Por Rocío Silva Santisteban

Hay algo que debe quedarnos claro a los diez años de la entrega del Informe Final de la CVR: todo el proceso de la comisión ha implicado un antes y un después en la visión de los derechos humanos en nuestro país. Es con la CVR que el tema de los derechos humanos es recogido por el Estado peruano para acercarse a la justicia y al conocimiento de los hechos reales que acontecieron entre 1980 y el año 2000 a través de una intensa y compleja metodología etnográfica que recogió información en los lugares más alejados.

Este proceso implicó un gran esfuerzo por reconocer a los “ninguneados del Perú”, como los llamaba José María Arguedas, a los desaparecidos negados, a las madres que buscaron a sus hijos y que en su búsqueda fueron violadas por los mismos policías o soldados; o a los niños indígenas que fueron masacrados por los senderistas para callarles la boca y así evitar que los delaten durante las famosas “retiradas”. Este esfuerzo tuvo como eje ampliar los límites de la nación y de esta manera reconocer a los que no disfrutan plenamente del derecho de ser peruanos.

Hay quien sostiene que la CVR no ha tenido un posicionamiento positivo en la opinión pública: si tenemos en consideración las judicializaciones, las reparaciones individuales y colectivas, los trabajos de memoria local y regional; así como la propia vigencia del concepto “derechos humanos” en lugares tan apartados como Putis o Lucanamarca, esta ha sido tremendamente efectiva. Sin duda el propio proceso de la CVR, su informe, sus datos recogidos por centenares de voluntarios, los 16.917 testimonios, los 13.696 casetes de audio, los más de mil videos, cientos de CDs y las 13 mil fotografías, además de otros documentos, lograron lo que en ese tema nunca se logró antes en nuestro país: que hablen todas las voces en conflicto formando un conjunto polifónico —no coral, sino de voces tensionadas, discordantes, en conflicto— que conforman la heterogénea memoria histórica del Perú.

La CVR ha sido fundamental para procesos judiciales contra Fujimori, Montesinos, Hermoza Ríos, Abimael Guzmán, Osmán Morote y los otros corruptos y asesinos debido a la claridad de los argumentos y hechos de sus casos emblemáticos como Barrios Altos, La Cantuta o Soras.

La comisión ha permitido un cambio en relación con la mirada de la propia impunidad en violaciones de derechos humanos. Para el Perú como nación ha sido fundamental que una instancia del Estado haya asumido por primera vez en nuestra historia que la voz de los ninguneados, de los subalternos, de los alejados, deba ser escuchada. Y esa escucha no se ha dado para percibir conmiseración por los miserables, sino para entender la alteridad de todos aquellos que vivieron en carne propia la violencia con el claro objetivo de que no volvamos a repetirla.

Por todo esto, espero que la solidaridad de los peruanos, así como su indignación contra el olvido, se puedan demostrar con una gran movilización este 28 de agosto a las 3 p.m. desde “El ojo que llora” hasta la Plaza San Martín. Los familiares merecen sentirse acompañados por los gremios, los colectivos, los jóvenes, los artistas, las diversas organizaciones de la sociedad civil que los apoyen no por misericordia sino para alzar nuestra voz y clamar porque nunca más en nuestro país una madre tenga que buscar a su hija violada, torturada, asesinada y desaparecida.

Públicado en el diario La República, martes 20/08/2013