COMUNICADO
COORDINADORA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS RESPALDA AL ABOGADO JUAN CARLOS RUIZ MOLLEDA ANTE ACUSACIÓN DEL MINISTERIO DE SALUD

Desde la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos respaldamos el trabajo comprometido con la defensa de los derechos de los pueblos indígenas,realizado por nuestro colega, abogado y defensor de derechos humanos, Juan Carlos Ruíz Molleda, quien pertenece al Instituto de Defensa Legal (IDL). Asimismo, rechazamos la denuncia penal interpuesta por el Ministerio de Salud (MINSA) contra su persona y el médico Fernando Osores Plenge, sobre la presunta falsedad de documentos presentados para demostrar la responsabilidad del Estado en la muerte de la señora Margarita Ccahuana.
Al respecto, frente a cada una de las acusaciones sobre la entrega de documentación presuntamente falsa, reiteramos, tal como lo ha sostenido el abogado Ruiz Molleda, que esta es documentación que fue entregada por el CENSOPAS ((Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Medio Ambiente para la Protección de la Salud del Instituto Nacional de Salud. Cabe señalar que el Instituto Nacional de Salud es a su vez un Organismo Público Ejecutor del Ministerio de Salud. )) y el Hospital Goyeneche de Arequipa a la señora Margarita Ccahuana, a sus familiares y a la población de Espinar; de igual manera, que es falsa la acusación del MINSA sobre una supuesta falsificación de la denuncia de la señora Margarita Ccahauna, lo cual está acreditado con la declaración jurada certificada por notario, y que tiene la huella digital de la señora así como la firma de su hija Teodosia Taquima Cchauna.
Desde la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos consideramos sumamente grave que la defensa del derecho a la vida y a la salud de la señora Ccahuana y de las ciudadanas y ciudadanos de Espinar, ejercida por Juan Carlos Ruiz Molleda, sea considerada por el MINSA como una actuación con el “ánimo de perjudicar al Estado”. Cabe recordar al MINSA que la Constitución Política del Perú consagra en su primer artículo, la defensa de la persona humana y su dignidad es el fin supremo del Estado, por lo que esta acusación no solo es lamentable, sino que además pone en peligro la defensa y la protección de los derechos humanos de toda la ciudadanía.
Asimismo, exigimos la inmediata atención de la salud de la población campesina de Espinar afectada con metales pesados en sus cuerpos. Resulta escandaloso que tras 5 años de haberse identificado la existencia de metales pesados, con grave afectación a la salud, el Estado no haya atendido con medidas idóneas y urgentes a la población afectada (examen epidemiológico y toxicológico), y se desconozca la causa de esta contaminación.
Finalmente,reiteramos nuestro respaldo al trabajo de nuestro colega Juan Carlos Ruiz Molleda y exigimos a las instituciones competentes que realicen las investigaciones debidas para sancionar a los responsables de la contaminación por metales pesados, y por consiguiente la violación de los derechos a la vida y a la salud, de la población de Espinar.
Lima, 21 enero de 2016
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