Organizaciones indígenas y de derechos humanos presentan demanda de inconstitucionalidad de ley sobre paquetazo ambiental

La demanda de inconstitucionalidad fue presentada por las organizaciones que recogieron las firmas, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, el Pacto de Unidad de Organizaciones Indígenas del Perú, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, la Red Muqui y la Pastoral de la Tierra del Vicariato de Yurimaguas, quienes presentaron cerca de 10 mil firmas para solicitar al Tribunal Constitucional una Demanda de Inconstitucionalidad contra la denominada Ley de Paquetazo Ambiental – Ley 30230.

Juan Carlos Ruiz, del Instituto de Defensa Legal, argumentó que la demanda de inconstitucionalidad se sostiene en la vulneración del derecho a la consulta previa, al territorio y  el derecho fundamental al ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de  la vida. “La demanda es para que el Tribunal Constitucional evalúe si la Ley 30230 respeta la Constitución y los tratados internacionales”, como el Convenio 169 de la OIT que tiene rango constitucional, precisó Ruiz.

La gravedad de la Ley 30230 radica en la decisión del Estado de disponer el territorio indígena para proyectos extractivos y el reducido tiempo del análisis del Estudio de Impacto Ambiental para agilizar los proyectos, indicó Ismael Vega, investigador del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica.

Por otro lado, Ketty Marcelo, vicepresidenta de Organización Nacional de Mujeres Andinas y Amazónicas del Perú, afirmó que “estamos a favor de los proyectos de desarrollo pero todos queremos avanzar con respeto, no con el cuento de promover y dinamizar la inversión atropellando nuestros derechos”. Asimismo, Ydelso Hernández, presidente de las Rondas Campesinas del Perú, lamentó “las políticas de saqueo de nuestros recursos y atropello de los derechos indígenas».

Esta ley se aprobó en julio de 2014 y fue presentada por el Ministerio de Economía y Finanzas con el objetivo de simplificar procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el Perú. Esta ley, además de limitar la capacidad sancionadora del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), facilita la entrega de tierras para proyectos de inversión lo cual atenta contra la seguridad territorial  de las comunidades y los pueblos indígenas ya que sobre sus territorios, con trabas para la titulación, se superponen zonas destinadas a la inversión privada.