La CIDH concluyó su 149º Período de Sesiones celebrado del 24 de octubre al 8 de noviembre de 2013. Compartimos parte del comunicado de la CIDH publicado hoy, referente a la situación de los pueblos indígenas.

La CIDH también expresó su profunda preocupación por el desconocimiento generalizado de los derechos territoriales de los pueblos indígenas en el continente y reiteró el llamado a los Estados al cumplimiento de su obligación de consultar y en su caso, obtener el consentimiento de los pueblos indígenas en las decisiones relativas a cualquier medida que los afecte, de modo previo, libre e informado.

COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
Anexo al Comunicado de Prensa CIDH culmina el 149 Período de Sesiones

Situación de los pueblos indígenas

En las audiencias realizadas durante el 149° periodo de sesiones, la CIDH continuó recibiendo información preocupante sobre la situación de derechos humanos de los pueblos indígenas en distintos países de la región, vinculada principalmente a la persistente amenaza e impacto de planes y proyectos de desarrollo e inversión y de concesiones extractivas de recursos naturales en sus territorios ancestrales; la persecución, estigmatización y criminalización de autoridades ancestrales, líderes y lideresas indígenas por motivos vinculados a la defensa de sus territorios; la falta de implementación de medidas efectivas para la protección de pueblos indígenas en aislamiento voluntario en Perú; y el impacto del conflicto armado en los pueblos indígenas en Colombia y su situación en el contexto del proceso de paz.

La CIDH recibió información por parte de representantes de pueblos indígenas de Honduras, Ecuador y Colombia sobre el impacto de planes y proyectos de desarrollo, inversión y explotación de recursos naturales en el goce efectivo de sus derechos sobre la tierra, el territorio y los recursos naturales. De acuerdo a pronunciamientos de dirigentes y organizaciones indígenas ante la CIDH, planes y proyectos -tales como concesiones mineras, explotación petrolera, represas hidroeléctricas, inversiones en turismo, explotación maderera o establecimiento de áreas protegidas- se vienen programando e implementando sin la realización de una consulta previa, libre e informada. En palabras de una autoridad indígena de la Nacionalidad Sapara del Ecuador, “No estamos viviendo en paz. Nos están causando impacto muy negativo”. Según dieron a conocer a la Comisión, entre los efectos que tienen estos proyectos se cuentan la degradación medioambiental profunda, la destrucción del territorio ancestral, el desplazamiento de comunidades enteras, la irrupción de actores no indígenas en los territorios, la afectación de las estructuras de organización social y en última instancia, la extinción física y cultural de los pueblos respectivos.

La CIDH expresa su profunda preocupación por el desconocimiento generalizado de los derechos territoriales de los pueblos indígenas en el continente, a pesar de la existencia de estándares interamericanos que indican la obligación de los Estados miembros de la OEA de velar por el respeto y garantía de los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales. En particular, la CIDH reitera el llamado hecho a los Estados al cumplimiento efectivo de su obligación de consultar y en su caso, obtener el consentimiento de los pueblos indígenas en las decisiones relativas a cualquier medida que los afecte, de modo previo, libre e informado, mediante procesos de buena fe y culturalmente adecuados, siguiendo los estándares establecidos por los órganos del sistema interamericano.

Igualmente, es de suma preocupación para la CIDH observar que representantes de diversos pueblos indígenas en las audiencias ante la Comisión coincidieron en denunciar la existencia de una estrategia de persecución, estigmatización y criminalización de líderes y lideresas indígenas, dirigida a silenciar y amedrentar la defensa de sus derechos sobre la tierra, el territorio y los recursos naturales. Así por ejemplo, la CIDH recibió información sobre el aumento significativo en los últimos años de los asesinatos e intentos de asesinatos de líderes y lideresas indígenas en Brasil como represalia a la lucha por la protección de sus territorios ancestrales. Asimismo, se informó el asesinato de tres dirigentes de la comunidad San Francisco de Locomapa en Honduras por parte de personas armadas al servicio de una empresa; así como el desplazamiento de ocho dirigentes indígenas por el temor a ser víctimas de actos de violencia similares y amenazas contra su vida. Se informó además sobre la condena a 40 años de prisión de cuatro dirigentes indígenas y el dictado de órdenes de captura contra otros diez, pertenecientes a las 12 comunidades maya kaqchikel de San Juan Sacatepequez en Guatemala que se oponen a las actividades de una empresa cementera.

