¡NI UN MUERTO MÁS!

La CNDDHH se pronuncia por tres nuevas muertes en conflictos sociales

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), colectivo de 79 instituciones dedicadas a la defensa de la vida y de los valores fundamentales del individuo y de la comunidad, alerta sobre las tres últimas muertes de ciudadanos en el marco de conflictos sociales, Juan Espinoza Jaimes (47) y Reider Roque Romero (27) en el distrito de Monzón, Huánuco, y Máximo Alejandro González Huamán (36) en Jauja, Junín. En ambos lugares, además, se habla de decenas de heridos.

Lo ocurrido en el valle del Monzón responde a la agresiva política de erradicación del cultivo de hoja de coca, que tiene como principales afectados a los campesinos que viven de esa actividad. La CNDDHH viene insistiendo en que es impostergable asumir la decisión de una política integral para combatir el narcotráfico. No podemos seguir pensando que la situación puede ser resuelta desde operativos militares o policiales. En ese sentido, respaldamos los varios diagnósticos que plantean una estrategia multisectorial para combatir la problemática del narcotráfico y la violencia que conlleva.

En el caso de las protestas en Jauja contra la construcción de un aeropuerto internacional en el distrito cercano de Orcotuna, el conflicto lleva larga data, y se puede hablar de negligencia y de falta de prevención de las autoridades pertinentes, habiéndose tenido que esperar a la represión policial. Es preocupante la denuncia de testigos que afirman que el ciudadano Máximo Alejandro González Huamán, oriundo de Cajamarca, fue lanzando por agentes de la Policía al río, donde murió ahogado.

Estas tres muertes suman ya la lamentable cifra de diecinueve en lo que va del gobierno de Ollanta Humala Tasso como resultado del accionar de las fuerzas del orden en los conflictos sociales. Hacemos un llamado al Ejecutivo para que aproveche la delegación de facultades legislativas recientemente concedida por el Congreso para regular la intervención de las fuerzas del orden de acuerdo a los estándares internacionales en materia de derechos humanos. No deben seguir muriendo peruanos en los conflictos sociales. Exigimos que se investiguen estos casos, se sancione a los responsables y se repare a las víctimas, ya sean familiares o heridos.

Lima, 7 de septiembre del 2012.