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El  Grupo de Trabajo de Reparaciones y Memoria de la CNDDHH tiene el agrado de invitar  a usted al

Conversatorio

«Reparaciones en Colombia: Oportunidades y retos para el caso peruano»

que se realizará este lunes 30 de Marzo, a las 10 am, en el local de la Institución de Paz y Esperanza (Jr. Hermilio Valdizan 681, Jesús María).

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Así lo sostuvo Rocío Silva Santisteban, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).

El presidente de la República, Ollanta Humala, debería posicionarse en relación al tema de las reparaciones económicas para las víctimas de la violencia en su mensaje a la Nación, previsto para este 28 de julio, afirmó Rocío Silva Santisteban, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).

“[¿Ese sería el tema principal, las reparaciones y la expresión del presidente en ese escenario el 28?] Debería posicionarse en relación con eso [las reparaciones]. Lo que ha sucedido con respecto a las disculpas públicas de los casos de derechos humanos [es que] son obligadas, porque se han dado en tres casos, porque hay una sentencia de la Corte Interamericana, o sea, pues, ‘si me lo pide la Corte, me disculpo’ y [con] todo el resto, ¿qué va a pasar y suceder?”, aseveró en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Ante las declaraciones del ministro de Economía de que es posible pagar la deuda agraria porque su fortaleza económica se lo permite, entonces, si se puede pagar eso que es exorbitante, no se puede pagar la cantidad ridícula que son las reparaciones económicas individuales. Lo que demuestra [el Gobierno] es que [para ellos] quienes tienen los bonos agrarios son personas más importantes para el Estado Peruano que quienes tienen todas estas deudas de reparación que están esperando que el Estado diga algo”, anotó.

A 10 años de CVR, deben acompañar a las víctimas

La secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos dijo esperar que las altas autoridades del Gobierno decidan acompañar a las víctimas en el próximo aniversario de la entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad (CVR).

“Hay varios elementos que el Gobierno debe tomar en consideración como que este año el 28 de agosto se van a cumplir 10 años de la entrega del informe y para esa fecha sería muy positivo que las más altas autoridades del Estado acompañen a las víctimas, eso me parece fundamental […] Las víctimas expresan sus reclamos y dicen que los ningunean”, argumentó.

“El tema de los derechos humanos en estos dos años ha tenido avances y retrocesos y congelamientos. Yo creo que también tiene que ver con la gestión de los ministros, pero debo reconocer que en la gestión de [Juan] Jiménez, hubo un interés y yo confío mucho en la gestión de [el ministro de Justicia] Daniel Figallo que sí está comprometida en el tema”, anotó.

Fuente: Ideeleradio

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Concluye en La Merced, el Congreso Nacional de Afectados por la violencia política

En el tercer Congreso Nacional de la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Afectados por la Violencia Política- CONAVIP realizado el pasado 26, 27 y 28 de octubre en la ciudad de La Merced, se renovó la Junta Directiva y se emitió un pronunciamiento.

Al encuentro asistieron 470 afectados por la violencia política de 15 regiones del país: Apurímac, San Martin, La Libertad, Ayacucho, Huancavelica, Lima, Pasco, Cusco y Junín.  Además participaron Hung Wong Jung, Alcalde de la Provincia de Chanchamayo, el congresista por Ayacucho José Urquizo, funcionarios de la Defensoría del Pueblo, Registro Único de Víctimas y del Consejo Multisectorial de Alto Nivel.

La nueva Junta Directiva de la CONAVIP está presidida por José Sayan Ratto (Huánuco), así como en la Vicepresidencia por Felicita Loayza Cárdenas (Lima).  Los nuevos responsables de las Secretarias son como sigue: Actas, Leonor Saire Marcavilca (Cusco), Economía, Adalgiza Moreno Escudero (Libertad), Organización, Federico Espinoza Martell, (Junín), Reparaciones, Ángel Guevara  Fasabi (San Martin), Derechos Humanos, Máximo Cardoso Chistama (Ucayali) y por último de Cultura y Deporte, Grimaldo Ramos Arredondo (Apurimac). Cabe señalar que la CONAVIP cuenta con el acompañamiento y asesoría de la Asociación Pro Derechos Humanos, el Instituto de Defensa Legal, el Centro de Atención Psicosocial y la Pastoral Social de Dignidad Humana del Arzobispado de Huancayo.

