Por Hayley Reyna Hidalgo*, vía Consulta Previa.

Durante las últimas semanas hemos sido testigos de una serie de argumentos que evidencian no solo la inconstitucionalidad de la ley de servicio militar y su reglamento, no solo por su carácter discriminatorio sino porque afecta el ejercicio de las libertades básicas de los jóvenes llamados a enrolarse “voluntariamente” a las Fuerzas Armadas.

Aspectos tan cuestionados como la exoneración de prestar servicio militar en las fuerzas armadas previo pago de una multa de 1850 soles, o el privilegio de «librarte» del deber de servir a la patria solo si eres un estudiante de universidad, o eres padre de familia, o vives en el extranjero entre otros supuestos de excepción no hacen sino reforzar los argumentos en contra de su cumplimiento.

El objeto de la cuestionada norma era el reclutamiento de personal en las fuerzas armadas debido a la poca convocatoria de aspirantes voluntarios, motivo por el cual no se tuvo mejor idea que realizar las modificaciones antes mencionadas para lograr finalmente llegar al número requerido de reclutas.

Considero que no se ha atacado el problema real y sistémico del servicio militar, el cual es determinar el por qué los jóvenes no se sienten incentivados a prestar servicio militar y voluntario.

La Defensoría del Pueblo, ya nos ha dado algunas respuestas al respecto, en un Informe denominado “Propuestas para el mejoramiento del servicio militar voluntario», en donde se identifican los problemas dentro del sistema de servicio militar voluntario, entre las que destacan: el incumplimiento de derechos y beneficios, reclutamiento indebido, afectaciones a la integridad, entre otros.

Quisiera detenerme en uno de los problemas que a mi criterio es uno de los más preocupantes en cuanto al servicio militar se refiere, y es el problema de las afectaciones a la integridad personal (física y psicológica) de los reclutas, pues se ha instituido de manera perniciosa el castigo corporal y psicológico dentro de los cuarteles de manera recurrente y naturalizada que va de los más antiguos hacia los nuevos, o de los superiores hacia los inferiores, todo bajo el mal concepto de jerarquía entre los miembros de las Fuerzas Armadas.

A manera de ejemplo quisiera comentarles que debido al trabajo que desempeñamos en la defensa de los derechos humanos hemos tenido la oportunidad de encontrarnos con una historia desgarradora de un joven de 18 años que llamaremos Pedro, quien se enroló al Ejército Peruano, con el interés de aprender algún trabajo técnico para que le sirva en el futuro, sin embargo, él señala que desde el inicio de su estadía en el cuartel fue víctima de actos que configuraban tortura, a las dos semanas de estadía en el cuartel, el señala que fue dopado presumiblemente en la comida para posteriormente ser abusado sexualmente aprovechando su estado de inconsciencia. Pedro hasta ahora no obtiene justicia, ya han pasado 2 años de investigación preliminar y aun no se ha logrado identificar a los responsables.

Pedro señala que lo que más le duele es que no le crean y que además los miembros del ejército nieguen lo que le pasó. Como es evidente, este joven ha quedado marcado no solo físicamente sino también psicológicamente, y ello ha repercutido en su desempeño laboral, emocional, social, etc.

Pero este caso no es un caso aislado hace poco fuimos testigos de la denuncia de un ex cadete de la Marina que sufrió torturas dentro de la Escuela Naval, presumiblemente porque cuestionó los pagos que tuvo que realizar  para adquirir  productos que no representaban el monto desembolsado.

La pregunta es ¿hasta cuándo vamos a seguir escuchando casos como los de Pedro? ¿Hasta cuándo los reclutas por temor a represalias por parte de sus superiores, no denuncian estos actos de tortura, tocamientos indebidos, violaciones, malos tratos? ¿Hasta cuándo vamos a seguir inertes ante esta realidad que nos enrostra y que todos sabemos que existe y no hacemos nada al respecto.

El Ministerio de Defensa tiene mucho trabajo por delante, no solo en el aspecto normativo, sino que deberá  empezar a ver más allá de la ausencia de reclutas y su cuestionada solución, sino que también y sobretodo deberá empezar a preguntarse el por qué esta ausencia de reclutas voluntarios, y los problemas graves en torno al servicio militar que hemos esbozado líneas arriba.

*Hayley Reyna Hidalgo es miembro del Área Legal de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Abogada por la PUPC y Magíster en Derechos Humanos por la PUCP.