y son favorables a los intereses nacionales, no deben verse «obstruidos» por los pueblos indígenas, que son «sólo» una pequeña parte de la población”, indicó en un informe emitido hoy.
Señaló que ese tipo de respuesta “tienen consecuencias demoledoras” sobre los derechos humanos de los pueblos indígenas del hemisferio.
Por tanto, recomendó promulgar leyes para hacer efectivo el derecho a consulta y al consentimiento libre, previo e informado; y abstenerse de otorgar concesiones y autorizar proyectos de inversión que pueda afectar a los pueblos indígenas sin una consulta adecuada.
El informe señala que en el caso de Perú, el ex presidente Alan García se negó a promulgar el proyecto de consulta previa aprobado por el Congreso en 2010 y que, ese mismo año, el Tribunal Constitucional emitió una sentencia instando a aprobar y aplicar dicha ley.
La iniciativa de consulta previa se basa en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual establece estas consultas a las comunidades antes de realizar actividades extractivas en sus territorios.
Amnistía Internacional también advierte que la ausencia sistemática de consultas de buena fe del Estado con los pueblos indígenas sobre los proyectos de desarrollo, “provocó con frecuencia enfrentamientos violentos entre los activistas y las fuerzas de seguridad”.
“Además los familiares de las personas que perdieron la vida en 2009 junto a la localidad de Bagua siguen pidiendo verdad, justicia y reparación”, recordó la organización.
Indicó que el tribunal militar policial condenó por este caso a tres miembros de las fuerzas de seguridad en marzo de 2011, “pero estas sentencias podrían utilizarse para obstaculizar el proceso que se está siguiendo en la justicia ordinaria”.
La Defensoría del Pueblo informó que hasta junio último se han registrado 217 conflictos sociales, de los cuales 118 están relacionados con temas de medio ambiente.
Fuente: Andina
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