El encuentro culminó con un pronunciamiento que contempla exigir al gobierno la modificatoria del Decreto Supremo Nº 051-2011-PCM para las reparaciones económicas y que se propone sea de 10 UITs y que el Registro Único de Víctimas permanezca abierto. Del mismo modo que la Comisión Multisectorial de Alto Nivel – CMAN  implemente de forma eficiente el PIR.

Otro de los acuerdos fue que exigir que el Estado implemente un Plan Nacional de exhumaciones  y entrega  de los  restos a los familiares  con el acompañamiento legal y psicológico necesario. Asimismo se acordó solicitar la modificatoria de la Ley Nº 28592 para que se puedan incorporar todos los afectados por la violencia política en el PIR.

Por último, los afectados por la violencia política que se congregaron en la ciudad de la Merced, acordaron generar corrientes de opinión en contra del indulto humanitario del sentenciado  Alberto Fujimori  Fujimori,  por ser el responsable de delitos de lesa humanidad contra. En el mismo sentido, manifestaron su rechazo a la iniciativa que persigue el MOVADEF de promover la amnistía de Abimael Guzmán Reynoso, líder dela organización subversiva Sendero Luminoso, responsable de más del 50% de las victimas fatales del conflicto armado internos, según el Informe Final de la CVR.

Fuente: Pasddih

DECLARACIÓN DE CHANCHAMAYO  “JUSTICIA, REPARACIÓN Y MEMORIA”

PRONUNCIAMIENTO  DEL III CONGRESO DE CONAVIP

El Congreso de la  Coordinadora Nacional de Organizaciones de Afectados por la Violencia Política del Perú (CONAVIP), realizado en la  Ciudad de  La Merced, Chanchamayo – Región Junín,  los  días  26,  27  y  28 de  Octubre  del   2012, con la participación de delegaciones de 15 regiones ( Ayacucho, Pasco, Ucayali, Huancavelica, Junín, Huánuco, San Martín, Lima, Puno, Cusco, Ancash, La Libertad,  Apurímac y VRAE), con el acompañamiento de autoridades y representantes a nivel local, regional y nacional, a  quienes  agradecemos  por su  apoyo  y  participación.

DEMANDAMOS:

1)    La  MODIFICATORIA  DEL  DECRETO  SUPREMOS  051-2011-PCM,   considerando 10  UIT,  como  reparación   económica,  que  repare mínimamente  el  gran  daño  causado  a las  víctimas de  nuestro  país, al  mismo tiempo se  declare al Registro  Único  de  Victimas,  abierto  permanentemente,  de  acuerdo a la  Ley  N° 28592.

2)    Que la  CMAN,  implemente el  Plan  Integral de  Reparaciones, de  acuerdo  a la  Ley  N  28592, en  los  programas  de Reparaciones  en  Educación,  Salud, Acceso a la  vivienda y  simbólicas.

3)    Modificación  de la  Ley   28592,  incorporando  a  todas  las  víctimas de la  violencia  política en el  Plan  Integral de  Reparaciones

4)    Que el  Estado implemente  un  plan Nacional  de  Búsqueda  de  desaparecidos, la  exhumación  y   entrega  de los  restos  DE  LAS VICTIMAS a sus familiares, mediante el acompañamiento legal y psicológico.

5)    Que NO SE PERMITA LA IMPUNIDAD  en el  País, al  quererse aprobar el  Indulto  al  señor  Alberto Fujimori  Fujimori,  quien ha sido  sentenciado  por  delitos de  lesa  humanidad. Asimismo rechazamos la propuesta de amnistía general que vienen demandando los seguidores de Abimael Guzmán Reynoso,  que va en contra de la memoria del pueblo peruano y el derecho que tenemos las víctimas a conocer la verdad, alcanzar la justicia y acceder a una reparación digna.

COMPROMETIENDONOS:

A trabajar  fundamental por el camino a la justicia, verdad, reparación, memoria y reconciliación del país,  logrando  la  unidad  de la  CONAVIP, en  el  logro  de  nuestros  objetivos y  el  desarrollo  de  nuestro  país.

La  Merced,  28  de  Octubre  del  2012.

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(LaMula.pe).- Este lunes 27 de agosto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Costa Rica, realizará una audiencia pública para supervisar si el Perú ha cumplido con las sentencias y medidas de reparación ordenadas por su tribunal en el caso Barrios Altos.

La audiencia cobra suma importancia ya que coincide con el reciente fallo de la Corte Suprema, presidida por el juez Javier Villa Stein, que rebaja la condena a los integrantes del grupo Colina y determina que varios crímenes ocurridos durante la dictadura fujimorista, entre ellos el de Barrios Altos, no son delitos de lesa humanidad.

En entrevista con LaMula.pe, la abogada Gloria Cano, que viajará para representar a los familiares de las víctimas de Barrios Altos, consideró que el fallo de Villa Stein está en contra de las diversas sentencias que ha emitido la CIDH en torno a este caso.

“El Estado al hacer estas rebajas de pena, como dice el vocal Villa Stein, tratando de dar una especie de compensación a los violadores de derechos humanos en desmedro de los derechos de las víctimas, está nuevamente violentando la sentencia propia de la Corte Interamericana”.

Cano explicó que el Estado tendría la obligación de anular el fallo de Villa Stein si la Corte Interamericana considera que este impide que se cumpla con las sentencias a las que se había comprometido o que afecta a los familiares de las víctimas.

“La Corte no va a decir que se anule el fallo. El Estado tiene que ver los mecanismos necesarios para que sus acciones estén de acuerdo a los estándares establecidos”, precisó.

El fallo de la Corte Suprema de Justicia, presidida por el juez supremo Javier Villa Stein, redujo la pena de 25 a 20 años a los principales integrantes del grupo Colina, que cometieron los crímenes de Barrios Altos, la Cantuta, entre otros, durante el gobierno del ex presidente Alberto Fujimori.

Esta medida beneficia a Vladimiro Montesinos Torres, Nicolás de Bari Hermoza Ríos, Julio Salazar Monroe y a Juan Rivera Lazo. Según Villa Stein, la reducción también obedece a una compensación por la excesiva demora en el juicio que ya ha cumplido once años.

Luego de conocer esta disposición, el presidente de la República, Ollanta Humala, manifestó sentirse sorprendido y adelantó que la procuraduría actuará para que el caso sea revisado.

Tras ello diversos organismos de Derechos Humanos y familiares de las víctimas del Grupo Colina entregaron documentos y videos que muestran que Javier Villa Stein cometió graves faltas en el fallo de dicho caso.

Además pidieron la destitución de los miembros de la Sala Penal Permanente al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

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Por Lo Justo

La última edición del programa ‘Lo Justo’ (30/05/2012), de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, estuvo dedicada a dos de los temas que han marcado la agenda coyuntural de las últimas semanas: Los conflictos socio ambientales de Cajamarca y Espinar y el debate en torno a la inclusión de los casos de violencia sexual y estirilizaciones forzadas dentro del Plan Integran de Reparaciones (PIR).

Para profundizar sobre los últimos hechos violentos ocurridos en Espinar, nos comunicamos vía enlace telefónico con Ruth Luque, directora de la Vicaría de Sicuani, en Cuzco quien nos dio detalles sobre la detención de personal de la Vicaría y el alcalde de Espinar, Óscar Mollohuanca, el día de hoy (ayer).

El análisis del conflicto fue ampliado por los comentarios de las especialistas ambientales Emma Gómez y Patricía Ríos, representantes de Cooper Acción, con quienes analizamos las razones detrás del descontento popular en Espinar y Cajamarca y la respuesta del Estado a lo largo de dichos enfrentamientos.

En el trecer bloque del programa contamos con la presencia de Rossy Salazar, del Estudio para la Defensa de la Mujer (DEMUS), quien nos brindó detalles sobre el proyecto de ley que busca incluir a los casos de violencia sexual dentro del del Plan Integral de Reparaciones. Al respecto dio a conocer las reservas de algunas bancadas políticas para la aprobación de este proyecto en el congreso.

Lo Justo TV, todos los miércoles a las 10pm con la conducción de Rocío Silva Santisteban vía lamula.pe

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En esta edición del programa Lo Justo, conducido por Rocío Silva Santisteban y producido por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), se tuvo como invitado al líder del Grupo de Formación e Intervención Para el Desarrollo S0stenible (Grufides), Marco Arana, quien mostró su desacuerdo con el informe de los tres peritos internacionales sobre el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Conga.

