Amigas y amigos:

Esta noche presentamos ante ustedes el Informe Anual, correspondiente al año 2008, que la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos ha elaborado para evaluar, como hacemos cada año, la situación de los derechos humanos en el Perú. Este es un momento importante para nuestro movimiento, un momento en el cual nos detenemos a hacer un balance de progresos y retrocesos, de tareas cumplidas y desafíos aún pendientes.

La síntesis de este balance está contenida en el informe cuya distribución comienza hoy. Nuestro propósito es que este informe se convierta en un instrumento de trabajo cotidiano de todos los que tienen interés en monitorear total o parcialmente la problemática de derechos humanos de nuestro país, para lo cual nos hemos empeñado en mejorar al máximo la calidad y la confiabilidad de la información que ofrecemos. Tenemos la convicción de que, con el presente Informe Anual 2008, entregamos a la opinión pública un documento debidamente estructurado y sustentado, útil para establecer las referencias básicas del desarrollo social en cuanto atañe al respeto de los derechos fundamentales.

La elaboración del Informe Anual, como todo lo que hace la Coordinadora, como todo lo significativo que se produce en el movimiento de derechos humanos, es resultado de una obra colectiva. Son muchas las personas e instituciones involucradas en una labor de este tipo. La Coordinadora agradece a todas ellas por su invalorable colaboración. Pero esta vez queremos simbolizar en una persona toda esta impagable deuda de gratitud. Esa persona es un amigo conocido y profundamente querido por todos nosotros, y se llama Carlos Iván Degregori.

Durante muchos años, prácticamente desde el nacimiento de nuestro movimiento de derechos humanos, Carlos Iván Degregori ha caminado junto a nosotros, ha vivido entre nosotros, compartiendo nuestras aspiraciones y nuestras frustraciones, nuestros esfuerzos y nuestra lucha. Pero Carlos Iván, no sólo ha sido un compañero ejemplar y fraterno, ha sido además y sin afectar jamás la menor pose, un maestro. Ha sido y es nuestro maestro. Quiero decirlo con toda claridad: si hay alguien que en nuestro movimiento ha merecido y merece el título de maestro, por encima de generaciones y especializaciones académicas, ese es Carlos Iván.

Hoy, Carlos Iván afronta una prueba muy dura, que nos duele a todos en lo más profundo, realmente nos hiere en carne viva. Estamos contigo, querido hermano, en esta lucha que libras con sereno coraje, dándonos, sin proponértelo, una nueva lección de entereza. Estamos seguros de que superarás este momento difícil para seguir el camino aún largo que debemos cumplir. Hacemos fuerzas para que pronto te vuelvas a encontrar entre nosotros, porque te queremos, te admiramos y te necesitamos tanto.

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El 2008 ha sido un año difícil en nuestro país y en el mundo. Hemos sido testigos de la profundidad de una crisis económica que afecta a millones de personas en todos los continentes, especialmente a los más desfavorecidos, trabajadores humildes, migrantes, minorías, mujeres. También hemos asistido con estupor a la continuidad de expresiones destructivas e irracionales, la inacción frente a la degradación del medio ambiente, las crisis humanitarias endémicas, los conflictos armados, la intolerancia.   

El panorama de los derechos humanos ha sido complejo, con muchos retrocesos y pocos avances. Aparecen frente a nosotros múltiples desafíos, tantas cosas por la cuales luchar y tantas otras que merecen nuestra denuncia, indignación, solidaridad, activismo. Pero también algunas por las cuales debemos sentir esperanza. A ellas me referiré al final.    

En el 2008 hemos visto cómo algunos temas de la agenda histórica por fortalecer la democracia y los derechos humanos en nuestro país se han estancado. La búsqueda de cambios profundos para conseguir mayor ciudadanía, equidad, acabar con la discriminación, la pobreza y vivir en una sociedad de paz, no nos engañemos, deberán seguir esperando una mejor oportunidad política.

Las reformas institucionales, iniciadas con brío durante el gobierno de transición hace ya casi una década, deberán aguardar la llegada de una nueva administración estatal. Las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación han sido colocadas en un lugar muy secundario por los actores políticos y sus productos han sido sistemáticamente sometidos al desprestigio desde las esferas más altas del poder. Las políticas públicas a favor de los derechos humanos no han sido aplicadas de modo coherente y no hay voluntad política para hacerlas efectivas ni articularlas. Tampoco los gobiernos regionales y locales han asumido un rol activo para definir políticas en sus respectivos ámbitos.

El gobierno y los principales actores políticos y económicos del país han optado por imponer una visión del desarrollo cerrada que en su aplicación repercute en la vigencia de las libertades fundamentales. Los mecanismos institucionales para canalizar las demandas de la población o no funcionan o pierden pronto legitimidad porque no son concebidos por las autoridades centrales como reales espacios de participación, sino como salvavidas momentáneos, sin que nada los mueva a reflexión o motive una posible revisión de sus políticas o estrategias.     

La población común y corriente, defraudada por sus autoridades, convencida de la inutilidad de recurrir a los canales de intermediación, intuyendo que sus acuerdos a la larga tampoco se cumplirán y que tendrá que salir nuevamente a reclamar, ahonda su lejanía de la democracia como un sistema que los represente.

