Mañana se decide acusación en contra de Óscar Mollohuanca
Preocupante situación de criminalización de la protesta en Espinar
Este sábado 28 de septiembre se llevará a cabo la audiencia en la que se decidirá si procede la acusación en contra del Alcalde de Espinar, Óscar Mollohuanca Cruz, a quien se le atribuye la autoría mediata de los hechos de violencia durante las protestas producidas entre el 21 y el 30 de mayo del 2012. El fiscal está solicitando 10 años de prisión para el Alcalde por estos hechos.
La acusación también comprende a otras siete personas, entre las que se encuentra el Vicepresidente del Frente de Defensa de Espinar, Sergio Huamaní Hilario, cuatro miembros de serenazgo involucrados en las movilizaciones, y al defensor de derechos humanos Romualdo Ttito Pinto, trabajador de la Vicaría de Sicuani. Tanto a los efectivos de serenazgo como al defensor Ttito se les acusó irregularmente de transportar armamento de distinto tipo, incluidas bombas molotov.
El caso del defensor Romualdo Ttito resulta particularmente preocupante, dado que fue detenido en las inmediaciones del campamento minero que servía como un centro de reclusión ilegal, y su presencia tenía por objetivo velar por el respeto de los derechos de las personas detenidas en su interior. En ese contexto, Ttito, junto con el también trabajador de la Vicaría de Sicuani Jaime Borda, fue detenido con pleno conocimiento de que estaba actuando en defensa de los derechos humanos, recluido ilegalmente, y torturado.
Recordemos que el conflicto en Espinar, en mayo del 2012, estalló al romperse las negociaciones entre la población y la empresa minera Xtrata Tintaya en el contexto de renegociación del Convenio Marco. En total, el conflicto dejó dos muertos, los ciudadanos Walter Sencia Ancca y Rudecindo Manuelo Puma, y un número mayor a 50 heridos, entre policías y civiles. Además provocó la detención del Alcalde provincial Óscar Mollohuanca y de varios defensores de Derechos Humanos de la Vicaría de Sicuani.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos es un colectivo de 81 instituciones que en todo el Perú trabajan en la promoción y defensa de los derechos fundamentales.