Por Rocío Silva Santisteban

“El Tribunal Constitucional ha emitido una sentencia arbitraria” es lo que afirma, no un ciudadano de a pie, sino un pronunciamiento de la Corte Suprema publicado en varios diarios de circulación nacional este domingo. En un fragmento del acápite y en lo que dentro de los marcos judiciales se podría sostener como un golpe directo a la quijada, la Corte Suprema sostiene: “el TC no ofrece ninguna argumentación seria ni jurídica […] la  nulidad impuesta por el TC es a todas luces inconsistente”. Knock out.

Pero, ¿solo una sentencia arbitraria y nada más? Desde los organismos de derechos humanos podemos afirmar que son muchas más y que el Tribunal Constitucional, con la mayoría de sus jueces excedidos en mucho sobre el plazo de sus cargos (Vergara Botelli lleva 3 años y 9 meses “de más”), se está dedicando a vaciar de contenido su propia investidura. Tanto Carlos Rivera, desde su columna de opinión de Justicia Viva, como Ronald Gamarra desde Hildebrandt en sus trece, han desplegado argumentos de hecho y de derecho que muestran lo que Rivera denomina irónicamente como “la bancada aprista del TC” blindando a Alan García y a Luis Giampietri con la última sentencia sobre El Frontón. No olvidemos que también “esta bancada” ha dado una sentencia que obliga al CNM a elegir entre dos candidatos a fiscales supremos que, como se imaginarán, son leales seguidores de Peláez Bardales. ¿La vida sigue igual?

Junto con estos productos de la prolongación por inercia de sus cargos, los magistrados del TC están esperando pasar al voto varios casos trascendentales como la acción de amparo contra el Proyecto Minero Conga y la acción contra el Dec Leg 1095, entre múltiples amparos, hábeas corpus y demás recursos.

La pregunta para los ciudadanos que salimos durante las diversas marchas contra la repartija es si vamos a continuar cruzados de brazos o a tomar de nuevo a este tremendo toro por las astas. Eso significa, por supuesto, exigirle a este congreso que de una buena vez implemente un protocolo para “invitar” a candidatos para formar la terna del BCR, el sexteto del Tribunal Constitucional y votar por el Defensor o Defensora del Pueblo. Hay dos propuestas, una de Transparencia y otra del IDL, que plantean mecanismos concretos para sacar adelante la renovación de estas imprescindibles instituciones del Estado sin que se vuelva a repetir esa vergonzosa repartija.

Es hora de que el Congreso de la República realice una acción que lo dignifique de cara a la población, que está harta de su inoperancia pero que a su vez cree en la institucionalidad. Tanto los congresistas como el Ejecutivo tienen que saber que los ciudadanos no estamos ni dormidos ni narcotizados ni apáticos ni desmovilizados. Y que tampoco nos gustan las mecidas.

Publicado en el diario La República, martes 08/10/2013