29º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU

Nuevo llamado de organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos sobre la necesidad de asegurar la rendición de cuentas por el programa de tortura de la CIA de EE.UU.

En diciembre, la Comisión Selecta de Inteligencia del Senado de EE.UU. divulgó el resumen, los resultados y las conclusiones de sus cuatro años de investigación sobre el Programa de Detención e Interrogatorios operado por la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés). Desde entonces, la comunidad internacional de derechos humanos ha reiterado la necesidad de plena transparencia y rendición de cuentas por este programa ilegal en el marco del cual se cometieron violaciones sistemáticas de derechos humanos, incluso crímenes de tortura y desapariciones forzadas. En marzo, más de 20 organizaciones solicitaron que el Consejo de Derechos Humanos (Consejo) exija que EE.UU. cumpla con sus obligaciones internacionales sobre derechos humanos en materia de verdad, justicia y reparación, incluso a través de la designación de un fiscal especial que conduzca una investigación penal exhaustiva y creíble sobre los graves crímenes descriptos en el informe y del establecimiento de un fondo especial para compensar a las víctimas.

El mes pasado, durante la sesión del Examen Periódico Universal de EE.UU., un número significativo de Estados miembros de la ONU se unió al llamado de la sociedad civil y planteó el problema de la necesidad de justicia y reparaciones por el uso de la tortura y otras violaciones de derechos humanos en el marco de las políticas y prácticas estadounidenses contra el terrorismo.

Ellos también enfatizaron la necesidad de acabar con las detenciones por periodos indeterminados y de cerrar el centro de detención de Guantánamo, uno de los ejemplos que todavía persisten de las acciones ilegales perpetradas en nombre de la seguridad nacional tras los atentados del 11 de septiembre, 2001. Proveer justicia a las víctimas y acabar con las detenciones por periodos indeterminados en Guantánamo son dos cuestiones que todavía requieren acción decisiva y urgente por parte de la administración de Obama.

El 26 de junio, el mundo celebrará el Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura. El gobierno estadounidense respaldó fuertemente la adopción de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (UNCAT, por sus siglas en inglés) de la ONU, que se conmemora todos los años en esta fecha. EE.UU. también es un generoso contribuyente del Fondo de las Naciones Unidas de Contribuciones Voluntarias para las Víctimas de la Tortura. Pero el fracaso de EE.UU en juzgar a los responsables por el programa de torturas y desapariciones forzadas de la CIA, garantizar el derecho de las víctimas a la verdad y a reparaciones, y llevar a cabo otras acciones para impedir que estos crímenes crueles se repitan, resulta en una situación en la que EE.UU. está violando sus propias obligaciones bajo la UNCAT y otros instrumentos internacionales, además de ser duro golpe al sistema internacional de derechos humanos, en general, y al esfuerzo global para erradicar la tortura y las desapariciones forzadas, en particular.

Durante su próxima sesión, el Consejo adoptará el informe del Grupo de Trabajo del EPU de EE.UU. Solicitamos que el Consejo envíe un mensaje contundente contra la impunidad frente a la tortura y las desapariciones forzadas y exija que EE.UU. tome medidas para dar cumplimiento a todo el abanico de obligaciones de acuerdo con el derecho internacional para asegurar justicia, verdad, reparaciones y no repetición. Esto implicaría, entre otras acciones, desclasificar el informe completo del Senado sobre el programa de detención de la CIA, emprender una amplia investigación penal independiente y compensar a las víctimas.

La impunidad continuada marca un capítulo sombrío de la historia de EE.UU. que amenaza socavar la prohibición universalmente reconocida contra la tortura y otros tratos abusivos, y envía a los funcionarios estadounidenses y extranjeros el peligroso mensaje de que no habrá consecuencia alguna frente a futuros abusos. Otros gobiernos implicados en el programa de tortura de la CIA también deben rendir cuentas y están obligados a realizar investigaciones independientes, responsabilizar a los perpetradores, y proveer reparaciones.

A través de las experiencias de organizaciones de la sociedad civil y de sobrevivientes de tortura en todo el mundo sabemos que la lucha por la rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos puede ser un recorrido largo y difícil. EE.UU. debe rechazar la impunidad, retornar al Estado de derecho y proveer una adecuada compensación para los cientos de personas que fueron víctimas de brutales abusos.

Esperamos que EE.UU. siga ese camino.

Firman la presente declaración:

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