(Imagen: Servindi / Internet)

ANTE LA  CREACIÓN DE ALTO COMISIONADO
PARA LA LUCHA  CONTRA LA TALA ILEGAL

Tras los lamentables hechos ocurridos hace pocas semanas donde se reportó la muerte de 4 líderes indígenas Ashéninkas en la Comunidad Nativa de Alto Tamaya Saweto  presuntamente a manos de madereros ilegales, el gobierno anunció que tomará una serie de medidas para luchar contra la tala ilegal. Se ha designado, al General en retiro  César Fourment como  Alto Comisionado para la lucha contra la Tala Ilegal.

Esta medida resulta positiva en la medida en que expresa la determinación del gobierno de luchar contra este flagelo que atenta contra nuestra biodiversidad y contra los derechos de las personas, en especial de los pueblos indígenas y sus territorios; y que además conlleva a la trata de personas, la evasión tributaria, entre otras actividades delictivas, y una competencia desleal con las actividades de manejo forestal formal.

Pero para encarar eficientemente la tala ilegal no basta con una estrategia militar y represiva como la que se ha implementado para combatir la minería informal. En ese sentido proponemos las siguientes medidas:

1. Fortalecer la institucionalidad forestal a nivel nacional, regional y local, en particular mediante la asignación presupuestaria adecuada.
2. Dotarse de una Estrategia Nacional Multisectorial de Lucha contra la Tala Ilegal, siguiendo un proceso participativo que involucre en su diseño e implementación a los pueblos indígenas y a otros sectores de la sociedad civil.
3. Implementar labores de control y fiscalización forestal que se extiendan no solo a los lugares de extracción, sino también a las rutas de transporte, transformación, blanqueamiento y exportación de la madera ilegal.
4. Desarrollar e implementar mecanismos de promoción e incentivos para el manejo forestal sostenible. Un paso importante para ello es contar con procedimientos sencillos y claros para el acceso a los recursos del bosque.
5. Fortalecer las capacidades técnicas de los pueblos indígenas para que puedan participar de manera eficiente en la protección de los recursos forestales en sus territorios.
6. Fortalecer los mecanismos de participación y consulta a los pueblos indígenas en  materia forestal, desde el diseño de políticas públicas, y también el derecho de participar a través de sus organizaciones representativas en el momento de su implementación.

Finalmente, instamos al Estado a incrementar su presencia en las zonas rurales y a tomar medidas intersectoriales efectivas que resuelvan el problema de la tala ilegal, asegurando previamente el derecho constitucional al territorio de los pueblos indígenas a través de la titulación de sus tierras, así como asegurando el respeto y la protección de sus derechos fundamentales (vida, salud, ambiente) y otros derechos (como la consulta y participación, etc.) vitales para su adecuada inclusión en la dinámica social del país  Solo así se podrá evitar que sigan produciéndose situaciones lamentables como la padecida por la Comunidad Nativa Alto Tamaya Saweto, que cobró la vida del líder indígena Edwin Chota, junto a otros comuneros.

Lima, 23 de septiembre de 2014.

Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos