El Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, reportó alrededor de 69 mil personas desaparecidas en el contexto de la violencia política acontecida en el periodo 1980-2000 en nuestro país. Estableció además que durante los años 1988 a 1993, la desaparición forzada fue uno de los mecanismos de la lucha contrasubversiva empleada en forma sistemática por los agentes del Estado.
Dicho informe nos detalla además que el 60% de las desapariciones forzadas perpetradas estuvieron a cargo de las Fuerzas Armadas, información que puede ser contrastada con lo señalado por la Defensoría del Pueblo que en su Informe sobre Desapariciones Forzadas (2002) le atribuye el 80% de responsabilidad a las Fuerzas Armadas.
Datos adicionales como que la población campesina representaba el 50% de las víctimas de desaparición forzada, y que el perfil de las víctimas fatales por los agentes del Estado eran personas relativamente más jóvenes y educadas que el resto de sus comunidades, nos enrostran la real dimensión de este grave crimen y claro está la gran impunidad en torno a ella.
Grave impunidad que se vio reflejada ante la indiferencia por parte no solo del Ministerio Público y del Poder Judicial llamados a investigar y sancionar estos hechos que en muchos casos obstaculizaron estos procesos, sino también del Congreso de la República, que pese a recibir un gran número de denuncias no promovió la creación de una comisión dedicada a investigar esta práctica de desaparición forzada.
La desaparición forzada de personas como sabemos fue uno de los mecanismos utilizados dentro de la lucha contrasubversiva, que tenía como finalidad la eliminación de los miembros, simpatizantes o colaboradores de las organizaciones subversivas, entre los cuales figura también la ejecución extrajudicial directa de estas personas.
Toda esta información alarmante pero a la vez invisibilizada por el común de los peruanos, nos permite años después preguntarnos qué se ha hecho, en qué se ha avanzado o qué se ha dejado de hacer respecto de los desaparecidos en nuestro país.
Podemos empezar recordando que una de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación fue la implementación de un Plan de Investigación Antropológico Forense (PNIAF), mediante el cual se pretendía establecer una política integral de búsqueda de personas desaparecidas, identificando sitios de entierro (fosas comunes), identificar a las víctimas de la desaparición forzada para posteriormente lograr la judicialización de violaciones de derechos humanos y finalmente la tan esperada reconciliación.
Sin embargo, hacer frente a la problemática de la desaparición forzada de personas en nuestro país, involucra una serie de supuestos que van desde la ubicación de sitios de entierro para luego proceder a las exhumaciones correspondientes, hasta el involucramiento en un fuerte trabajo de contenido humanitario, en el cual se tiene que tener en cuenta no solo la posibilidad de identificar los restos sino también como se engarza esa realidad con el luto de las familias que están esperando hace ya varios años, saber el paradero de sus familiares y darles finalmente cristiana sepultura.
Podemos advertir que si bien el Ministerio Publico ha tenido la responsabilidad de dirigir y concretar el plan nacional de exhumaciones con el previo trabajo realizado por la CVR, este si bien ha venido avanzando aun no ha conseguido los resultados esperados, pues si bien se tiene un gran número de restos recuperados, el proceso de identificación de estos aun es muy lento debido no solo a falta de recursos económicos y humanos, sino también al conflicto que surge entre la posibilidad de la entrega inmediata de los restos a los familiares por causas humanitarias y el proceso de búsqueda de justicia a través de los casos de judicialización de este grave crimen.
Ante la disyuntiva trascendente de elegir entre entregar los restos a los familiares para soliviantar el dolor del desconocimiento del paradero de su familiar y esperar a que un juicio termine y se logre la justicia van a ver siempre puntos en contra y a favor, pero lo que debemos buscar son soluciones y lograr consensos para beneficiar a todos.
Uno de esos esfuerzos que merece ser resaltado se viene dando desde los trabajos interdisciplinarios en el colectivo de organizaciones de derechos humanos y del Estado a través de la “Mesa de Trabajo sobre Procesos de Búsqueda de Personas Desaparecidas” quienes vienen impulsando una propuesta de política pública nacional destinada entre otros aspectos a aliviar el sufrimiento de los familiares de las personas desaparecidas durante el conflicto armado interno 1980-2000, a través de las investigaciones forenses y el acompañamiento psicosocial trascendente para hacer frente a esta tragedia social.
Dentro de los importantes avances de esta Mesa, está el impulso y la validación del «Consenso mundial de principios y normas mínimas sobre trabajo psicosocial en procesos de búsqueda e investigaciones forenses para casos de desapariciones forzadas, ejecuciones arbitrarias o extrajudiciales».
Dicho documento incorpora una perspectiva restaurativa en la búsqueda de personas desaparecidas y aspira a impactar en la normativa internacional y nacional. El documento además establece un código de conducta o de buenas prácticas que regula la conducta de las instituciones intergubernamentales, gubernamentales o no gubernamentales vinculadas a estos procesos (léase Ministerio Público, Instituto de Medicina Legal, Poder Judicial, Organizaciones de derechos humanos y víctimas, Cruz Roja Internacional, entre otros)
Dicha Mesa Interinstitucional, ha continuado decididamente su trabajo y atendiendo a la solicitud de la Dirección Nacional de Salud Mental y Cultura de Paz del Ministerio de Salud, elaboró el borrador del que ahora es el Documento Técnico del Ministerio de Salud: “Lineamientos sobre acompañamiento psicosocial en procesos de búsqueda de personas desaparecidas en casos de graves violaciones de los derechos fundamentales”, aprobado en abril de 2012 y que regula la actuación del personal de salud a nivel nacional para la atención de los familiares de las personas desaparecidas.
La Mesa ha continuado trabajando en apoyo a las instituciones del Estado, es así que uno de sus últimos productos ha sido lograr un consenso sobre la política pública que debería implementarse en el país para atender de manera integral todas las dimensiones del problema, y que, según la propuesta, tendría que centrarse en la búsqueda forense, el acompañamiento psicosocial y la atención de las necesidades logísticas de los familiares para su participación durante el proceso de búsqueda y para asegurar el entierro digno de los restos mortales de sus seres queridos.
Esperamos desde ya que la labor de esta importante Mesa se fortalezca, pues existen muchas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, que están interesadas en promover la búsqueda de personas desaparecidas y reconocer la gran labor que vienen desempeñando es lo menos que podemos hacer.
Hayley Reyna Hidalgo*
* Miembro del Área Legal de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Abogada por la PUCP y Magíster en Derechos Humanos por la PUCP.
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