Como ha señalado la Comisión, las agresiones, ataques y hostigamientos en contra de dirigentes indígenas, a la vez que alteran gravemente la integridad cultural, suponen el rompimiento de la cohesión del pueblo y comunidad en torno a la defensa de sus derechos. En virtud a ello, la CIDH insta a los Estados miembros a adoptar medidas protectivas especiales y diferenciadas para prevenir las agresiones y hostigamientos en contra de líderes, lideresas y personas indígenas. Asimismo, la CIDH exhorta a los Estados a la promoción de acciones y medidas necesarias para actuar con la debida diligencia al investigar estas denuncias, sancionar a los responsables y reparar a las víctimas.

Asimismo, la Comisión recibió información preocupante sobre la situación de pueblos indígenas en asilamiento voluntario en Perú, cuyos territorios ancestrales estarían siendo amenazados por el otorgamiento e implementación de concesiones extractivas de recursos naturales, principalmente de hidrocarburos; la realización de actividades de tala legal e ilegal; y la incursión no controlada de terceros. Como ha advertido la CIDH, actividades como estas constituyen una amenaza a la vida e integridad de estos pueblos, ya que pueden propiciar el contacto, con todas las consecuencias que éste implica para su salud y pervivencia física y cultural. Dado que no cuentan con defensas inmunológicas contra enfermedades comunes, el contacto puede ocasionar no sólo la pérdida de su cosmovisión e identidad cultural sino también epidemias que pueden causar la desaparición de pueblos enteros. De este modo, el respeto al principio de no contacto se hace esencial para asegurar la vigencia de sus derechos fundamentales, incluidos el derecho a la vida e integridad, a sus tierras y territorios ancestrales, a la cultura y a la salud, entre otros.

La CIDH recibe con satisfacción que el Perú cuente con una ley específica encaminada a proteger los derechos de estos pueblos, “Ley para la protección de pueblos indígenas u originarios en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial”. No obstante, expresa su preocupación por la información recibida según la cual dicha ley no se adecuaría al principio de intangibilidad y no contacto, y por la falta implementación efectiva de mecanismos de protección, tales como puestos de control, protocolos de actuación y sanción de ingresos furtivos. La CIDH reitera al Estado peruano, el llamado hecho a los Estados Miembros de la región a garantizar el respeto a los derechos humanos de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario, a través de medidas concretas y efectivas dirigidas a la protección jurídica y fáctica de sus territorios ancestrales, y a abstenerse de realizar acciones contrarias a sus derechos.

De otro lado, organizaciones indígenas colombianas informaron a la CIDH la continuidad de graves afectaciones a la vida e integridad física y cultural de pueblos, comunidades y personas indígenas en Colombia, y sus preocupaciones por el impacto de las negociaciones del proceso de paz en sus derechos. Al respecto, la CIDH recibió con satisfacción la afirmación del Estado colombiano consistente en que la protección de los pueblos indígenas es un asunto prioritario en la negociación de la paz, y el reconocimiento del impacto del conflicto armado en la integridad física y cultural de los pueblos indígenas en el país. Indicó que existen mecanismos de participación de la sociedad civil en el proceso de paz, a través de mesas regionales, y que se han recibido más de 250 propuestas de organizaciones indígenas del país.

La CIDH si bien valora positivamente la información proporcionada por el Estado, hace un llamado profundizar los esfuerzos para proteger el goce efectivo del derecho al territorio de los pueblos indígenas y sus miembros, como primer paso para resguardar sus derechos fundamentales en el marco del conflicto armado interno y en el proceso de paz en Colombia. Insta al Estado a tener en cuenta la importancia singular que el derecho interamericano de los derechos humanos ha reconocido a los derechos territoriales de los pueblos indígenas, y el papel central que los territorios ancestrales juegan en la afectación de sus derechos por la violencia armada, los intereses económicos y la desposesión.

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