Por Ronald Gamarra

Publicado en La República, viernes 19 /08/2011

Este domingo 21 de agosto se celebra en nuestro país el Día del Niño. Muchas entidades preparan actividades especiales. Con toda seguridad, oiremos una vez más, en medio de ellas, discursos solemnes llenos de promesas para lograr la felicidad de la infancia.

Una vez más constataremos, entonces, la distancia que media entre lo ritual y lo sustantivo, entre la retórica y los hechos: la enorme deuda impaga que nuestra sociedad tiene con la niñez.

Los bombos y platillos están fuera de lugar, lo mismo que ciertos intentos de hacer de esta fecha una nueva festividad comercial. No hay otro modo de conmemorar este día si no es adquiriendo o renovando un profundo compromiso de hacer realidad ya los Derechos del Niño. Lo cual significa acabar en el plazo más breve con la alta tasa de mortalidad, la extrema pobreza, la desnutrición y el abandono infantil para lograr, en esta década, el objetivo de una niñez debidamente protegida.

Este debería ser el objetivo central de los dos quinquenios que restan hasta el bicentenario de nuestra independencia: un desafío muy grande, pero enteramente realizable. Un objetivo que cambiaría radicalmente nuestra sociedad y la pondría en vía de seguro desarrollo. Sin embargo, para ello hace falta poner a la infancia en el centro de los esfuerzos del Estado y la sociedad. Sin esta centralidad, la infancia no saldrá de su situación de olvido.

El problema es que los políticos, absorbidos por el inmediatismo, difícilmente ven las cosas de este modo. Las niñas y niños no hacen marchas de protesta, no toman carreteras, no organizan lobbies; peor aún, no votan: es fácil no hacer caso de la extrema urgencia de sus necesidades y postergarlas. Por eso debemos comprarnos el pleito de los derechos del niño, porque si no lo hacemos seremos cómplices. La única manera de no serlo es contribuyendo activamente a hacer realidad los derechos de la niñez.

El plan que el gabinete ministerial recientemente nombrado presentará a fin de mes ante el Congreso, debería prever la prioridad central de la problemática de la infancia y establecer los objetivos correspondientes de corto y mediano plazo, así como su espacio específico y transversal en la estructura gubernamental. De este modo, establecería desde el inicio un contraste positivo con el lamentable olvido de este sector durante el quinquenio gubernamental aprista.