Por Carlos Jibaja (*)
Estamos a pocas horas de la sentencia a Alberto Fujimori luego de más de 150 sesiones en las que tanto la Fiscalía y la defensa civil de los familiares de las víctimas como la defensa del acusado ex Presidente expusieron todo lo que tenían que decir. El juicio, como es de consenso público, ha sido extremadamente cuidadoso con las formalidades para evitar sospechas de politización o manipulaciones veladas.
La administración fujimorista del Estado fue nefasta para que el ciudadano de a pie se percibiera a sí mismo como actor social capaz de decisión y respeto; por el contrario, sus políticas autoritarias, centralistas, asistencialistas, clientelistas, manipuladoras de la opinión publica fueron el marco para que el Perú se convirtiera durante su gestión en un narco-Estado y la ley en un reglamento “combi” (“compórtate con los demás como si la ley no tuviera consecuencias”). Buena parte del gobierno fujimorista se basó en un desdoblamiento entre el Presidente y su asesor: Montesinos es la cara corrupta de Fujimori y la intención repetida de su maquinaria psicosocial es precisamente separar (escindir) la imagen corrupta de Montesinos de la de Fujimori. El buen Presidente y el mal asesor que traicionó la confianza del líder es el cuento chino que el discurso fujimontesinista nos ha querido hacer tragar hasta los minutos finales del juicio.
La opinión pública, las organizaciones de base, los movimientos sociales, los dirigentes políticos democráticos reaccionaron con indignación y masiva movilización ante un hecho mediático que resquebrajó ese dispositivo psicosocial de escisión montado por el régimen autoritario: el video Kouri-Montesinos. Como un castillo de naipes, el aparentemente monolítico régimen fujimontesinista cayó ante la evidencia de que Fujimori y Montesinos – y su banda de congresistas, empresarios, ministros, y demás actores sociales – lideraban una mafia que traficaba con los destinos del país. No es que la ciudadanía no sospechara de lo que ocurría, pero la flagrancia, la contundencia del video fue el factor psicológico que detonó un momento psicosocial irreprimible en que la ciudadanía dando una lectura retrospectiva de “¡todo lo que se sospechaba era verdad!”, terminó por tumbarse al ilegal tercer periodo de Fujimori.
El ejercicio democrático de juzgar a un líder público como Fujimori por sus transgresiones a los derechos humanos, entre otras acusaciones, no es un hecho fortuito de lo que viene pasando en nuestro país. Algo definitivamente viene cambiando en el modo como los peruanos y peruanas nos venimos relacionando que marca una diferencia; una dinámica sociopolítica e institucional no experimentada en otros momentos de nuestra historia republicana. Sin embargo, una sentencia favorable a Fujimori sería un revés para las personas, grupos y movimientos sociales que luchan por un Estado más justo, inclusivo, transparente, eficaz, participativo, que pueda garantizar que el huancavelicano más humilde pueda tener las mismas oportunidades que cualquier otro peruano con educación, salud, vivienda, seguridad y acceso a otros servicios públicos asegurados.
Una de las cosas que están cambiando entre los peruanos es la disminución en el uso del dispositivo psicosocial de la escisión; es decir, la separación radical de la relación existente entre aspectos que están engranados entre sí, pero que se perciben como si no tuvieran relación alguna. En la tortura se juegan esos roles para quebrar psicológicamente al torturado: el victimario malo que aplica la tortura y el “bueno” que supuestamente empatiza con la situación del torturado y quiere ayudarlo. La escisión entre bueno y malo busca encubrir que ambos son lo mismo y determinan que el torturado, en una situación de total impotencia, esté inducido a percibir las cosas de esa manera artificiosamente dividida. La maquinaria psicosocial fujimontesinista supo manipular el miedo al derrumbe social en una población dividida en su estructura (en sus diferentes versiones: castellano y quechua hablantes, costa y sierra, Lima y provincias, etc.), vulnerada por el conflicto armado interno y el desastre económico del primer gobierno aprista. Hasta que el dispositivo de la escisión quedó inoperante por las evidencias de la realidad social corrupta vivida en el régimen…
Luego de casi 10 años de fortalecimiento de la ciudadanía y lucha contra la impunidad, estamos en el momento histórico en que el juez San Martín y los vocales Prado y Príncipe pueden garantizar a los familiares de las víctimas de La Cantuta y Barrios Altos, y a la sociedad peruana en general, que la demanda de memoria, verdad y justicia es consistente con los hechos ocurridos. Para ello, el tribunal que está en una posición, en una ubicación fuera de las circunstancias históricas y psicosociales que nublaron la percepción de la ciudadanía entre 1990 y el 2000, tendrá que juzgar con agudeza, probidad y firmeza las entrañas del régimen fujimorista en la figura de tan horrendas matanzas. La sentencia de culpable debe caer por su propio peso, sólo así estaremos seguros que el siniestro hechizo fujimontesinista ha sido desmontado y juzgado con justicia en un vigoroso paso hacia la reconciliación nacional.
(*) Director del Centro de Atención Psicosocial (CAPS)