Para el Instituto de Defensa Legal (IDL) el Estado de Derecho proporciona a los elementos de Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas los instrumentos legales para combatir el crimen y los hechos violentos, y determina que ambos pueden hacer uso de sus armas de reglamento con la finalidad de cumplir esa fundamental misión; y, para ello, en el Código Penal se consagra que los elementos policiales y militares que hagan uso reglamentariamente de aquellos instrumentos están, como corresponde, exentos de cualquier responsabilidad penal.

Por ello, resulta muy cuestionable la reciente aprobación del Proyecto de Ley en el Congreso de la República que modifica el inciso 11) del artículo 20º del Código Penal, por el cual se elimina esa referencia al uso reglamentario de las armas de fuego como mecanismo eximente de responsabilidad penal.

La norma del Código Penal aún vigente exige que el uso de las armas sea “…en forma reglamentaria…”, lo cual excluye de manera categórica el uso arbitrario y determina que solo el uso reglamentario determina la no persecución penal. El hecho es que sin mayor fundamento el Congreso acaba de eliminar esa referencia al uso reglamentario y en la nueva redacción postula que están exentos de responsabilidad penal “El personal de las FFAA y de la PNP que en cumplimiento de su deber y en uso de sus armas de fuego u otro medio de defensa causen lesiones o muerte”.

La nueva redacción deja abierta por completo la posibilidad de que situaciones de uso de armas de fuego por fuera de los reglamentos de la PNP y de las FFAA, que en un escenario de conflicto social sin mayor problema pueden ser situaciones por fuera de la ley o abiertamente ilícitas, que a partir de la fecha queden exentas de toda responsabilidad.

Durante este gobierno se han producido más de dos docenas de muertos como consecuencia de la represión policial y, por lo tanto, en ese escenario una norma de estas características puede terminar significando una carta abierta al uso abusivo de las armas de fuego por parte de los elementos de la PNP y de las FFAA.

Una sociedad democrática debe fortalecer el rol de la justicia cuando se cometen delitos de cualquier naturaleza, pero con mucha mayor razón cuando los delitos los cometen aquellos llamados a hacer cumplir la ley.

La necesidad de que el rol de protección de los derechos y persecución de los delitos que le corresponde a las fuerzas de seguridad se fortalezca en una sociedad democrática exige que el Presidente Ollanta Humala observe la autógrafa. La ley no puede convertirse en la puerta de escape para dejar en la impunidad hechos cometidos contra ella misma.

IDL