Desde el Grupo de Movilidad Humana de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDHH) hemos registrado en las últimas semanas discursos de líderes políticos que vinculan la migración con un aumento de la criminalidad y la inseguridad en el Perú. El pasado 21 de febrero, el Alcalde de La Molina dio un discurso para restringir a los ciudadanos extranjeros ejercer actividades de mototaxi, taxi y servicio de delivery bajo el argumento de que “70%-80% está atentando todos los días contra nuestra tranquilidad” y la falta de una política migratoria efectiva. Asimismo, registramos que el Alcalde de Arequipa el pasado 8 de febrero solicitó la expulsión de personas migrantes que se encuentran en situación migratoria irregular y aquellos que atentan contra “el orden público y el orden interno”.

También se han presentado tres proyectos de ley en el Congreso, proyecto de ley Nº1280/2021-CR, que busca modificar la actual ley de migraciones para incorporar nuevos supuestos de expulsión; el proyecto de ley Nº1354/2021-CR, que busca la expulsión y la restricción de acceso al territorio de ciudadanos extranjeros por motivos de inseguridad ciudadana; y, en la misma línea, el proyecto de ley Nº1309/2021-CR, que propone suspender la calidad migratoria de personas que cometan un delito fuera o dentro del territorio nacional por razones de seguridad nacional.

Desde el Grupo de Movilidad Humana de la CNDHH (y todos sus miembros asociados) manifestamos que:

1- La lucha contra la inseguridad ciudadana y la criminalidad no debe abordarse desde las políticas y normas migratorias, sino en el marco de lo establecido en el Código Penal y las respectivas estrategias y políticas que buscan prevenir y penalizar los actos delictivos.

2- Hay una incoherencia en las declaraciones de los líderes y grupos parlamentarios y la normativa peruana en el ámbito migratorio y de refugio. El Estado peruano cuenta con una Política Nacional de Migraciones y una Ley de Migraciones, que tienen por principio no criminalizar la migración irregular y un enfoque de derechos humanos. Asimismo, tiene la obligación de salvaguardar la seguridad y la no devolución de aquellas personas que requieren protección internacional bajo la condición de refugiado, como está establecido en la Ley de Refugio.

3- Según informes del Migration Policy Institute, CIUP y Equilibrium CenDE no hay relación significativa entre la migración venezolana y un aumento de la delincuencia.

4- Encontrarse de manera irregular en el país es una falta administrativa y tiene normalmente un carácter temporal hasta que resuelven los trámites de registro y permanencia. Los discursos que asocian directamente a las personas migrantes en situación irregular con la delincuencia se basan en discriminación y contravienen la propia normativa migratoria, así como los compromisos internacionales asumidos por el Estado peruano al respecto.

5- Nos preocupa el tinte xenófobo de los discursos que hacen referencia a ciudadanos extranjeros pero que en sus argumentos enfatizan en la nacionalidad venezolana.

Por tanto, desde el Grupo de Movilidad Humana, Rechazamos estos discursos por parte de líderes y servidores públicos, quienes juegan un papel importante en la construcción de la opinión pública. El impacto de estas narrativas o la falta de liderazgos políticos para hacerles frente se refleja en un mayor rechazo, miedo y discriminación basada en la nacionalidad hacia el colectivo de personas migrantes y refugiadas, lo que resulta en un deterioro de la convivencia en el Perú.

MIGRAR NO ES DELITO

Grupo de Movilidad Humana de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos