Por Rocío Silva Santisteban

Publicado en La República, 04/09/2011

Recuerdo que vivía en San Juan de la Frontera, Argentina, cuando Raúl Alfonsín dio las Leyes del Punto Final y de la Obediencia Debida que ocasionaron graves denuncias en diversas instituciones internacionales y argentinas de ese entonces que defendían los derechos humanos, además de los reclamos de las Madres de la Plaza de Mayo y algunas voces como la del Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel e incluso del propio fiscal Julio César Strassera. Esas leyes permitían la impunidad y, por lo tanto, la imposibilidad de justicia, porque la reconciliación no se puede fundamentar en el olvido, sino en la memoria y perdón de quien lo pide y de quien lo da. Finalmente fueron derogadas y hoy en día, gracias a diversos juicios, los asesinos y perpetradores están detrás de las rejas.

Por todo esto, la mención del Gral. en retiro y actual ministro de Defensa, Daniel Mora, al referirse en una entrevista radial a la necesidad de poner un punto final a la “persecución” de militares que han cometido violaciones a los derechos humanos me parece mucho más desatinada y obtusa, incluso, que su referencia a la inocencia de Antauro Humala en el andahuaylazo. Hablar de “punto final” a los pocos días de conmemorarse un año más de la entrega del Informe Final de la CVR, ceremonia a la que acudió Carlos Tapia en representación de Salomón Lerner Ghitis, es un despropósito y una falta total de concordancia con otras instituciones de este gobierno que están tomando el tema post conflicto de manera seria, como ha sido la designación de Isabel Coral como secretaria ejecutiva de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel para los pueblos que sufrieron violencia, más conocida por sus siglas CMAN.

A su vez el ministro sostiene, sin haberse informado previamente, que a las “supuestas víctimas” se les dan reparaciones de 200 mil soles y a los militares que combatieron, nada de nada. Esto es falso. En primer lugar, la cifra de 200 mil soles no puede ser sino de reparaciones colectivas, pues el anterior gobierno solo aprobó reparaciones entre 5 mil y 10 mil soles para víctimas individuales. En segundo lugar, hay muchos militares y policías que ya tienen su constancia del Registro Único de Víctimas y que por supuesto van a recibir su reparación.

Por todo lo señalado, espero que a la fecha de publicarse esta kolumna (la escribo los jueves) el ministro ya se haya rectificado, también incluso sobre su opinión –igualmente sin base jurídica– acerca de la autoría mediata en crímenes de lesa humanidad. De lo contrario, la presencia de Daniel Mora en este gobierno, pienso a título individual, ya debería llegar a su fin, pues no se conecta con las propuestas del resto del gabinete ni con un espíritu de justicia, equidad e inclusión.