En otro segmento del programa nos acompañaron Sandra García y Adelina García, quienes sufrieron las consecuencias de la violencia interna en el Perú, y hablaron sobre los lugares de memoria y la marcha por las víctimas de la violencia política realizada el pasado lunes.

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Cientos de personas marcharon hoy, martes 17 de abril, desde el monumento “El ojo que llora”, ubicado en el Campo de Marte, en dirección al Congreso de la República, para pedir la modificatoria inmediata del DS 051-2011-PCM, así como la aprobación de 10 UITs (aproximadamente 35 mil soles) como monto único de reparación económica individual a todas las víctimas de la violencia política de 1980 al 2000.

La marcha, que se inició el domingo 15 de abril en Lucanamarca y Putis (Ayacucho), contó con la participación de numerosas delegaciones de afectados de la violencia política que vienen desde las 24 regiones del país, incluidos familiares de miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.

Los manifestantes coincidieron en la necesidad de una reparación digna, pues la suma de 10 mil soles dispuesta por el DS 051, promulgado a finales del gobierno de Alan García, es considerada “una burla para las víctimas”, de acuerdo Marlene Torres, de la Asociación de Afectados y Familiares de la Región Junín. “Se ha dicho [Alan García] cuánto va a ser el monto sin tomar en cuenta a las víctimas, porque 10 mil soles no vale una vida humana”, añadió Torres. Elena Gonzales, presidenta de ANFASEP, respecto al monto actual, consideró que “nos están marginando, discriminando, pedimos una reparación integral”.

La marcha fue convocada por la Coordinadora Nacional de Afectados por la Violencia Política del Perú (CONAVIP) y la Asociación de Viudas Madres y Sobrevivientes de miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional (AVISFAIP).

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos estuvo presente apoyando la marcha, pues las reparaciones integrales a las víctimas de la violencia política es uno de los objetivos fundamentales de la CNDDHH y de las 79 organizaciones que la conforman.

Algunas imágenes de la marcha (Fuente: Prensa CNDDHH):

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Por Francisco Chamberlain, s.j.

Tomado de casariccisj.blogspot.com

En artículos anteriores he tocado el tema de las reparaciones. Sin embargo, es necesario, una obligación moral, volver sobre este mismo tema. La semana pasada el coordinador de CORAVIP-Ayacucho, Percy Huauya Bautista, hizo una llamada a las autoridades de la Región de Ayacucho (el Presidente de la Región, alcaldes provinciales y distritales) de sumarse con cartas apoyando la derogatoria o modificación sustantiva del Decreto Supremo No. 051 del PCM del año pasado, firmado por el entonces presidente, Alan García. Dicho decreto supremo sigue vigente. Este decreto supremo cerraba el registro de víctimas y puso topes de dinero absurdos a los reclamos. El Presidente Humala hasta ahora no lo ha tocado.

Además, Huauya Bautista anuncia una marcha a Lima para el 17 de abril de las víctimas de la guerra a nivel nacional.

Si bien el plazo para entregar las cartas es un plazo de tiempo muy apretado -el 15 de marzo-, la justa causa de las miles de víctimas de la guerra, debidamente inscritas en el registro que el mismo gobierno nacional ha promovido, sigue siendo desatendida por el gobierno y la nación. Decir que esto es un escándalo es decir en verdad muy poco. La demora en atender los reclamos de las víctimas, cuya inmensa mayoría son mujeres y hombres del campo, es simplemente horrorosa y que clama al cielo.

¿Por qué tanta demora? ¿Por qué tanta desidia en atender a estos justos reclamos? Algunos dicen que el problema radica en el Ministerio de Economía y Finanzas, que no hay plata para atender a tantas personas y sus reclamos. En vez de mirar la atención a las víctimas como un gasto del estado -la mentalidad que el D.S. 051 del año pasado evidentemente expresa-, el gobierno y todos nosotros debemos mirarla como una inversión en el futuro del país, una inversión que, al menos en algo, sana las heridas y promueve la inclusión de tanta gente secularmente marginada y menospreciada como verdaderos miembros plenos de la comunidad nacional. La reparación de las víctimas de la guerra no garantiza la inclusión, pero es un paso imprescindible para forjar una comunidad nacional en la que todos tengan el derecho de ser y de considerarse como ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho. La demora de las reparaciones no hace más que reeditar la historia de separación y desprecio que han sufrido millones de peruanos y peruanas.

El texto de Percy Huauya Bautista toca otros temas. Me llamó la atención la demanda de continuar el trabajo de los forenses. El año pasado la Defensoría del Pueblo afirmaba ante una comisión del Congreso que se estimaba el número de desaparecidos -los muertos y enterrados en fosas comunes- alcanza la espeluznante cifra de 15,000, de los cuales sólo se han recuperado los restos de unos 600. Evidentemente este trabajo de recuperación tiene un costo, pero no es sin más un gasto, sino una inversión en nuestro futuro como nación.

El texto de Percy Huauya Bautista es un texto de una asociación civil, el CORAVIP-Ayacucho. Pero es mucho más que un reclamo de un grupo o sector de las víctimas. Es mucho más que un reclamo de las otras asociaciones de las víctimas como nuestro ANFASEP. Ha de ser un reclamo de toda la sociedad peruana, para hacer que nuestro Perú sea algo más humano, más libre de la lastre de discriminación que tanto ha marcado nuestra historia patria.

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Defensoría del Pueblo señala que es una obligación impostergable del Estado atender a las víctimas de la violencia del período 1980-2000.

El Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega, exhortó al Poder Ejecutivo para que se cumpla con aprobar la modificatoria del Decreto Supremo Nº 051–2011–PCM, que dio inicio a las reparaciones económicas individuales, en el mes de junio del año pasado. Esta norma fue observada en su oportunidad porque vulnera el carácter permanente del Registro Único de Víctimas y ha perdido su finalidad reparatoria, al establecer criterios cuestionables.

Por ejemplo, se exige – sostuvo el Defensor – que los padres de personas asesinadas o desaparecidas tengan más de 80 años y se encuentren en situación de desamparo material, y que las esposas, esposos o convivientes deban tener más de 65 años, “sin considerar los casos de personas con enfermedades graves que necesitan de manera prioritaria acceder a estas reparaciones, agregó.

“Como lo hemos señalado en diversas oportunidades, es una obligación impostergable del Estado atender a las víctimas del terrorismo de manera integral y, cumplir con los compromisos asumidos. De acuerdo con la Ley Nº 28592, la Comisión Multisectorial –CMAN, tiene a su cargo formular las políticas del Estado en reparaciones y fue dicha Comisión la que propuso la modificatoria del mencionado decreto”, explicó el funcionario.

Por su parte, Gisella Vignolo, Adjunta para los Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad, señaló que su institución ha cursado sendas comunicaciones a diversas autoridades del Ejecutivo y Legislativo, así como han sostenido reuniones con miembros de la Presidencia del Consejo de Ministros y de los Ministerios de Justicia y Derechos Humanos, y Economía y Finanzas, a quienes se les han hecho conocer su preocupación por las dificultades que enfrentan las víctimas de la violencia, solicitando la modificatoria del Decreto Supremo Nº 051-2011- PCM.

“Todos rechazamos el terrorismo de la manera más enérgica, pero a la vez, el Estado debe hacer los esfuerzos necesarios por atender a las miles de viudas, madres y padres, hijos e hijas de valerosos miembros de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas, comités de autodefensa y población civil que sufrió de manera directa el periodo de violencia”, dijo la funcionaria.

Vignolo recalcó que a la fecha ninguna víctima ha recibido reparaciones integrales, asimismo aún subsisten problemas en la implementación de las reparaciones en salud y educación. Por ejemplo, en el Sistema de Aseguramiento Universal las víctimas tienen problema de afiliación y cobertura; mientras que en educación aún no se encuentra con un programa específico que atienda sus necesidades.

La Defensoría del Pueblo exhorta a las autoridades del Poder Ejecutivo, en especial al Presidente del Consejo de Ministros y al Ministro de Justicia y Derechos Humanos, para que en el más breve plazo se adopten las medidas que deban reimpulsar decididamente el proceso de reparaciones en el país y, se tomen en consideración las sugerencias y propuestas que las diferentes organizaciones de afectados a nivel nacional vienen realizando.

