(28 de agosto de 2008)
Amigos y amigas reunidos esta noche ante este Memorial, dedicado a las víctimas de la violencia:
Hace cinco años, la Comisión de la Verdad y Reconciliación entregó a las autoridades del Estado, y a través de ellas a todos los peruanos, su Informe Final sobre el proceso de violencia que devastó a nuestro país a partir de 1980. Se trata de un documento excepcional en nuestra historia. Hay que subrayarlo con énfasis, pues no hay antecedentes en la historia de la República en que un organismo del Estado haya llegado tan lejos y haya escarbado tan profundamente en el examen de los hechos, las causas, las condiciones y las responsabilidades, que dieron lugar a un proceso tan doloroso que no debe repetirse jamás.
En una tradición política como la nuestra, donde las comisiones sirven para mediatizar, embrollar u olvidar las cuestiones que el Estado no desea o no se siente capaz de afrontar, la CVR produjo un documento que va a las raíces del problema, sacando a la luz una historia que hasta el momento la mayor parte de la élite política y social no ha tenido la entereza de encarar, y denunciando las responsabilidades que alcanzan a todos y cada uno de los sectores políticos y sociales, incluyendo, como debe ser, al propio Estado y las autoridades del Estado.
El Informe Final de la CVR se atrevió a romper el pacto infame de hablar a media voz, esa norma no escrita de nuestra vida política y social, denunciada por el prócer González Prada hace más de un siglo, que sirve para proteger y perpetuar un estado de cosas arbitrario, discriminatorio e injusto que se reproduce generación tras generación. Romper este pacto inmoral era una condición ineludible para producir un informe veraz. Y si no pocos esperaban un informe mediatizado y tímido ante las dificultades enormes que entraña afrontar la verdad, podemos regocijarnos de que la CVR estuviera a la altura de su mandato y de su nombre, y que al cumplir su tarea no retrocediera ante el temor físico, moral o reverencial.
La CVR señaló con indubitable claridad la responsabilidad primera de Sendero Luminoso en el baño de sangre que sufrió el país, como organización que perpetró innumerables crímenes de lesa humanidad en su intento por establecer una dictadura despiadada en el Perú. Sólo la mala fe de ciertos críticos con intereses creados puede atreverse a poner en duda la posición de la CVR frente al terrorismo, posición que respalda todo el pueblo peruano y que respaldamos sin dudar todos los que estamos reunidos aquí, en este Memorial. Porque todos sabemos bien que la democracia no podrá construirse ni tendrá futuro en el Perú, si los peruanos no tomamos conciencia de los peligros del mesianismo, el fanatismo, el fundamentalismo ideológico y la violencia y el crimen asumidos como práctica política. Por ello los terroristas han sido sancionados y cumplen drásticas sentencias de acuerdo a la ley.
Pero la CVR también examinó y determinó con claridad la responsabilidad imputable a las autoridades del Estado, empezando por los gobiernos que ejercieron el poder político entre 1980 y 1995, e incluyendo a funcionarios de todos los niveles e instituciones estatales, y señaló los casos en que fueron autores de crímenes de lesa humanidad o actuaron con tolerancia culpable ante ellos. ¿Acaso era posible obrar de otro modo sin ser desleal a la verdad? ¿Acaso es posible callar ante hechos como la masacre de Accomarca, donde 67 campesinos, incluyendo niños, mujeres y ancianos, fueron asesinados por una patrulla del Ejército al mando de un subteniente, que luego fue ascendido a capitán y después a mayor en vez de ser sancionado? ¿Acaso es posible pasar por alto, como daño “colateral”, el asesinato de más de 100 campesinos, cuyos cuerpos hallados recientemente en la fosa de Putis denuncian huellas de tortura, asesinato de niños y violación de mujeres?
Quienes cuestionan a la CVR por haber denunciado los crímenes de lesa humanidad cometidos por las fuerzas del Estado en el curso de la lucha contra el terrorismo, plantean una exigencia inmoral, que repugna a la conciencia de los peruanos. Callar el crimen es una alternativa que nadie puede considerar sin descalificarse moralmente. Encubrir crímenes de lesa humanidad cometidos por los agentes del Estado envilece al propio Estado, a sus instituciones y especialmente a la Fuerza Armada. Para construir un estado democrático, basado en el respeto a la persona humana, como establece la Constitución, debemos rechazar y condenar sin dudar los crímenes de lesa humanidad. De lo contrario, la complicidad del silencio nos envilecerá a todos.
