Editorial de La República
En momentos en que oficialismo y oposición se confunden en sus críticas a la CIDH, nos toca ubicarnos a contracorriente.
Conviene, antes que nada, recordar que los derechos humanos no tienen dueño: no son del oficialismo ni de la oposición, como no son de la derecha ni de la izquierda. Son de la sociedad en su conjunto porque actúan para el perfeccionamiento y la superación de la condición humana. En nuestro país durante demasiado tiempo se ha atacado a los organismos defensores de los DDHH mediante la falacia de que solo defienden los de los terroristas, lo cual es falso, pues también han defendido los de los agentes del Estado que cumplieron limpiamente con su deber.
Esta acusación injusta de haber desnaturalizado sus luchas hizo que estos organismos, hostilizados por sectores poderosos y con capacidad mediática, se acantonaran en sus territorios, pues la realidad ha demostrado que cuando se participa en las actividades de promoción y defensa de los DDHH se está haciendo política, pero política en el sentido más amplio y noble del término, no en su restringido sentido partidario. Esa política tiene un ámbito específico de reglas de juego que es distinto, con otras lógicas y objetivos.
A menudo desde la izquierda se plantea, a su vez, que un organismo de DDHH es la antítesis del Estado y por eso tiene que oponerse a todos los gobiernos. Hay una razón para esto, y es que por lo general son los Estados los que cometen las violaciones a los DDHH, pero ello no significa que sean los únicos, según supo demostrar la CVR en nuestro país cuando calificó al terrorismo como el principal violador de los DDHH durante el periodo de violencia.
Por lo demás, una de las metas de la lucha por los DDHH es la democratización del Estado, lo que ocurre cuando quienes lo dirigen y administran internalizan las reglas del derecho humanitario y las defienden, en lugar de violarlas. Cuando esto último ocurre, somos todos los que salimos perjudicados, porque se está disminuyendo la condición humana que compartimos. Por eso, lo que se haga a favor de los DDHH beneficia a la sociedad en su conjunto. Es un bien social abarcativo. No protege solo al que lo aplica, protege también al diferente, al otro y hasta a quienes no creen en ellos.
Ese sistema interamericano de DDHH, tan criticado, ha sido en múltiples ocasiones –Luis Pásara lo recordaba anteayer– el único amparo de muchos peruanos que, víctimas de abusos graves, pudieron encontrar, gracias a sus organismos, la justicia que en su país se les negaba.