Por Rocío Silva Santisteban

El olor de los cadáveres quemándose es como de grasa ardiendo. Justa Chuchón tenía 12 años cuando, escondida detrás de una tuna junto con su abuela, olió a los pobladores de Accomarca el 14 de agosto de 1985 siendo quemados vivos. “Olía a chicharrón y era desesperante para nosotras […] no entendíamos nada porque ellos (los soldados), se supone, tenían la obligación de protegernos. No tenían compasión”.

Mañana el colegiado de la Sala Penal Nacional dictará sentencia en este caso cuyas audiencias vienen llevándose a cabo desde hace más de cinco años. Como ha dicho el abogado Juan José Quispe, del IDL, este caso tiene dos momentos: antes y después de la confesión sincera de Telmo Hurtado, quien primero se declaró con “locura temporal” para exculpar a sus jefes directos pero ahora ha decidido confesar que la acción fue planificada (Plan Huanccayoc) por órdenes de arriba y bajo la investigación y órdenes del G2, es decir, del hombre de inteligencia de la zona: César Martínez Uribe.

Una de las situaciones de injusticia que podría darse es solo sancionar a los autores directos de la masacre, es decir, a Hurtado y Rivera Rondón, así como a los licenciados del Ejército Peruano que en esa época fueron levados y quienes formaron el pelotón que prendió el fuego de las casas: Marcañaupa, Ramírez, Amaya, entre otros, quienes han estado en prisión. Sin embargo, a lo largo de estos cinco años, con cientos de entrevistas, testigos, documentos y análisis de planes operativos, no sabemos si serán también comprendidos en la sanción los altos mandos del EP que están implicados: Wilfredo Mori Orso, comandante general de la Segunda División de Infantería; José Williams Zapata, David Castañeda y todos los jefes de las patrullas Lince.

Este caso ha sido verdaderamente escandaloso, no solo porque Alberto Fujimori premió a Telmo Hurtado y lo libró de sentencia con la ley de amnistía posteriormente cancelada, sino también porque la Embajada de Estados Unidos sabiendo que Hurtado era un perpetrador de violaciones de derechos humanos (según material desclasificado de 1993 y estudiado por la académica Tamara Feinstein) le da la visa en el 2001 para que huya. Felizmente en el 2011 es extraditado y hoy está preso en Piedras Gordas.

Jorge Bracamonte, SE de la CNDDHH, sostiene que “este caso perduró en la impunidad por muchos años […] Esperamos de los magistrados Ricardo Brousset, Mirta Bendezú y María Vidal, una sentencia ejemplar”. Pero, ¿realmente será así la sentencia? La acusación fiscal se basa en la hipótesis de la autoría mediata planteada en la famosa sentencia de César San Martín para el caso Barrios Altos y otros; pero como sabemos, Javier Villa Stein, Duberli Rodríguez y los otros jueces supremos han desconocido esa jurisprudencia en la última escandalosa sentencia por los diarios chicha. ¿Qué hará el colegiado?

Entre las pruebas, además de los testimonios de Hurtado y los otros oficiales y suboficiales y el Plan Huanccayoc, se encuentran testimonios de los licenciados que podrán refutar o afirmar que se trató de una disposición y prácticas sistemáticas de violación de derechos humanos bajo la idea de “tierra arrasada”. ¿Qué decisión tomarán estos tres jueces considerando que 23 niños y bebés fueron asesinados en esa masacre?

Publicado en Kolumna okupa, 30/08/2016