Por eso es tan deplorable que, pasados ya cinco años desde la entrega del Informe Final de la CVR, el ministro de Defensa salga a denostar de él, pretendiendo menoscabarlo, en lugar de asumirlo como un norte moral que guíe la recuperación y el progreso del país y sus instituciones. Ese ministro dice que el Informe de la CVR no sirve para la reconciliación. Hay que preguntarse, entonces, qué entiende el ministro de Defensa por reconciliación. Si ella supone callar sobre las responsabilidades de los agentes del Estado y facilitarles impunidad a sus perpetradores, decimos que no habla de reconciliación sino de resignación y olvido inadmisibles ante el crimen y de indiferencia cómplice frente a las víctimas de esos crímenes. La reconciliación que preconiza la CVR, la reconciliación a la cual aspiramos los peruanos con toda nuestra esperanza, es aquella que se construye sobre la verdad y la justicia. Esa es la única reconciliación auténtica.
Hace apenas unos días, una joven de 19 años que prestaba el servicio militar fue violada por un grupo de oficiales encabezados por un mayor del Ejército en un cuartel del norte. ¿Hace falta imaginar qué hubiese hecho ese mayor si hubiese sido jefe político militar en algún poblado de nuestra sierra? Las instituciones están infiltradas por gente indigna, gente capaz de aprovecharse de las circunstancias para atropellar al prójimo, haciendo a un lado todo escrúpulo; por eso, la obligación primaria de las instituciones es marcar la línea frente a esta gente y expulsarla sin titubear. Los militares que perpetraron crímenes de lesa humanidad en Accomarca o Putis son, a mayor escala, el equivalente moral y delincuencial del violador de aquel cuartel del norte. ¿Por qué el Estado debe encubrir a esa gente y cargar con sus crímenes, en lugar de zanjar decididamente con ellos, si de veras desea defender la integridad y el prestigio de sus instituciones?
Por eso es tan lamentable que el señor ministro de Defensa haya adoptado el discurso de quienes, criticando a la CVR, ponen obstáculos a la justicia y propician la impunidad. Sobre todo, porque él sabe muy bien que el caso de la joven violada en el cuartel del norte se pudo conocer gracias a la valerosa denuncia que ella misma hizo públicamente, ante la prensa, y no porque la protegiera el sistema de justicia y mucho menos el sistema disciplinario del Ejército o del ministerio de Defensa. De no haber salido su caso a la luz pública, sería otro caso más clamando por justicia, otro caso más clamando contra la impunidad a las puertas del despacho ministerial. Pero en lugar de hacerse eco de los sectores razonables, que pueden dar paso a una renovación cabal de las Fuerzas Armadas en el sentido de la democracia y el respeto a los derechos humanos, el señor ministro de Defensa elige ponerse a la cabeza de quienes nada quieren aprender porque nada desean lamentar.
Dice además el señor ministro que las recomendaciones de la CVR son apenas sugerencias que no obligan a su cumplimiento. Olvida que el Plan Integral de Reparaciones ya es ley del Estado, y que la judicialización de las violaciones de derechos humanos, antes que de las recomendaciones de la CVR, surge de la Constitución, el Código Penal y de los tratados internacionales suscritos por el Perú en defensa de los derechos fundamentales; es decir, surge del imperio de la ley, que debe ser igual para todos.
Hablando del futuro del Perú, el maestro Jorge Basadre nos advertía de la necesidad de evitar a los incendiados, a los congelados y a los podridos. Los incendiados son aquellos que han sido ganados por la intemperancia y el extremismo, y en la persecución de sus objetivos echan por la borda los más elementales valores humanos, tal fue el caso de los terroristas; los congelados son aquellos reaccionarios, reacios a cualquier cambio que afecte su situación de privilegio y dominio basado en la discriminación y la marginación de la mayoría; los podridos son aquellos que flotan en la rutina mediocre del poder y medran en las miasmas de la corrupción material y moral que sustenta su dominio espurio. Está claro que los adversarios de la CVR, que han desatado en estos días una interesada campaña contra ella, en busca de impunidad, pertenecen a esta última categoría.
Que cada uno elija el lugar en el que quiere situarse. Si les nace ubicarse al lado del escuadrón de aniquilamiento Colina o de Sendero Luminoso, allá ellos. Nosotros hemos hecho nuestra elección por la vida, los derechos humanos, la democracia y la justicia, y en ello persistiremos sin que nadie pueda hacernos callar ni retroceder. Tal es el compromiso que nos ha reunido esta noche, reverentes, ante este Memorial.
Muchas gracias.