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Después de 5 años de proceso judicial

Juzgado de Cotabambas en Apurímac declara inocentes a 17 comuneros criminalizados por el simple hecho de ejercer su derecho fundamental a la protesta

Por Fedepaz

El Juzgado Unipersonal de Cotabambas notificó el día de ayer la sentencia por la cual absuelve a 17 comuneros campesinos injustamente acusados por la comisión de delitos de tenencia ilegal de armas, producción de peligro común con medios catastróficos, disturbios y, daños (Expediente No. 13-2015, Especialista Legal Treissi Solís Eccoña) y para los cuales la fiscalía solicitaba condenas de hasta 17 años de pena privativa de la libertad.

En efecto, en la antes referida sentencia se señala que: “…De acuerdo a las reglas de la lógica, a las máximas de la experiencia y a los conocimientos científicos, con los medios probatorios actuados, se ha generado en el magistrado a cargo del juzgado la plena convicción de la falta de responsabilidad de los acusados …”.

Como se recordará a fines de setiembre de 2015 las diferentes comunidades campesinas afectadas por el proyecto minero Las Bambas (Región Apurímac), en el ejercicio legítimo de su derecho constitucional iniciaron una serie de protestas públicas, ante el desinterés del estado peruano de atender sus demandas por afectación a sus derechos fundamentales, generada por la actuación de la empresa MMG Las Bambas (propietaria, del mencionado proyecto minero) que entre otras cosas venía afectando su derecho a vivir en un medio ambiente sano y equilibrado.

Producto de esas legítimas protestas, la policía desarrolló una represión indiscriminada contra los integrantes de las comunidades campesinas que protestaban en esos días y, al mismo tiempo, el gobierno y la empresa denunciaron falsamente de la comisión de diversos delitos a dichos campesinos que no hacían otra cosa que ejercer de manera legítima su derecho fundamental a la protesta social.

Este proceso judicial se volvió emblemático porque fueron detenidos alrededor de 25 campesinos, disponiéndose prisión preventiva, por seis meses, para dos de ellos: Eduard Brandos Quispe Ccuno y Javier Mamani Coaquira, a quienes en particular se les acusaba de poseer un arma de fuego y dinamita, teniendo como supuesta prueba incriminatoria un acta de incautación suscrita, incluso, por el propio General Rucoba Tello, en aquel entonces Jefe de la Región Policial de Apurímac.

Respecto de dicha prueba que fue cuestionada por la defensa legal de los acusados por haberse elaborado vulnerando groseramente las formalidades exigidas por la ley y por contener información falsa y contradictoria en sí misma, el juzgado señaló que: “ … El testigo General Rucoba Tello, manifestó haber suscrito las mismas para refrendar el trabajo de sus subalternos, labor que no le competía, lo que lleva a inducir que quisieron validar tales actas de manera apresurada o desesperada. Por otro lado, lo demás pruebas documentales citadas, en modo alguno acreditan la vinculación directa entre el origen ilegal o ilícito de la posesión del arma de fuego y las dinamitas por parte de los acusados …”.

Es decir, en la aquí referida sentencia, el juez reconoce la grave irregularidad en la elaboración y suscripción por parte del Jefe Policial mencionado, de la supuesta acta de incautación que, entendemos se hizo así en un vano intento de fabricar y sembrar una prueba falsa que incrimine, también falsamente, a los dos campesinos acusados arriba citados.

En relación a ello, la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ, organismo no gubernamental de defensa y promoción de los derechos humanos en Perú, que asumió la defensa legal de los campesinos acusados, en forma conjunta con APRODEH y el apoyo institucional de COOPERACCION, expresa su satisfacción con esta resolución que declara inocente a los 17 campesinos acusados falsamente de la comisión de delitos graves y que ha puesto en evidencia la condenable estrategia estatal y empresarial de criminalizar falsamente a todos aquellos que, en defensa de sus derechos, se oponen a las arbitrarias decisiones gubernamentales y empresariales, con el propósito de amedrentarlos y evitar que sigan protestando.

27 de octubre de 2020

Fuente: FEDEPAZ

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