La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, ante los hechos mostrados en un video transmitido por medios televisivos locales el 08 de agosto de 2011, que probaría que Gerson Falla habría sido víctima de actos brutales de tortura que, finalmente, le ocasionaron la muerte, cometidos por miembros de la Policía Nacional que prestaban servicios en la Comisaría de San Borja, expresa su mayor consternación y exige que se profundicen las investigaciones para determinar las responsabilidades penales por este crimen.

Resulta imperativo recordar que es obligación del Estado peruano, a través de sus respectivas instituciones, investigar de manera urgente, eficiente e imparcial los hechos denunciados por los familiares de Gerson Falla, así como evaluar exhaustivamente las pruebas presentadas en la investigación que se viene desarrollando en la Segunda Fiscalía Supraprovincial de Lima.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos ha venido denunciando actos de violencia, tortura y muerte de ciudadanos  peruanos en manos de miembros de la Policía Nacional, como el caso de  Wilhem Calero, quien fue asesinado brutalmente, después de haber sido torturado, en julio del 2010 luego de una intervención de las ‘Águilas Negras’. Wilhem fue a solicitar ayuda y lo único que encontró fue la muerte.

La tortura es un grave delito, repudiado por toda la comunidad internacional, que vulnera lo más esencial de la persona humana, dejando severas secuelas a las víctimas, generando en muchos casos la muerte. El Estado peruano es signatario de importantes instrumentos internacionales de protección, como la Convención contra la tortura y otros tratos crueles o degradantes y su Protocolo Facultativo, que prohíben dicha práctica y establecen la obligación de implementar medidas concretas de prevención, como el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.

Hoy más que nunca, teniendo como trágico antecedente la muerte del joven Gerson Falla y otros casos similares, se hace evidente e imperioso el cumplimiento por parte del Estado peruano de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, por lo que esperamos la aprobación del proyecto de ley que implementa el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, como principal instrumento de lucha contra este flagelo. Dicha propuesta, aprobada por el Consejo Nacional de Derechos Humanos el 1 de diciembre del 2010, está pendiente de aprobación en el Consejo de Ministros y de remisión al Congreso de la República.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos exige justicia para las víctimas y sus familiares, reitera su exigencia de profundizar las investigaciones de los reiterados casos que se han presentado, y espera que las autoridades implementen las medidas de prevención y seguridad señaladas.

Lima, 10 de agosto de 2011