La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos expresa su preocupación por la situación del derecho a la libertad de expresión en el Perú y considera que su plena vigencia está en peligro. En los últimos años, diversos periodistas vienen sufriendo la criminalización de su labor periodística ante la cual los operadores de justicia no están garantizando un debido proceso, lo que constituye un grave riesgo para el periodismo y la democracia.

En los últimos años, hemos identificado el uso abusivo de la “difamación agravada”, argumentando una supuesta afectación del derecho al “honor”, y otras figuras penales, contra el periodismo de investigación, a través de largos procesos judiciales y condenas injustas.

Se observa el desconocimiento de la jurisprudencia del sistema interamericano de derechos humanos, como la doctrina del “reporte fiel”, según la cual, el periodista que se limita a difundir información de otras fuentes plenamente identificadas, no puede ser responsable por dichos contenidos, siempre que no agregue nada que distorsione la información difundida por la fuente; o el rechazo a las sanciones económicas exorbitantes que operan como una mordaza, entre otros. A estos hechos, se suma la presentación de un proyecto de ley por el congresista Luna Gálvez, que propone sancionar con cárcel efectiva la “difamación agravada” (oficio 036-2021-2022).

Como muestra, los casos de los periodistas Christopher Acosta, condenado a 2 años de pena privativa suspendida y al pago de 400 mil soles. Acosta realizó la publicación periodística Plata como cancha haciendo referencia al origen de la fortuna del ex candidato a la presidencia César Acuña. También, están los casos de los periodistas Daniel Yovera, Pedro Salinas y Paola Ugaz denunciados, en el mismo sentido, por personajes vinculados al Sodalicio de Vida Cristiana y por el arzobispo de Piura, José Eguren. Los periodistas realizaron investigaciones periodísticas sobre los abusos sexuales cometidos en el Sodalicio y sus millonarios negocios.

Ante lo sucedido, recordamos a los órganos de justicia del país que su labor es un servicio público a la ciudadanía y deben garantizar el derecho a la libertad de expresión y acceso a la información, respetando la jurisprudencia en materia de derechos humanos y evitando el uso político del sistema de justicia para criminalizar el periodismo de investigación.

Lima, 11 de enero de 2022