Hoy jueves 12 de abril en el local de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos se convocó a una conferencia de prensa que contó con la presencia de las viudas de los ciudadanos muertos en las protestas de finales de marzo, Leovina Del Socorro Alvarado, esposa de Cristian Alvarado Frias, y Maryury Jackmery Nuñez, esposa de Luis Guerrero García, así como con Manuel Zeta Chavesta, padre de Manuel Omar Zeta Jorge, herido de bala en el abdomen y en actual estado de gravedad. Junto a ellos estuvo el presidente del Frente de Defensa de los Intereses de la Bahía y Provincia de Sechura, Amaru Ipanaqué, y Ramón Correa, secretario de prensa del mismo Frente.

Ante el inicio de la mesa de diálogo entre el Frente de Defensa y el gobierno central, mañana viernes 13, el objetivo de la conferencia de prensa fue abordar algunas cuestiones previas que consideran deben resolverse con miras a iniciar el diálogo con buena fe. Precisamente, el tema de las indemnizaciones a los familiares de las víctimas se mostró como una preocupación central.

Leovina Del Socorro declaró: “Yo sólo quiero que se haga justicia, que se encuentre al responsable. Se supone que todos somos seres humanos y somos peruanos como ellos”, añadió refiriéndose a las fuerzas policiales, que habrían disparado contra la población, a pesar de que los manifestantes “no portaban armas de fuego”. “Que el gobierno se responsabilice con mis hijos”, exigió la viuda de Cristian Alvarado, muerto por una bala que le impactó en la espalda. Manuel Zeta Chavesta concluyó por parte de los familiares que “la policía no debería intervenir con armas de fuego”.

Amaru Ipanaqué, presidente del Frente de Defensa, refirió a una fuerte represión hacia los dirigentes sociales que están liderando la protesta, de los cuales ya se encuentran doce procesados. “Queremos un clima de paz para que hayan condiciones de diálogo”, señaló Ipanaqué, y “que el Estado asuma responsabilidad de indemnización con las víctimas y con los heridos”, finalizó.

Ramón Correa, sobre lo que esperan obtener del diálogo con el gobierno, se mostró claro: “Queremos que se declare como zona exclusiva para la pesca y la maricultura la Bahía de Sechura, y contamos con argumentos técnicos que demostrarán la inviabilidad del proyecto de la empresa Savia”.

Finalmente, los del Frente de Defensa señalaron una serie de irregularidades sobre la audiencia pública convocada por la Empresa Savia Perú (ex Petro-Tech), como parte del proceso de aprobación del proyecto, las que terminaron por desencadenar las protestas de finales de marzo con dos muertos como resultado del enfrentamiento entre la población y las fuerzas policiales.

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