Por Rocío Silva Santisteban

Hace poco Beatriz Merino me comentaba las increíbles dificultades que implicó trasladarse a Bagua inmediatamente después de los hechos del 5 de junio del 2009 y, sobre todo, asumir la representación de una institución que debería garantizar la defensa de los derechos humanos de todos: policías que fueron masacrados y sus familiares que clamaban por sus cuerpos, indígenas que cayeron en la primera línea de fuego, apus que también fueron disparados a boca de jarro y heridos de balas de fusil, y un pueblo que se debatía entre la sorpresa, la rabia y la indignación. Ella tenía que asistir a una reunión de ombudsman en Suiza para recibir un premio en representación de la Defensoría del Pueblo del Perú, pero por supuesto, todo eso tenía que obviarse ante la urgencia de una situación que retrató a sangre y fuego la realidad de una población ninguneada desde siempre. Es así que la defensa de los pueblos indígenas ha tenido un protagonismo especial durante los últimos años de esta importante institución del Estado.

He conocido la labor de representantes de la Defensoría del Pueblo de provincia que han demostrado entrega, valentía y, sobre todo, empatía con sus representados. Me refiero, por ejemplo, a la valiente actuación de Julio Hidalgo, de la DP de Chiclayo, en los diversos conflictos de la zona de Cañaris y Marayhuaca; o la simpatía de Pier Paolo Marzo, en Huánuco, siempre listo a apoyar a quienes requieren de reparaciones; la valentía de Genoveva Gómez, en Cajamarca, quien fue golpeada por un grupo de policías en la 1ª Comisaría, en junio del 2012, cuando en pleno conflicto de Conga fue a defender a ronderos y estudiantes que se encontraban en Seguridad del Estado; el aplomo y la seguridad de Rolando Luque, adjunto para Conflictos Sociales, al defender con argumentos y data el importante informe que entregan todos los meses; la firmeza de Gisella Vignolo durante los diferentes encuentros con miembros del Ejecutivo para defender sus fueros. Por supuesto, también admiro la tranquilidad y bonhomía de Eduardo Vega, defensor interino, para centrar sus batallas en espacios de avance y de lucha con un gran tino y así escoger los pasos a seguir en sus reclamos.

Por eso mismo, por lo que significa y ha significado esta esencial institución de defensa de los más débiles en nuestro país, considero que se debe hacer lo posible y lo imposible por mantenerla lo suficientemente alejada de los acomodos partidarios como para que siga siendo el pívot de un gobierno que requiere de fiscalización y monitoreos ciudadanos permanentes. La presencia de Pilar Freitas como lideresa de esta institución, más allá de los cuestionamientos que se le han hecho por su participación en la Fundación Canevaro o por su actuación como procuradora del Estado Peruano, va a ensombrecer a la propia defensoría por su carga político partidaria. Se ha debido escoger a una persona no por pertenecer a un partido político que, además, atraviesa una crisis de legitimidad, sino por su trayectoria jurídica como defensora de los derechos humanos de las personas menos favorecidas en este país. ¿Acaso es posible que Freitas olvide su filiación partidaria y siga trabajando con Pier Paolo Marzo, Julio Hidalgo, Rolando Luque o con Gisella Vignolo, todos funcionarios de carrera de la DdelP?

Espero equivocarme, ¡ojalá me equivoque!, pero todo parece indicar que este Congreso decretará el final de la objetividad de una institución que le pertenece al pueblo por derecho propio.

Publicado en el diario La República, martes 16/07/2013