MINEM viajará a las comunidades de Chila Chambilla y Chila Pucará para atender demandas de los pueblos originarios

NOTA DE PRENSA

Autoridades originarias de las comunidades campesinas de Chila Chambilla y Chila Pucara, Juli-Puno, le hicieron llegar al representante del Ministerio de Energía y Minas, Robinson Barreto, el pedido de nulidad de las 2000 hectáreas de concesión minera entregadas por INGEMMET, en 2005, a la empresa minera Cal Cemento Sur (Grupo Gloria), vulnerando los derechos de los pueblos indígenas al territorio, agua, identidad cultural, medio ambiente y consulta previa.

Edgar Isidro Choque, teniente gobernador de la comunidad de Chila Pucara, manifestó que las dos concesiones mineras (no metálicas), Chilachambilla 1 y Chilachambilla 2, se entregaron desconociendo el Convenio 169 de la OIT. En la actualidad las concesiones se sobreponen a los territorios de las comunidades aimaras.

También solicitaron que la base de datos del Geocatmin del INGEMMET se actualice, a fin de que contemple en sus capas a los territorios de las comunidades campesinas a nivel nacional. La omisión de la información ha generado conflictos ecoterritoriales entre actividades agrícolas y ganaderas, predominantes en las comunidades aimaras, contra actividades extractivas que son ajenas a la población.

A las alocuciones se sumaron Martina Huayta, Lidia Huayta y María Anchapuri, cuestionando que la expedición de las concesiones mineras se desarrolla a espaldas de los pueblos indígenas. El procedimiento para el otorgamiento de concesiones en el Perú es absolutamente incompatible con las normas de rango constitucional que protegen el derecho al territorio y el derecho a la propiedad de los pueblos indígenas, pues al no ser notificados en forma efectiva de la expedición de las concesiones, nunca podrán interponer los recursos legales pertinentes de oposición, quedando los derechos de los pueblos indígenas en una situación de indefensión. Agregaron que los petitorios mineros solo se publican en los medios escritos de mayor circulación, sin embargo, estos medios son inaccesibles para las comunidades campesinas, que viven en zonas rurales. Estos avisos se publican en español y no en las lenguas nativas de los pueblos indígenas.

Robinson Barreto, en representación al Ministerio de Energía y Minas, se comprometió a que, una delegación de su ministerio, viajará la tercera semana de mayo hasta la comunidad campesina de Chila Chambilla y Chila Pucara para responder al memorial.

De igual manera, la comitiva realizó un plantón en el frontis del Tribunal Constitucional, protestando contra las resoluciones emitidas por esta institución en la que se niega el carácter de derecho fundamental de la consulta previa. También ofrecieron, en ese mismo lugar, una conferencia de prensa en la que exigieron que el recurso de subsanación pendiente sea a favor de las comunidades aimaras de Juli.

En el mismo sentido, cuestionaron a los nuevos candidatos que aspiran ser magistrados del TC, pues muchos de ellos no tienen un perfil ético y moral para proteger los derechos de los pueblos indígenas.

Cabe resaltar que, durante todas gestiones realizadas las diferentes instituciones del Estado, la comitiva de pueblos originarios estuvo acompañada de la congresista de Perú Libre Margot Palacios.

En el trascurso de la jornada se produjo un incidente: una trabajadora del Congreso, encargada del detector de metales, restringió el paso de las autoridades originarias, considerando que el fuete que llevan en la muñeca «es un arma» pasible de ser utilizado en contra de los funcionarios que trabajan al interior del Congreso. Esta acción es una muestra más del desconocimiento de la diversidad cultural de nuestros pueblos.