Por Ana María Vidal
El martes pasado, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), junto con otras organizaciones realizó el “Foro Electoral 2016: Hacia una agenda por los Derechos Humanos”. Dicho evento buscaba conocer la posición de los partidos políticos que aspiran a la presidencia de la república frente a la agenda post Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) y la justicia transicional. También buscaba —y esto es lo más importante — que las y los candidatos se las dijeran de manera directa a las personas afectadas por el conflicto armado interno.
En el evento participaron Lourdes Flores (Alianza APRA-PPC), Augusto Rey (Acción Popular) —recién ahí me enteré que iba por AP, hasta ese día pensaba que iba en la lista de PPK—, Marisa Glave (Frente Amplio), Rodolfo Pérez (Todos por el Perú, TPP), Gino Costa (Peruanos por el Kambio) y Eda Aguilar (Alianza para el Progreso). Se invitó a un representante del fujimorismo, que designó a Juan Rengifo como su representante.
Para mí fue desconcertante ver en el primer panel a una Lourdes Flores que casi ni se refirió a la alianza entre el APRA y el PPC. En todo momento hablaba del trabajo realizado por Marisol Pérez Tello. Y claro, mencionó el buen trabajo hecho por dicha congresista sobre violaciones a los derechos humanos tan graves como la trata de personas y otros temas, pero sin ir al fondo del tema de debate: las violaciones a los derechos humanos que dejó el conflicto armado y la agenda pendiente sobre el tema. Lourdes Flores demostró que sobre el tema no sabe mucho, pero que, como buena política, sabe torear el debate de la mejor manera, y cuando los periodistas le preguntaron sobre García, tuvo que responder por él y por su alianza. De otro lado tanto Rey como Glave sí hablaron con mayor rigurosidad sobre el tema que convocaba.
En el segundo panel en el que participaron Gino Costa, Eda Aguilar y Rodolfo Pérez, me sorprendió que la candidata al congreso por el partido de Acuña hablara tanto sobre violencia sexual y violencia familiar, y no me sorprendió que conociera de manera abundante la data sobre la violencia sexual y familiar en el país, ya que como ex funcionaria del Ministerio de la Mujer en este gobierno la debe conocer muy bien. No obstante, la sorpresa fue que no tuvo en cuenta que el objeto del debate era presentar las propuestas en relación a las víctimas del conflicto armado. Fue como si te llamaran a hablar de literatura y dieras una exposición sobre música clásica. Hubo un momento incluso en el que señaló que no solo las víctimas del conflicto armadotienen derecho a una atención en salud mental sino toda la población en general. Parece que no se enteró que el debate era sobre las víctimas del conflicto armado, que precisamente por haber sufrido este tipo de violencia tienen derecho a una reparación especial amparada por la Ley.
Quizás el discurso de Eda Aguilar va en línea con la política del actual gobierno, que parece no querer reconocer el derecho a la reparación a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, o de reconocerlo de la manera más ínfima y hasta insultante para con las víctimas, apelando incluso, tal como lo ha hecho el ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a sentencias judiciales que reconocen el derecho a los padres de hijos desaparecidos a su reparación económica.
Gino Costa habló largo y tendido sobre las reparaciones, pero fue grande e ingrata la sorpresa cuando dijo que le parece difícil la desclasificación de documentos, pues esta depende de los propios militares. Esta afirmación es rotundamente falsa, porque no solo la Ley de transparencia y acceso a la información obliga a todas las entidades del Estado —lo que incluye al Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas— a desclasificar información relacionada a graves violaciones de derechos humanos; sino que cualquier juez tiene la potestad de ordenar la entrega de esta información y todas, absolutamente todas, las entidades del Estado están obligadas a acatar esta orden.
Si se toma en cuenta que el debate electoral se ha centrado en discusiones absurdas sobre la labor del Jurado Nacional de Elecciones, asusta el poco interés que se le da a la agenda del conflicto armado interno. Parece que no fuésemos un país post conflicto, que olvida que mientras no cerremos las heridas, mientras no haya justicia y reparación para las víctimas, no habrá reconciliación y seremos un país condenado a repetir esa cruel parte de nuestra historia.
Quienes lleguen al poder tienen una agenda amplia en esta materia. No vale echarle la culpa al Poder Judicial o al Ministerio Público, el Poder Ejecutivo es el que tiene aún muchos pendientes. Solamente en materia de Justicia, dicho poder del Estado tiene la obligación de que el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior atiendan las solicitudes del Ministerio Público y del Poder Judicial para entregar información de los militares destacados a las zonas donde se cometieron graves violaciones de derechos humanos. Hasta ahora no lo hacen.
Además, el Ejecutivo tiene la responsabilidad de que las Fuerzas Armadas pongan a disposición de las autoridades judiciales a militares requisitoriados o sentenciados por violaciones de derechos humanos. La CNDDHH tiene un registro de 27 militares que están en calidad de no habidos pese a tener algún mandato de detención o incluso sentencias firmes.
A esto le sumamos que, desde setiembre de 2006 y mediante un Decreto Supremo (N° 061-2006-PCM), se dispuso que los militares procesados por violaciones de derechos humanos cuenten con abogados pagados por el Estado . Esta norma sigue vigente, y hace que todas y todos los peruanos paguemos a grandes estudios de abogados para que defiendan a los inculpados y muchas veces hallados culpables de estas graves violaciones.
La actitud es totalmente distinta si has sido víctima de una grave violación, si desaparecieron a tus padres, si sufriste una violación, si te torturaron o quien sabe que más hicieron contra ti o tu familia. A la fecha, en todo el Perú, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos solo ha asignado tres defensores públicos. Sí, solo 3 defensores en todo el Perú para que se ocupen de la defensa de miles de víctimas. El nuevo gobierno debe tener la voluntad política para nombrar más defensores públicos. El actual no la tuvo.
La agenda pendiente en justicia que le tocará afrontar al próximo gobierno es amplia y pesada ¿tendrá la voluntad política para hacerlo?
El fujimorismo, que fue invitado y que había confirmado hasta un día antes del evento, no se presentó. El representante delegado para ir a dar la cara a las víctimas mandó solo una carta con sus propuestas. No puede haber mejor descripción para saber lo que hará el fujimorismo de llegar al poder: despreciar los derechos humanos y despreciar a las víctimas.
Al final del evento me quedé con una sensación de malestar al comprobar el poco compromiso de algunos partidos para con las víctimas. Y al salir le pregunté a Cronwell Castiillo, padre del estudiante Ernesto Castillo Páez, desaparecido hace más de 26 años: ¿a cuál de ellos le crees?, A ninguno, me respondió.
Publicado en Noticias SER