Comisión del Congreso de la República aprobó dictamen del presupuesto 2012 que no incluye el rubro para reparaciones a las víctimas de la violencia política solicitada por la PCM.

“Es preocupante que el dictamen del proyecto de ley Nº 114/2011-PE para el presupuesto fiscal 2012 que aprobó la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República el martes 15 no contemple el pedido del Premier para atender el pago de reparaciones a las víctimas de la violencia política”, expresó la ministra de la Mujer y Desarrollo Social, Aída García Naranjo Morales.

El pedido fue sustentado por el Premier Salomón Lerner en su presentación ante el Congreso, en el que planteó textualmente: “nos proponemos como meta al 2016 la reparación integral del 50 por ciento del total de víctimas. Entregaremos a cada una de ellas una suma significativa, como un gesto simbólico de reconocimiento”. Para lograr esta meta se requiere atender a 6,700 víctimas cada año.

Por este motivo la Presidencia del Consejo de Ministros solicitó 221,2 millones de nuevos soles, cifra que cubriría las reparaciones económicas a las víctimas en el 2012. En la sesión de la Comisión de Presupuesto en que se aprobó el presupuesto 2012 el ministro de Economía, Miguel Castilla, invitado a la sesión, expresó su desacuerdo con la inclusión de esta partida.

“Ninguna suma económica podrá compensar la pérdida de un padre, madre, esposo/a o hijo/a. Las reparaciones son un esfuerzo por parte del Estado, para dignificar a las familias de las víctimas”, afirmó la titular del MIMDES, en respaldo a la solicitud del Premier Lerner.

La ministra García Naranjo Morales señaló que expresa su preocupación en relación a todas las víctimas y como responsable del proceso de Registro y Acreditación de Desplazados, tarea que lleva el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES) a través de la Dirección de Desplazados y Cultura de Paz. Como se sabe, muchas de las víctimas de la violencia tuvieron que huir de sus lugares de origen, convirtiéndose en desplazados.

El MIMDES ha acreditado durante los primeros 100 días de gestión a 6,500 personas desplazadas. Esta acreditación les permitirá su ingreso directo al Registro Único de Victimas, acceder al Seguro Integral de Salud y a participar de las reparaciones colectivas otorgadas por el Estado, acceder a servicios educativos y a los planes y programas sociales a nivel de gobiernos locales y regionales. Al igual que todas las víctimas, los desplazados tienen pendiente el pago de las reparaciones económicas individuales. La reparación será base de la Reconciliación Nacional.