EDITORIAL

El Gobierno ha iniciado una nueva fase en la respuesta a la emergencia sanitaria. Con el decreto 094-2020-PCM, denominado “Nueva convivencia social y prórroga el Estado de Emergencia Nacional”, se establecen disposiciones que buscan un “equilibrio entre la observancia de las medidas sanitarias que permitan enfrentar la pandemia ocasionada por el COVID-19 y la reanudación de las actividades, de una forma más sostenible, en virtud de lo cual la ciudadanía deberá adaptarse a diferentes prácticas para una nueva convivencia social”.

Sin embargo, nos preguntamos ¿qué tipo de “nueva convivencia” se propone? ¿Una donde se permite la “suspensión perfecta” de labores, es decir, dejar sin ingresos a miles de trabajadores? ¿Una que pone el peso de la crisis sobre los hombros de los ciudadanos, sobre sus ahorros y sobre sus fondos para la vejez, pero que se niega a discutir un mayor aporte tributario de los sectores más privilegiados? ¿Una donde las empresas mineras, petroleras, agroexportadoras o de servicios continúan con sus actividades no esenciales, poniendo en riesgo a sus trabajadores y a las comunidades?

Esta edición del reporte semanal “Deerechos en Emergencia” muestra que han continuado las conductas empresariales que ponen en primer lugar las ganancias corporativas antes que los derechos sociales, culturales y ambientales de las personas. No todas las empresas muestran este tipo de performance, sin duda. Se han difundido historias positivas, como las de San Antonio y otros negocios que han respetado el vínculo laboral con sus trabajadores, y otras muchas que han puesto el hombre mediante donaciones de alimentos o insumos médicos y de protección.

Sin embargo, es grande la presión por parte de la vieja cultura empresarial que busca no sólo cargar la crisis actual sobre la ciudadanía, sino incluso que plantea una reactivación económica basada en flexibilizar normas laborales, sanitarias o ambientales para “atraer la inversión”.

En efecto, el Perú necesita una nueva convivencia, en la cual se ponga en el centro el cuidado y el respeto de los derechos de todas y todos. El cuidado de la salud y del ambiente, la solidaridad y la defensa del bien público sobre el beneficio corporativo, deberían ser valores centrales en esa nueva convivencia. El Estado, las empresas y la ciudadanía debemos poner manos a la obra para construir ese otro Perú. Que esta dolorosa pandemia se convierta en una oportunidad para el cambio, y no en una consolidación de la vieja convivencia sin derechos.

Plataforma de la Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos