Decisión contra las mujeres

Por Ronald Gamarra Herrera

No se puede jugar con la seguridad jurídica y menos si se trata de los derechos de los ciudadanos. El TC tiene la misión de asegurar esta garantía de seguridad y estabilidad, pero para cumplir cabalmente con ella los magistrados que lo conforman deben actuar con independencia de conciencia y de criterio, y el mayor rigor intelectual y metodológico. Por ello el TC no puede permitirse tomar decisiones con ligereza.

Con tanto mayor razón no puede revocar sus decisiones –hecho que sólo puede permitirse hacer excepcionalmente– sin una exposición cabalmente fundamentada y rigurosa del porqué del cambio de criterio.

La reciente decisión del TC prohibiendo la administración gratuita de la AOE en los servicios de salud del Estado, llama la atención y consterna por su evidente superficialidad, ligereza e inconsistencia. Cambiar abruptamente un criterio establecido hace apenas tres años como política de Estado en virtud de una decisión anterior del propio TC, es un asunto gravísimo.

Peor aún cuando en ambas decisiones, la que dispuso la distribución gratuita de la AOE y la que ahora la prohíbe, participan magistrados que se contradicen sin rubor. El TC no podía revocar la distribución de la AOE sin debate amplio y público con intervención de comités científicos, la sociedad civil y el Estado.

En vez de eso, ha sorprendido al país con una decisión tomada con el consejo, tras bambalinas, de los agentes de cierto conservadurismo fascistoide como el que representa el ministro de Defensa, Rafael Rey, un desastre en los asuntos de su portafolio, que pretende imponer su particular criterio autoritario también sobre la sexualidad de los ciudadanos.

La razón esgrimida por el TC para prohibir la AOE es de antología: que no se ha probado que no sea abortiva. Se trataba precisamente de probar lo contrario, sobre todo cuando este debate ya se dio hace tres años en el propio TC descartando tal efecto abortivo, hecho confirmado por pruebas científicas recientes.

La desinformación culpable del TC, su imperdonable ligereza y sometimiento a cierta agenda autoritaria, perjudica a todos los ciudadanos, sobre todo a las mujeres de menores recursos, a las mujeres víctimas de violación. Si el Gobierno y el Congreso no son capaces de enmendar este enorme estropicio, la sociedad civil lo hará recurriendo, si es necesario, a la jurisdicción internacional.
Publicado en La República 30/10/2009