Por Rocío Silva Santisteban
La polarización en Venezuela ha llegado a separar a padres de hijos. No lo digo en abstracto: mi prima-hermana y mi tío se encontraban en los lados opuestos de la orilla.
El emigró en 1968 como todos esos peruanos de la primera oleada migratoria internacional y ella se crío en Caracas durante el apogeo del petróleo y la partidocracia entre “adecos” y “copeis”, en medio de la frivolidad de una sociedad que gozaba de una bonanza centralizada. El golpe les llegó a ambos cuando mi tía caraqueña murió y la crisis de los barriles de petróleo provocó el desborde popular que años más tarde catapultó a Hugo Chávez Frías. Mi tío Jorge murió el año pasado, siendo chavista hasta los huesos; mi prima le dejó de hablar hace años y estoy casi segura que el 12 de febrero salió a las calles a protestar.
No es un cuento: es la realidad de un país enfrentado por dos maneras de entender la política y por el desgaste de una “autocracia competitiva con partido hegemónico” según definición del politólogo Víctor Mijares. Tengo amigos muy queridos en ambos lados de esta balanza injusta y tuerta y todos me han comentado sus visiones de este desbarajuste que ha ocasionado tres personas fallecidas.
La polarización de un país a este extremo no tiene un solo culpable y es la peor circunstancia para sacar adelante una economía con 56,2% de inflación anual (2013). Como sostienen los analistas más serios tanto el gobierno como la oposición están totalmente fragmentados. Entre Corina Machado y Leopoldo López (ese extremista de Harvard) y Henrique Capriles hay muchísimas diferencias; tantas como entre Diosdado Cabello y Nicolás Maduro. Por eso Mijares sostiene que si se da un golpe de Estado vendría desde la alta cúpula del poder actual. Hay que tener en consideración que, unos como otros, han permitido que los “colectivos” chavistas se armen y que los “grupos opositores” salgan a las calles con sus Luger automáticas a marchar. ¿Quién va a ser el responsable si se desata una guerra civil entre hermanos? En todo caso, al Estado le compete la responsabilidad de garantizar los derechos humanos de todos y cada uno de los venezolanos.
Desde las organizaciones de derechos humanos serias, que vienen trabajando por este tema desde hace treinta años y que no están financiadas ni por USAID ni por agencias del gobierno de Obama, hemos recibido denuncias de detenciones arbitrarias e incluso del secuestro de Inti Rodríguez, compañero de Provea, quien fue detenido durante horas, despojado de todas sus herramientas de trabajo incluso celulares y golpeado por una de los grupos del SEBIN. Por otro lado, los canales de televisión sostienen que Juancho Montoya, uno de los fallecidos y coordinador del Secretariado Revolucionario de Venezuela, cayó por el disparo de un arma de calibre bajo y que “era terrorista”. ¿Cómo es posible que los opositores justifiquen esta muerte?, ¿acaso la muerte de este joven líder chavista no es tan injusta como de aquellos dos jóvenes de la oposición? La salida de esta situación de violencia y polarización requiere de un diálogo y compromisos al pie del abismo sabiendo de que, sobre unos y otros, se cierne la sombra negra de la guerra civil.
Publicado en el diario La República, martes 18/02/2014