Por Hayley Reyna Hidalgo*, vía Consulta Previa.

El pasado 4 de julio, Kenllu Sifuentes (22) fue la última víctima de muerte reportada en el marco de un conflicto social (léase manifestación, protesta, marcha) acontecido en nuestro país. Lo paradójico es que Kenllu hace exactamente 10 años, fue víctima de una bala perdida, que le causó graves secuelas, cuando manifestantes eran reprimidos en el paro agrario organizado en la zona de Barranca-Supe, y lamentablemente se ha ido sin obtener justicia ni reparación.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, viene sistematizando el número de víctimas en el contexto de conflicto sociales en nuestro país, y nos detalla las siguientes cifras: 12 muertos durante el gobierno de Alejandro Toledo, 67 durante el segundo gobierno de Alan García y  27 muertos durante el gobierno Ollanta Humala Tasso.

La Defensoría del Pueblo[1] ya ha esbozado tres de los problemas más evidentes en torno a la operatividad policial en materia de violencia en conflictos sociales, y señala de manera clara que uno de los problemas radica en  la ausencia de normativa en violencia de conflictos sociales basados en los estándares internacionales sobre uso de la fuerza, ni tampoco en concordancia con estándares y enfoque de derechos humanos.

El segundo problema evidenciado, es la falta de experiencia de los efectivos policiales en el manejo de conflictos, que sin duda, contribuye a un manejo muchas veces empírico que no toma en cuenta criterios como los de razonabilidad, proporcionalidad y concordancia con los estándares en materia de derechos humanos y uso de la fuerza.

La tercera cuestión fundamental, es la falta de equipamiento  adecuado para afrontar desde el Estado a través de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, una situación de conflictividad social, pues la falta de equipamiento de armas no letales y equipos antimotines, sin duda contribuye a que la represión de las protestas en muchos casos sea desproporcionada y sobretodo vaya sumando más víctimas de muerte.

Este grave problema, denota sin duda, la ausencia de una política de estado, no solo destinada a prevenir los conflictos, sino también la ausencia evidente de una política destinada a manejar de manera eficiente, adecuada, proporcional y conforme a los estándares internacionales el uso de la fuerza en contextos o escenarios de conflictos sociales.

Esta afirmación toma sentido cuando observamos el resultado de las operaciones policiales (con o sin el apoyo del Ejército peruano) en los hechos acontecidos en Cajamarca, Espinar, Huancavelica, Barranca  y otros.

En estos casos, se han evidenciado graves lesiones, pérdida de órganos, paraplejías y muertes de manifestantes, todas a causa de proyectiles de arma de fuego y perdigones.

Evidentemente, los efectivos policiales argumentan, excesivo número de manifestantes imposibles de contener, pero también evidencian ausencia de equipamiento antimotín, evidencian ausencia de mecanismos de solución y manejo de los conflictos y en suma evidencian desorganización y falta de planificación adecuada que permita afrontar de manera adecuada  la disuasión de manifestantes sin causar lesiones ni muertes.

Es por ello, que es importante exhortar al Estado peruano, a que no solo implemente políticas de Estado destinadas a prevenir conflictos y transformarlos, sino que también se implemente políticas que permitan a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, actuar de manera coordinada, con equipamiento adecuado y capacitación técnica constante frente a escenarios de conflictos sociales,  con la finalidad de no seguir sumando más víctimas de lesiones y muertes en estos contextos.

*Hayley Reyna Hidalgo es miembro del Área Legal de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Abogada por la PUPC y Magíster en Derechos Humanos por la PUCP.

[1] Ver Informe Defensorial Nº 156.

http://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/informes/defensoriales/informe-156.pdf