Asociaciones defensoras de los derechos de la mujer exigen al gobierno que se inicie de una vez el proceso contra los responsables de los abusos, los cuales, manifiestan, son crímenes de lesa humanidad y no deben prescribir.

Tomado de La República 30/03/2012

«¡Ha pasado tanto tiempo y no he encontrado paz ni justicia!», revela con indignación Jacinto Salazar, quien vive en la humilde comunidad de La Encañada, en Cajamarca, acompañado de sus siete hijos.

Él es esposo de María Mamérita Mestanza, quien el 4 de abril de 1998, luego de ocho días de haber sido operada por una ligadura de trompas, falleció y se convirtió en una de las miles de afectadas por las esterilizaciones forzadas realizadas por el gobierno de Alberto Fujimori.

María incluso había sido amenazada por el personal del Centro de Salud de su comunidad para que acepte hacerse la ligadura de trompas, es decir, esterilizarse. «Decían que las personas con más de 5 hijos deberían pagar una multa o si no irían presas», contó el desconsolado marido.

Ayer su opinión se escuchó junto a los reclamos de diversos colectivos feministas y de derechos humanos en la Casona de San Marcos. «Pedimos al presidente Humala que cumpla sus promesas y colabore con la aceleración de la investigación por los casos de esterilizaciones», expresó Victoria Vigo, otra de las víctimas.

La directora de Demus, Jeannette Llaja, explicó que el 21 de octubre del 2011 la Fiscalía de la Nación resolvió que se reabran las investigaciones del denominado caso «María Mamérita Mestanza Chávez y las esterilizaciones forzadas».

Sin embargo, alertó, hasta hoy en día no se han revisado los 62 tomos del expediente que contiene los hechos que afectaron a 2.074 mujeres, de las cuales 18 perdieron la vida.

Por esta razón pidió que se priorice este caso para que se aceleren las investigaciones. «Queremos tener todas la facilidades para resolver nuestros casos, que haya un presupuesto para esto y se asigne un fiscal que solo vea únicamente esta investigación», precisó Llaja.

Pero esto no es todo, también exigen que los casos no se archiven nunca. «Las esterilizaciones forzadas fueron parte de un plan, una política pública y son consideradas delitos de lesa humanidad, los cuales por ley no prescriben», explicó el abogado de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos Víctor Álvarez.

En tanto, Josefa Ramírez Peña, activista por el derecho a la justicia y reparación de las mujeres víctimas de esterilización forzada de Huancabamba (Piura), reveló que en su comunidad se detectaron 120 casos de esterilizaciones forzadas.

ACUSAN PRESIONES

Las mujeres afectadas se quejaron por una carta enviada al procurador supranacional, Luis Alberto Salgado. «El documento tiene la firma de Alejandro Aguinaga, uno de los implicados en la investigación al ser el ministro de Salud con las esterilizaciones forzadas», se quejó Jeannette Llaja.

En la misiva se hace mención a elementos que son parte de la defensa en el proceso de la CIDH contra el Estado. Consideró el mensaje como una forma de «ejercer presión y ensombrecer las investigaciones».

«Todo tiene que ser más transparente», concluyó con preocupación.