Por Rocío Silva Santisteban

La Oficina de Conflictos Sociales se convirtió ahora en la Oficina de Diálogo y Sostenibilidad y la ministra de Justicia, Eda Rivas, ha dicho en una audiencia de la CIDH el día de ayer que no se trata solo de un cambio de nombre sino de un cambio de perspectiva. Sin embargo, y a pesar de las buenas intenciones, continúan muchas de sus lógicas para responder autoritariamente a los que protestan contra un modelo de desarrollo que privilegia el extractivismo sobre otras formas de producción, por supuesto, siempre en nombre del progreso y del desarrollo. Eso fue lo que la delegación de la sociedad civil demostró ayer en la audiencia sobre “Protestas Sociales en el Perú” realizada en la CIDH en Washington DC.

Lamentablemente la criminalización de la protesta, la militarización de las zonas de conflicto, el uso letal de la fuerza, las normas que flexibilizan la participación de las Fuerzas Policiales, el hostigamiento judicial contra líderes indígenas (la semana pasada la fiscalía de Bagua pedía cadena perpetua para Santiago Manuin), las 649 denuncias contra diversos defensores de derechos, desdicen de esa propuesta de buena voluntad y de respeto a los derechos humanos. Y por supuesto que esta manera de entender los conflictos va de la mano con una serie de “sentidos comunes” que incluso la nueva Oficina de Diálogo y Sostenibilidad repite en su último informe Willaqniki N.3. En el intento por plantear una comprensión “cultural” del problema se esencializa una compleja realidad en tres tipos culturales (los andinos, los criollos populares y los criollos-cosmopolitas) planteando una especie de horizonte evolutivo de menos a más (aunque los cosmopolitas también podrían ser racistas). Entonces se caracteriza a los andinos como desconfiados, ambiguos, con motivaciones irracionales. Se excluyen las relaciones de los andinos con un Estado históricamente clientelista, autoritario y centralista.

La antropóloga y profesora de la PUCP María Eugenia Ulfe también se extraña de un informe con tanto estereotipo. Dice en el penúltimo boletín de Noticias SER “por un momento pensé que leía un texto clásico de autores indigenistas de inicios del siglo XX y no el informe preparado desde la Presidencia del Consejo de Ministros y publicado en febrero de 2013 […] se representa un Otro que es naturalmente “conflictivo” y enfrentado históricamente a la minería”. De hecho una de las ideas claves del texto son las diversas estrategias “soterradas” de los andinos para “negociar” como si se tratara de individuos ladinos por antonomasia.

En la audiencia que sostuvimos el día de ayer en la CIDH en la cual mencionamos este informe para hablar del “continuum de la violencia”, el procurador supranacional Luis Huerta nos conminó a no comparar la situación actual del Estado peruano con la época de la violencia política.

Obviamente, desde la CNDDHH, sabemos en carne propia de la gran diferencia. Sin embargo, y vuelvo a citar a Ulfe, “[en Willaqniku] no hay una mínima reflexión siquiera a nuestra historia reciente de conflicto armado ni pensar el país de posguerra que somos”. Finalmente Huerta sostuvo que se usan los derechos humanos para defender intereses ideológicos. La verdad que este argumento no se escuchaba en foros internacionales desde la época de Fujimori.

Publicado en Kolumna Okupa del diario La República, 12/03/2013