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Fuente: El Comercio

El defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega, denunció ayer que desde hace más de un mes está paralizado el proceso de reparaciones y también reclamó al gobierno el pronto nombramiento de un jefe de la comisión multisectorial de alto nivel, puesto acéfalo desde el 2011.

Lo dijo durante una reunión de trabajo que tuvo con los representantes de los comités de autodefensa y organizaciones de afectados de Cusco, Ayacucho, Huancavelida, Junín, Lima y la selva central.

“Al Estado lo que le corresponde es velar y cumplir con el compromiso de otorgar las reparaciones a las víctimas de la violencia, así como atender sus justas demandas”, dijo Vega.

Gisella Vignolo, defensora adjunta para los derechos humanos y las personas con discapacidad, dijo que el Estado no ha cumplido con implementar adecuadamente las reparaciones en educación, salud, restitución de derechos, entre otros.

En la cita participaron algunos familiares de las víctimas, Giovana Cueva, Leonor Saire, Elena Gonzáles y José Aquino, entre otros.

CLAVE
Hoy a las 11 de la mañana se reunirán las autoridades de la Defensoría del Pueblo con las del sector Justicia.

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En la edición de Lo Justo de ayer 29 de noviembre, se entrevistó a Isabel Coral, secretaria ejecutiva de la CMAN y se presentó un reportaje sobre el Estado y las políticas de reparaciones a víctimas de la violencia política en el Perú. Asimismo, estuvo con nosotros Carlos Monge para analizar la situación que se vive en Cajamarca a raíz de la suspensión del proyecto minero Yanacocha en la mina Conga. Lo Justo, todos los martes a las 7 pm, con la conducción de Rocío Silva Santisteban, vía lamula.pe.

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La Asociación Pro Derechos Humanos, APRODEH, demandó al gobierno y el parlamento, la aprobación del presupuesto solicitado por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM)  para la atención del Plan Integral de Reparaciones para las víctimas de la violencia  interna que vivió nuestro  país desde 1980 al 2000.

Este dictamen de la ley de Presupuesto para el sector público para el año 2012, no fue aprobado por la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República a pesar de que el Premier, Salomón Lerner Ghitis sustentó el pedido planteando que  ““El Gobierno tiene la meta de reparar a las miles de víctimas que ocasionó la violencia en el Perú…., nos proponemos como meta al 2016 la reparación integral del 50 por ciento del total de víctimas. Entregaremos a cada una de ellas una suma significativa como un gesto simbólico de reconocimiento”.

Cabe recordar que la PCM aprobó un  presupuesto  de 221,2 millones de nuevos soles adicionales a los 42 millones que destinó el gobierno anterior, los últimos 5 años. Este incremento permite cumplir en un plazo razonable, con la atención integral a las víctimas. Por esto, APRODEH lamenta  que no se pueda dar 10 UIT (36 mil soles) por víctima, tremiendo en cuenta que las reparaciones administrativas son un proceso de dignificación y un reconocimiento por parte del gobierno ante todo el dolor y sufrimiento que vivieron las miles de familias.

Hasta la fecha, solo se ha reparado a los ronderos y no a todas las víctimas de la violencia, tal  como lo propuso la Comisión de la Verdad y Reconciliación.

Francisco Soberón, Director Ejecutivo de Aprodeh, señaló que “no se puede permitir que en zonas como Ayacucho y Huancavelica, madres, esposas e hijos mueran sin haber sido atendidos por el estado, como parte de su obligación con las víctimas”.

Asimismo, Soberón saludó la presencia en Lima  de más de 400 delegados de organizaciones regionales (Ayacucho, Junín, Huánuco, Apurimac, Huancavelica, Pasco, Lima, Cusco, entre otras) de la Coordinadora Nacional de Afectados por la Violencia Política del Perú, CONAVIP y de familiares de las víctimas de la Policía Nacional, en su justa exigencia para ser atendidos por el estado con las reparaciones integrales”

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Comisión del Congreso de la República aprobó dictamen del presupuesto 2012 que no incluye el rubro para reparaciones a las víctimas de la violencia política solicitada por la PCM.

“Es preocupante que el dictamen del proyecto de ley Nº 114/2011-PE para el presupuesto fiscal 2012 que aprobó la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República el martes 15 no contemple el pedido del Premier para atender el pago de reparaciones a las víctimas de la violencia política”, expresó la ministra de la Mujer y Desarrollo Social, Aída García Naranjo Morales.