Y sin embargo, estos peruanos y peruanas no salen a las calles para generar violencia irracional, ni para obstruir el crecimiento o sabotear el desarrollo. No son agentes antisistémicos ganados por objetivos contrarios a nuestra nación. No. Salen a las calles para exigir ciudadanía. Para ser escuchados y participar de las decisiones que les incumben. Se ven obligados a salir a las calles para ser peruanos.

Como representa tan bien la portada de nuestro informe este año: al final de un largo túnel de lucha, donde los protagonistas son gente modesta, campesinos, viejos y jóvenes, mujeres, niños, varones- la mayoría del país- lo que se levanta como emblema es la bandera, que es el signo de la inclusión o debería serlo. 

El año 2009 será quizá más difícil que el acabamos de dejar atrás. Las consecuencias de la crisis se dejarán sentir entre los trabajadores, entre los empresarios grandes y pequeños, entre los campesinos, entre los subempleados y entre todos los que esperan que sus demandas se prioricen. Sin desconocer este escenario y asumiendo el reto que representa para los organismos que trabajan en derechos humanos, he dejado para el final los motivos de mi esperanza, que quiero compartir con ustedes.

El 2009 será recordado como el año en que la justicia recaerá sobre un ex presidente que simboliza mucho de lo peor que nuestra sociedad ha sido capaz de expresar en las últimas décadas. No nos alegremos por la condena de un hombre y la pena de su familia. Reconfortémonos sí por lo que representa en términos de mensaje de igualdad ante la ley, de consuelo para las miles de víctimas que produjo sin remordimiento, y de legitimidad para nuestra democracia tan frágil, que él se propuso destruir.

Dentro de pocos días, el tribunal pronunciará sentencia. Abrigamos la esperanza de que sea una sentencia que sirva a esa justicia tan ansiada por el pueblo y, sin embargo, tan eludida una y otra vez por quienes tienen poder para torcer las leyes a su antojo. Sin embargo, queremos creer que, dentro de algunos días, también esta será una página volteada definitivamente. Deberemos entonces volcar nuestros esfuerzos a desafíos más sustantivos y significativos para nuestra sociedad.

En estas semanas, por ejemplo, hemos asistido a un intenso debate sobre la memoria que parece haber desembocado en un importante triunfo ciudadano. Efectivamente, el gobierno acaba de desistir de su inicial oposición al establecimiento de un museo que conmemore la dura experiencia de los peruanos durante el período de violencia que empezó en 1980, con el terrorismo desatado por Sendero Luminoso y los excesos sistemáticamente cometidos por las fuerzas del Estado. El museo de la memoria, que ahora parece hacerse realidad, será un primer paso de gran importancia en la reflexión imprescindible que debemos hacer colectivamente, como sociedad, para no repetir los errores del pasado y consolidar nuestra democracia, con miras a un futuro de paz.

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Por otro lado, prevemos que el 2009 será un año en que la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos consolidará sus lazos y compromisos con instituciones, personas y problemáticas fundamentales, sobre todo aquellas que involucran a los más vulnerables: mujeres, niños y niñas; así como los discapacitados, los ciudadanos que representan la diversidad sexual; los afectados por la violencia, incluyendo entre ellos con afecto y reconocimiento a los deudos de los efectivos de las fuerzas del orden caídos en cumplimiento del deber.

Nuestra esperanza, como movimiento, está puesta en lo que podemos crecer, en la apertura para trabajar en conjunto, en los lazos que podamos ir recuperando y fortaleciendo de cara a la población, en la necesaria mirada y estilo nuevo para enfrentar retos que trascienden nuestros respectivos y limitados ámbitos y que nos trascienden aún más y son mucho más urgentes porque muchos son problemas de dimensión global, mundial.

Desde la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos invitamos a todos los peruanos y peruanas, a todas las organizaciones amigas, a avanzar en el fortalecimiento de un movimiento de derechos humanos en constante crecimiento y renovación que nos integre, y no pierda nunca de vista que lo que nos une es más importante que lo que eventualmente puede separarnos.

Hay mucho por hacer y todos podemos contribuir. No hace falta ser gobernante para ello. La pobre performance del Estado hace evidente, en el Perú como en cualquier otro lugar del mundo, que la defensa de los derechos humanos tiene que ser asumida por la sociedad civil, la cual debe imponer al Estado la fuerza de una gran convicción ética. Sin la presencia activa y vigilante de la sociedad civil, los derechos humanos se convierten en dádiva que los gobernantes o cualquier otro poderoso se sienten con derecho a retirar.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos reitera en este aniversario su vocación de trabajar sin cesar por la vigencia de los Derechos Humanos en nuestro país, desde los derechos civiles y políticos como el derecho a la vida, la libertad y la integridad física, pasando por los derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho a la salud, al trabajo, a la educación y la vivienda, sin descuidar el derecho a un ambiente sano y el respeto a los pueblos indígenas amazónicos, andinos y afroperuanos, buscando una sociedad sin exclusión, discriminación ni violencia para ningún hombre y mujer en nuestro país.

Muchas gracias.