Cromwell Espinoza, alias Carlos Esparza, pero más conocido como motosierra –por  las versiones de testigos que refieren que descuartizaba a sus víctimas– fue finalmente condenado la semana pasada. Paz y Esperanza, con el apoyo y acompañamiento de la CNDDHH, ha llevado el caso y considera que esta condena es un avance para la justicia en el país.

El 12 de julio de 1992, Marcos Torres Aquino observaba el desfile escolar donde su hija, Jenny de entonces seis años, participaba. En esos momentos fue detenido y conducido por efectivos militares a la Base Militar de Aucayacu (en la provincia de Leoncio Prado, departamento de Huánuco). La mujer de Marcos Torres, Dionisia Retis, se dirigió desesperada a la base y el entonces jefe Carlos Esparza –quien en realidad se llama Cromwell Espinoza Sotomayor- le comunicó que su esposo no se encontraba allí, que había escapado por el río, razón por la cual le habían disparado, y que lo podía buscar “por ahí” o que esperase a que llegara a su casa. Desde entonces Marcos Torres está desaparecido.

Esta desaparición fue denunciada en la fiscalía especializada de la Defensoría del Pueblo en Huánuco, y luego tomada en cuenta en las investigaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). Sin embargo, es recién en el 2006 que se inicia una investigación de mayor profundidad, cuando la fiscalía logra dar con la verdadera identidad de Carlos Esparza, denunciándolo y acusándolo finalmente.

En el desarrollo del juicio el acusado admitió ser Carlos Esparza, haber sido el jefe de la Base Militar de Aucayacu el 12 de Julio de 1992 y haber participado y dirigido el desfile escolar de esa fecha, sin embargo negó conocer el caso y haber dispuesto detención alguna. Durante el juicio, no obstante, los testigos establecieron (1) la identidad del acusado, (2) la existencia de Marcos Torres, (3) la presencia de ambos en el desfile del 12/07/1992, (3) la detención de Marcos Torres por los militares, (4) el traslado de la víctima a la base militar, (5) la ausencia de la PNP en el desarrollo del desfile, (6) el control absoluto de la zona por parte de las FFAA, (8) la detención de personas por parte de los militares, (9) la inoperancia de las FFAA para investigar los hechos denunciados y (10) la pérdida gravísima y el impacto familiar que produjo la desaparición de Marcos Torres para su familia. Por todo ello, la Sala integrada por las Doctoras Bendezú, Cano y Benavides emitió una condena, por mayoría, de diez años de cárcel para el acusado, así como el pago de 80 000 nuevos soles a favor de los familiares como indemnización.

Además de ello, los testimonios de los pobladores de Aucayacu señalaron a Carlos Esparza como el más sanguinario de los jefes militares. Toribio Debarbiere brindó el siguiente testimonio al Diario La República el 2006:

«Yo le fui a reclamar por mi hijo de 21 años a la base militar de Aucayacu», dijo Toribio Debarbiere a La República: «Unos desconocidos le pidieron a mi hijo que los llevara a la localidad de Pacae. Allí se bajaron y mataron a balazos a una mujer. Mi hijo regresó a la casa y me contó lo que pasó. A la semana llegó el Ejército, nos amarraron a todos y se llevaron a mi hijo. Lo fuimos a reclamar a la base, le preguntamos a ‘Esparza’ y nos respondió que no había mandado a ninguna patrulla a mi casa. Una semana después, un domingo por la mañana, encontramos su cuerpo en el río Aucayacu, sin manos y sin cabeza. Lo habían cortado con motosierra. Pero no estaba solo el cuerpo de mi hijo. Había otros 20, todos cortados. A mi hijo lo reconocí porque tenía una cicatriz de lo que se había caído de la moto y por la forma de sus pies. Además, llegué a encontrar su cabeza, pero no así sus manos»[1].

Se calcula que existen más de cincuenta denuncias en Tingo María contra Carlos Esparza.

Esta sentencia condenatoria es una muestra de que sí es posible determinar la responsabilidad penal de los perpetradores de crímenes contra los derechos humanos, a pesar de las dificultades probatorias por el paso del tiempo. Los argumentos y criterios en que se sustenta la sentencia deberán de servir de precedente en todos los casos que aún se encuentran en juicio. Consideramos que la sentencia es un buen mensaje para los familiares de las víctimas en tanto evidencia que la justicia puede imponerse, que pueden seguir abrigando esperanzas de que se sancionará, finalmente, a quienes les arrebataron a sus seres queridos.

Dato: La Base Militar de Aucayacu se encontraba bajo el mando del batallón contrasubversivo Los Laureles, que a su vez respondía al frente Huallaga con sede en Tarapoto. La investigación de Los Laureles la lleva el Instituto de Defensa Legal (IDL).

[1] http://www.larepublica.pe/11-09-2006/yo-soy-el-capitan-carlos-esparza