Reproducimos pronunciamiento de la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Afectados por la Violencia Política (CONAVIP) que exige al Estado atención urgente a sus demandas.

PRONUNCIAMIENTO

Los delegados regionales representantes de las organizaciones de afectados de: Huancavelica, Ayacucho, Puno, Cuzco, Apurímac, Huánuco, Junín, Lima, Pasco, La Libertad, Ica, San Martín y Ucayali, agrupados en CONAVIP; después de una ardua reunión llevada a cabo el día viernes 24, con el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Jiménez Mayor, sus Viceministros y el nuevo Secretario Ejecutivo del Consejo Multisectorial de Alto Nivel – CMAN, y habiendo tomado conocimiento de la negativa del Ministerio de Economía con respecto a la modificatoria de Decreto Supremo Nº 051 – 2011-PCM, expresamos lo siguiente:

Primero: El Decreto Supremo Nº 051- 2011-PCM tiene tres graves enunciados que en lugar de favorecer la implementación digna de nuestro derecho a la reparación la vulnera contradiciendo a la Ley del PIR 28592 que establece: “Que el registro de las víctimas es permanente…”. El D.S. N° 051 establece el cierre del Registro Único de Víctimas el 31/12/11 excluyendo a los que aún no han sido registrados, limitando el acceso a las reparaciones económicas sólo a las víctimas que cuentan con 65 a 85 años y sean pobres como requisito.

Así mismo, establece un monto de reparación indignante de S/. 10,000. Por estos fundamentos y más, exigimos la urgente modificación de dicho decreto, esto considerando los acuerdo del acta de la 115ª sesión Ordinaria de la CMAN de fecha 10 de Noviembre del  2011, la misma que fue presentada ante la Presidencia del Consejo de Ministros – PCM  para su aprobación y publicación, proponiendo como monto las 10 UITs como reparación económica individual, propuesto por el propio Estado.

Segundo.- Exigimos garantizar los 221 millones de soles anuales planteados y solicitados por la CMAN para la implementación del 50% de reparaciones al 2016. Recordemos que tanto el Presidente Ollanta Humala como el ex Premier Salomón Lerner Gittis plantearon como política pública la reparación del 50% del total de víctimas como meta hasta el 2016. Recogiendo dicho objetivo, la CMAN elaboró la “Propuesta de trabajo institucional 2011 – 2016”, la misma fue construida con la participación de los diversos actores a través de numerosas consultas en reuniones y talleres en Lima y las regiones.  Esta propuesta no sólo se limita al plano presupuestal sino también al programático y estratégico para la implementación de las reparaciones.

Tercero.- Reconocemos el trabajo del Consejo de Reparaciones y el Registro Único de Víctimas RUV, muy abiertos al diálogo y a la escucha. Sin embargo, es menester atender varias preocupaciones que venimos encontrando en el camino, subsanarlas en lo que queda de este proceso posibilitará que nuestro derecho a ser inscritos sea óptimamente atendido.

Cuarto.- Es urgente incorporar el pliego presupuestal sobre reparaciones en el Ministerio de Economía y Finanzas. Esta acción debe ser respaldada por la lista nominal de los beneficiarios por cada programa de reparación, para ello, es necesario que el Registro Único de Víctimas resuelva cuanto antes los casos complejos aún pendientes del Libro 1, concluir la inscripción, calificación y proceso de entrega de acreditaciones a las víctimas así como a los grupos de desplazados. Así mismo, concluir con el registro de desplazados que viene trabajando el MINDES.

Quinto.- Se debe formular y elaborar un plan nacional de búsqueda de desaparecidos. Por otro lado, en el tema de memoria, se debe incorporar a los representantes de los familiares en la Comisión del Lugar de Memoria. Para la construcción de este espacio se debe contar con la participación de las víctimas civiles, políticas, gremiales, militares y comunales en todas las regiones afectadas por la violencia política, e incorporación en la currícula escolar  la memoria del Conflicto Armado Interno en base al Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.

Sexto: Exigimos la creación de juzgados y Fiscalías especializadas en DDHH con conocimiento de la cultura e idioma original de las poblaciones afectadas por la violencia política, para judicializar de forma adecuada y justa los crimines de lesa humanidad en nuestras regiones.

POR LO QUE,  LAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA POLÍTICA INDIGNADOS POR EL OLVIDO Y LA EXCLUSIÓN, ACORDAMOS EMPRENDER LAS SIGUIENTES ACCIONES:

•        Llevar a cabo una conferencia de prensa y hacer una entrega pública de miles de cartas al Señor Presidente de la República, exigiendo la modificatoria del D.S. Nº 051-2011-PCM, el día 15 de marzo del presente año.

•        De no lograr una respuesta favorable a nuestras peticiones,  nos veremos en la necesidad de movilizar a todas las víctimas de la violencia política de todo el país, donde expresaremos nuestra voz de protesta, indignación. Buscaremos ser escuchados para alcanzar justicia y reparación; para ello ya venimos realizando movilizaciones previas, como la marcha regional de nuestros hermanos ayacuchanos denominado «Marcha de Putis a Huanta, de Huanta hasta Ayacucho, hacia la Marcha Nacional de las Víctimas”. Similares tareas se vienen cumpliendo en Apurimac y otras regiones.

¡MODIFICACIÓN INMEDIATA DEL DECRETO SUPREMO 051!
¡VIVA LA MARCHA NACIONAL DE LAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA POLÍTICA!