Por Ronald Gamarra
La muerte de dos policías y las graves heridas sufridas por otros durante el desalojo de los ocupantes ilegales del Bosque de Pomac nos ha conmovido una vez más por su carácter alevoso y la clara intención de matar de quienes dispararon, emboscados entre la gente, con armas de largo alcance. Se trata de un crimen sin atenuantes, que repugna a todos, cuyos autores deben ser identificados cuanto antes para castigarlos con la severidad que prevé la ley.
Preocupa la serie de agresiones que se viene produciendo contra efectivos de la policía. Ha habido casos en que se les ha tomado de rehenes, como ocurrió hace un año en Moquegua y poco después en Cajabamba, o se ha atacado e incendiado puestos policiales, como en San Martín. Con frecuencia los policías resultan heridos al ser atacados a pedradas por manifestantes. Todo esto es inadmisible. Debe quedar claro que nada justifica atacar a los efectivos de la policía, por la misma razón que se debe respetar la integridad de todo ciudadano: porque se trata de seres humanos, con la misma dignidad y derechos que cualquier otro.
Lo digo enfáticamente: quien promueva atacar a los efectivos de la policía no solo es un provocador y un irresponsable, sino además un delincuente, y las organizaciones sociales y políticas deben expulsar y denunciar a quien así proceda. Atacar a policías no es parte de ninguna lucha social. El movimiento de derechos humanos siempre ha tenido la más absoluta claridad sobre esto.
Por otro lado, no se puede dejar de considerar la responsabilidad que corresponde a quienes dirigen la policía. Lo que se conoce hasta el momento sobre la operación del Bosque de Pomac hace evidente que allí hubo negligencias probablemente punibles que es necesario investigar y sancionar, luego de establecer la respectiva responsabilidad política o penal. Porque no solo se atenta contra los efectivos de la policía lanzándoles piedras o disparando contra ellos, también se hace lo mismo enviándolos a cumplir una misión que no ha sido convenientemente preparada.
Estamos malacostumbrados a que los dirigentes no respondan por sus errores, y eso no está bien. El ministro del Interior y los principales responsables de la PNP tienen mucho que explicar sobre lo ocurrido en Pomac, sobre la organización de la operación en la cual perdieron la vida efectivos muy jóvenes. Uno de ellos apenas tenía seis meses de experiencia. El Gobierno les debe una explicación a fondo a los familiares de los policías caídos y a toda la ciudadanía.
Los activistas de derechos humanos compartimos el duelo de las familias afectadas y su exigencia de justicia. Esta agresión también me afecta personalmente. Mi padre fue policía y dedicó toda su vida a ese oficio; conozco de primera mano las exigencias, privaciones y sacrificios que impone al policía y a su familia.
Fuente: El Comercio