DEMUS.- La vulneración a los derechos de miles de mujeres pobres, quechuahablantes, de zonas rurales e indígenas durante el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar del régimen fujimorista fue y sigue siendo un tema sensible para la ciudadanía  y como tal, causó el compromiso político del presidente Humala para no permitir la impunidad de los responsables.

Por ello,  para DEMUS “Es hora de determinar la real magnitud del daño producido, es decir el número de mujeres que fueron esterilizadas sin su consentimiento, los mecanismos que se utilizaron en la ejecución, así como las consecuencias de esas prácticas, e iniciar el camino hacia la reparación” sostuvo Rossy Salazar, responsable de la Línea Jurídica de la mencionada institución feminista.

“¿Cuántas mujeres fueron esterilizadas contra su voluntad durante el fujimorato? Es una de las preguntas sin respuesta, que se podría resolver mediante la implementación de un sistema de registro, que permitiría reparar a las víctimas” precisó Salazar.

Por ejemplo, indica la abogada, solo se reconoce la cifra de 2074 afectadas, señalada en la denuncia hecha ante el Ministerio Público, de las cuales 18 perdieron la vida como consecuencia de estas intervenciones, cuando la cantidad de víctimas puede ser mucho mayor por los alcances que tuvo la política de población aplicada entre 1996 al 2000 .   “A lo largo de estos meses hemos conocido a través de los medios de comunicación de nuevos casos de personas que no figuran en la denuncia pero que sufrieron esta violación a sus derechos humanos y esperan que haya justicia y reparación para ellas” dijo.

“Esta tarea, así como otras acciones, debe estar a cargo de una comisión que tenga como facultades la investigación de los hechos, el registro y las reparaciones a las afectadas. Y  debería estar conformada por representantes del Estado, la sociedad civil y las víctimas de la política fujimorista”  recomendó la representante de DEMUS.

Asimismo, destacó Salazar, en cuanto a las reparaciones, éstas podrían ser accesibles a las víctimas, al estar incluidas en este registro, de manera independiente al juicio que debe desarrollarse. Por otra parte, la investigación de lo sucedido, significaría recoger denuncias e iniciar los procesos que corresponden para la sanción de los responsables.

Salazar agregó que quienes investiguen los hechos deben tener presente el contexto coercitivo en el que se produjeron las esterilizaciones “Las mujeres fueron chantajeadas, engañadas y obligadas a someterse a las AQV; existió presión hacia el personal de salud que fue presionado con cuotas o para tener mejoras laborales o despidos arbitrarios, entre otras prácticas que se dieron en el marco de esa política de Estado” enfatizó.

Finalmente, la abogada feminista afirmó que las esterilizaciones forzadas en el Perú fueron la expresión de un Estado que violó la autonomía y los derechos humanos de las mujeres, principalmente, las de sectores en condición de vulnerabilidad. “Hechos que no deben repetirse y que no deben quedar impunes” puntualizó.

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