Por Rocío Silva Santisteban

Publicado en Kolumna Okupa (Revista Domingo) de La República, 02/09/2012

Unos lo han llamado un papelón internacional, otros sentimos vergüenza ajena frente a la performance del ex procurador Segundo Vitery ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y no precisamente porque defendiera la sentencia indefendible del vocal Villa Stein, sino porque, transgrediendo las normas expresas, presentó una posición muy diferenciada del representante oficial del Estado peruano, que es el procurador del Ministerio de Justicia, Óscar Cubas, incluso lo interrumpió, lo contradijo, y en suma, lo enfrentó en la misma sala en que el Estado requería de una posición unificada de todos sus representantes. Para más inri, el ex procurador, saltando los exigentes procedimientos, pretendió contestar una pregunta que no estaba dirigida a él y el presidente de la sala lo tuvo que callar.

¿Por qué esta conducta errática?, ¿torpeza o torpedeo? Veamos.

Obviamente la posición del Estado, a diferencia de la nuestra como defensores de las víctimas, era mucho más compleja en tanto que el Ministerio de Justicia había presentado una acción de amparo en contra de la sentencia del 20 de Julio emitida por la Sala Penal de Villa Stein, pero a su vez, ante una instancia internacional, el Estado debía presentar una posición homogénea. “Las diferencias las resuelven en casa” como sostuvo enfático el vocal Vio Grossi ante la representación peruana esa misma calurosa mañana. Por eso se requería “hilar fino” para no quedar como esquizoide o bipolar, puesto que la posición del Estado no era una sola. El procurador Cubas no lo estaba haciendo nada mal: al contrario, lo que intentó, como consta en el video, era alargar el tema del cumplimiento de las obligaciones del Estado dando una serie de detalles para no dar mucho tiempo a la revisión del tema de justicia. Era una buena estrategia: ser muy puntual con el asunto de la sentencia y tratar de minimizar las graves diferencias ante ese público específico. Sin embargo, Vitery fue muy rotundo al defender la sentencia, y no contemplar el objetivo específico de un alegato oral unificado. En la réplica, Vitery se exalta, interrumpe y se molesta frente a la actuación más precisa de Cubas. Y durante las preguntas, irrumpe. En otras palabras, la embarra.

El ex procurador Vitery ha declarado al diario Correo: “Yo nunca me voy a arrodillar ni a bajar los pantalones ante las ONG que han ido a la Corte IDH a desprestigiar al Poder Judicial”. De la misma fineza fueron sus argumentos frente a la Corte Interamericana, que es de largo, mucho más ritualizada que nuestro solemne Poder Judicial. Por eso mismo, y porque no era pertinente para el procedimiento de seguimiento de la sentencia, el presidente no permitió que el abogado César Nakazaki, presente en la audiencia, interviniera, porque no se trata de ver el fondo de la causa, sino las exigencias de legalidad y justicia al Estado. La CIDH no es un tribunal de casación: solo revisa si se cumplen con las posibilidades de que el Estado imparta justicia o no.

No obstante, César Nakazaki ha presentado un amicus curiae, es decir, un informe técnico jurídico de 90 páginas en favor de la sentencia de Villa Stein, argumentando que la reducción de penas no viola el Pacto de San José. ¿Por qué el abogado de la defensa de Alberto Fujimori en el caso La Cantuta y de los incriminados en el caso Barrios Altos presentaría este informe y viajaría hasta San José si le habían denegado el uso de la palabra?, ¿había ido a asesorar a alguien? El Dr. Nakazaki, mi ex compañero de aulas, tiene todo el derecho de asesorar a quien considere conveniente, pero el Estado peruano tiene la obligación de ser más coherente.