La Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) expresó su indignación ante la resolución emitida por el Tribunal Constitucional donde determinó que la matanza ocurrida en el penal “El Frontón” durante el primer gobierno de Alan García, no es un delito de lesa humanidad y que estos hechos pueden prescribir.

En dicha resolución señalan que “el hecho no puede ser entendido como un ataque generalizado y sistemático contra la población civil, punto fundamental para calificar lo ocurrido como crimen de lesa humanidad. Del mismo modo, el Tribunal Constitucional ha señalado que los hechos deben prescribir al término del proceso penal.

Ante esto, la doctora Gloria Cano, Directora de APRODEH, indicó que “si bien los magistrados pueden considerar que no es un delito de lesa humanidad, no se puede negar que es una grave violación a los derechos humanos, por lo tanto, no prescribe. En ese sentido, el TC  desconoce con su resolución que son inadmisibles los obstáculos procesales como la amnistía, la cosa juzgada, la prescripción y cualquier otra forma que impida el procesamiento de los hechos de tal naturaleza, de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de derechos humanos»

Entre las irregularidades de la sentencia, el Tribunal Constitucional indebidamente entró a valoraciones probatorias, se pronunció sobre hechos que son materia del proceso penal «el objetivo de la  intervención no constituía eliminar  o ejecutar a tales internos, sino  el debelamiento de un motín», hecho que aun es objeto de probanza en el proceso. Así mismo, el Tc llega a señalado que  «no es posible afirmar que en esos años las ejecuciones extrajudiciales hayan sido una práctica común  por parte del estado , por lo que  en el caso no hay elementos para determinar que respondió a un practica estatal”.

Esto  al igual que lo anterior, debe ser valorado con las pruebas  discutidas en el proceso oral,  facultad  del Poder Judicial no del TC, quien también olvida que en esa misma fecha se llevo a cabo   ejecuciones similares en el penal de Lurigancho y Santa Barbará,  y que en  esos años  se llevaron a cabo  diversas formas de violación a los derechos humanos, como  la desaparición forzada de cientos de personas como las de Ludomilia Aras Vela Patiño , de los campesinos en la comunidad de Matero,  el dirigente gremial Teófilo Rimac Capcha,  también de la detención y tortura de  los campesinos,  Juan Rivera Alarcón,  Luis Víctor y Benigno Mendivil Rojas, Ercilio Rojas Ochoa  Moises Echaccaya Gamboa   y del profesor Marino Soca Alzamora, casos de responsabilidad del Estado peruano como lo ha  señalado  la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en un informes de fondo, todas ocurridas en el año 1986. Así mismo el TC pretende ignorar la desaparición del estudiante Walter Castillo Cisneros, las ejecuciones y desapariciones en la localidad de Checcasa, Cayara, las ejecutadas por el autodenominado Comando Rodrigo Franco entre otros.

Es evidente que esta sentencia tiene por objetivo librar de  un probable futuro proceso contra quienes puedan resultar responsables  de las órdenes impartidas para las acciones de dicha matanza (El Frontón). Por ello, en el considerando 68  señala que el proceso debe  continuar contra los marinos  que vienen afrontando un proceso  judicial, pero  no cabría,  según el TC la posibilidad de instaurar un procedimiento contra los autores,  temiendo  que a las resultas del proceso se evidencia la responsabilidad de autores intelectuales. A este respecto Cano señaló que “el TC no puede limitar la facultad del Ministerio Público, ni del poder judicial de procesar y sancionar a quienes resulten responsables de tan execrable hecho.

Cabe resaltar la posición de los magistrados  Eto y  Urviola Hani quienes se manifestaron en contra de este  indignante fallo  señalando ,“… no puede utilizarse la prescripción de la acción penal para avalar situaciones de impunidad generadas desde el propio Estado (…)  En tal sentido, no puede ser utilizada con la finalidad de encubrir graves actos delictivos que deben ser investigados (…)

Por ello,  Cano indicó que se acudirá a instancias internacionales a efecto de denunciar la acción de flagrante encubrimiento.