El pedido fue sustentado por el Premier Salomón Lerner en su presentación ante el Congreso, en el que planteó textualmente: “nos proponemos como meta al 2016 la reparación integral del 50 por ciento del total de víctimas. Entregaremos a cada una de ellas una suma significativa, como un gesto simbólico de reconocimiento”. Para lograr esta meta se requiere atender a 6,700 víctimas cada año.

Por este motivo la Presidencia del Consejo de Ministros solicitó 221,2 millones de nuevos soles, cifra que cubriría las reparaciones económicas a las víctimas en el 2012. En la sesión de la Comisión de Presupuesto en que se aprobó el presupuesto 2012 el ministro de Economía, Miguel Castilla, invitado a la sesión, expresó su desacuerdo con la inclusión de esta partida.

“Ninguna suma económica podrá compensar la pérdida de un padre, madre, esposo/a o hijo/a. Las reparaciones son un esfuerzo por parte del Estado, para dignificar a las familias de las víctimas”, afirmó la titular del MIMDES, en respaldo a la solicitud del Premier Lerner.

La ministra García Naranjo Morales señaló que expresa su preocupación en relación a todas las víctimas y como responsable del proceso de Registro y Acreditación de Desplazados, tarea que lleva el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES) a través de la Dirección de Desplazados y Cultura de Paz. Como se sabe, muchas de las víctimas de la violencia tuvieron que huir de sus lugares de origen, convirtiéndose en desplazados.

El MIMDES ha acreditado durante los primeros 100 días de gestión a 6,500 personas desplazadas. Esta acreditación les permitirá su ingreso directo al Registro Único de Victimas, acceder al Seguro Integral de Salud y a participar de las reparaciones colectivas otorgadas por el Estado, acceder a servicios educativos y a los planes y programas sociales a nivel de gobiernos locales y regionales. Al igual que todas las víctimas, los desplazados tienen pendiente el pago de las reparaciones económicas individuales. La reparación será base de la Reconciliación Nacional.

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Tomado de  Alerta Perú

El gobierno de Ollanta Humala espera completar el 50% de las indemnizaciones a las víctimas del conflicto armado, aseguró Isabel Coral, secretaria ejecutiva de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel sobre Reparaciones (CMAN).

Coral Cordero precisó que para tal fin se requerirán 200 millones de nuevos soles, los cuales serán cubiertos de la siguiente manera: 60% del tesoro público; 30% de otros sectores del Estado a manera de «aporte de solidaridad» para políticas de reparación; y el 10% restante del sector privado y cooperación internacional, donde «ya hay expresiones de interés».

En el tema de las reparaciones económicas individuales, la titular de la CMAN adelantó que cada víctima de la violencia política recibirá el valor de 10 UITs, lo que equivale a unos 36 mil nuevos soles. «Para eso se requiere recuperar el carácter integral de la reparación lo cual significa crear un paquete concertado según las recomendaciones (del informe final) de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR)», aseveró.

De igual manera, Coral anunció la creación de una Área de Memoria, Paz y Reconciliación para profundizar la labor desarrollada por la CVR en cuanto a la búsqueda de los más de 16 mil desaparecidos en la lucha interna. «La paz exige el esclarecimiento de esos cuatro mil lugares de entierro (clandestino) y darle un entierro digno a la población», enfatizó.

Añadió que, en adelante, la CMAN abordará casos de violencia sexual y violaciones sistemáticas que se dieron durante dos décadas de conflicto armado. Así mismo, se sistematizará experiencias de poblaciones como las comunidades asháninkas y de la sierra sobre el perdón y las políticas de paz.

Finalmente, pedirá la participación de las comunidades asháninkas en el consejo consultivo permanente de CMAN. «Sin ustedes, este proceso se puede distorsionar», sentenció. (GV)

Isabel Coral brindó estas declaraciones en el marco de una conferencia desarrollada esta tarde en la sede del Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (DESCO), donde también estuvieron presentes Fernando Carvallo, representante del equipo técnico a cargo del Lugar de la Memoria; y Ruth Buendía, presidenta de la Central Asháninka del Río Ene (CARE), entre otras personalidades.

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