Por Rocío Silva Santisteban

El colectivo Nadie nos paga, integrado por distintos jóvenes de Lima y que se hizo bastante conocido por su campaña “Estimado Roque”, ahora ha puesto en circulación un video en el que se preguntan por qué la Policía Nacional del Perú –PNP– realiza convenios con empresas extractivas para que contingentes de 100 o más Dinoes resguarden sus instalaciones. En un fragmento del video, uno de los miembros del colectivo se lee el siguiente párrafo: “por medio del presente convenio la PNP se compromete a instalar en el campamento de la empresa minera un servicio de seguridad durante las 24 horas del día…” Luego otro miembro pregunta: “Ciudadano Ollanta Humala Tasso ¿desde cuándo es constitucional que la policía nacional tenga un puesto dentro de una empresa minera y sirva ésta como su agencia de seguridad particular?”.

Tanto Nadie nos paga como Salomón Lerner Ghitis coinciden: ayer en una entrevista en canal 2, el ex premier sostuvo enfáticamente que la policía no debería dedicarse a resguardo de particulares, sino a estar en las actividades que permitan una mayor eficiencia en relación con la seguridad pública. Por eso mismo, sorprende que en Trujillo, Chiclayo o en Cajamarca se produzcan tantos asesinatos de taxistas o casos de robos agravados y asaltos a mano armada cuando cientos de Dinoes y otros miembros de fuerzas de élite de la PNP están acuartelados en Cañariaco o en Conga.

Personalmente me han intervenido oficiales de la PNP cuando he tratado de subir a las lagunas de Conga luego de que nuestra camioneta tuviera que parar ante una tranca puesta en una carretera pública, luego me conminaron a entregarles mi DNI. ¿A razón de qué me puede parar la policía en una carretera si no estoy cometiendo ninguna infracción? La razón que adujeron era de reconocimiento y seguridad porque estábamos en zona de influencia del Proyecto Minero Conga.  ¿Y esa qué clase de excusa es? Cualquier ciudadano puede caminar frente a Palacio de Gobierno y no por eso la policía lo va a parar.

Lo mismo sucedió la semana pasada cuando los ronderos de Bambamarca y Celendín intentaron subir al terreno de 24 hectáreas de la familia Chaupe Acuña: buses, camionetas de la policía, policías en camionetas del Banco Continental – BBVA, policías armados con AKMs, otros con grabadoras de video,  cámaras fotográficas, intentaron impedirles el tránsito, incluyendo a Elmer Campos, quien subió a la zona un año después de que fuera abaleado allí mismo, motivo por el cual hoy se encuentra inválido. No los dejaron pasar y los ronderos tuvieron que cargar en vilo a Campos durante varias horas para que pueda llegar a la zona. ¿Es lícito que una empresa cierre los caminos públicos y no permita desplazarse a un minusválido?

Por último, repito la pregunta que hace otro de los miembros del colectivo: “Ciudadano Raúl Salazar, jefe de la policía, como ud sabe…en Bambamarca, Celendín, 5 personas fueron asesinadas por miembros de las fuerzas del orden con armas de fuego en el marco de las protestas por Conga, ¿quiénes purgan condena o tienen un proceso abierto?”. Como responsables de la parte civil de estos casos, puedo decir con conocimiento de causa, que ni siquiera hay UN proceso abierto.

A la PNP SÍ le pagamos todos los peruanos: terminemos de una buena vez con estos convenios que privatizan una institución pública.

Publicado en Kolumna Okupa del diario La República 05/03/2013