Dos años después del conflicto social en Espinar (mayo del 2012) las personas que fueron denunciadas por diversos delitos en contra de la tranquilidad y la seguridad pública continúan siendo investigadas sin que se les haya probado nada. Es más, el Fiscal ha tenido que rehacer hasta tres veces la acusación porque no tiene suficientes elementos probatorios que justifiquen la apertura de un proceso penal. Entre los denunciados están el ex alcalde de Espinar, Oscar Mollohuanca, así como dirigentes de movimientos sociales.

Entre los derechos violados está el derecho que tiene toda persona de ser juzgado por el juez del lugar donde se cometieron los supuestos delitos y el derecho de acceso a la justicia. En este caso, lo justo hubiese sido que sean investigados y juzgados en Espinar, pero dada la situación de conflictividad social, hubiesen sido investigados y juzgados en Cusco. Sin embargo, la decisión de la Fiscalía de la Nación y el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, fue mandar la investigación y el juzgamiento penal hasta Ica, lugar lejano y de difícil acceso para los denunciados.

Es más, ahora hay un requerimiento de acusación que adolece de una serie de deficiencias, como no establecer la conexión del delito con la conducta de los dirigentes y oficiales de serenazgo de Espinar, y a pesar de ello, se pretende responsabilizarlos.

Desde la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos exigimos que el caso sea archivado dado que no hay pruebas en contra de los denunciados y más parece una campaña sucia en contra de los dirigentes que participaron en el justo reclamo por los derechos medio ambientales de su localidad.