Sofía García Carpio
El 28 de agosto, la Comisión de Verdad y Justicia de Paraguay, creada el 6 de octubre de 2003 por la ley 2225, presentó su informe final, que incluye valiosas conclusiones y recomendaciones. El informe, de 122 páginas, revela la verdad sobre las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en Paraguay entre los años 1954 y 2003, señalando como primer responsable de ellas al Estado paraguayo pues, por acción u omisión, violó el deber de respetar y garantizar los derechos de los paraguayos y paraguayas sujetos a su soberanía. Por ello, la CVJ establece que el estado paraguayo está obligado a pedir perdón a su pueblo.
El informe establece la responsabilidad principal del dictador Alfredo Stroessner, que tiranizó Paraguay durante varias décadas, y lo hace “responsable directamente, personal e institucional, como Jefe Supremo de Estado y Jefe de Gobierno, quien dirigió exclusivamente las Relaciones Exteriores, siendo Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación y responsable de las fuerzas policiales de todo el país”. El dictador Stroessner instauró una política centralizada en su persona, impuso castigos crueles fuera de la ley a quienes no pensaban como él, e instauró un sistema de espionaje, tortura y asesinato dentro y fuera del país, entre otros hechos de horror.
El informe subraya la responsabilidad de las Fuerzas Armadas y de la Policía, situadas bajo el mando directo del dictador. También responsabiliza a la administración pública y sus funcionarios, a los congresistas que aprobaron leyes represivas, al poder judicial por aplicarlas y a la Corte Suprema de Justicia, en particular, por no permitir la aplicación del habeas corpus con el pretexto formal de su inaplicabilidad bajo estado de sitio. Asimismo responsabiliza a aquellos jueces que rechazaron las acciones de amparo presentadas por exiliados paraguayos que querían retornar a su país.
Igualmente condena a los partidos políticos que apoyaron a Stroessner, como el Partido Colorado, y a particulares que apoyaron y toleraron la actuación de los agentes violadores de los derechos humanos. De igual forma, señala la responsabilidad de la empresa privada y los gremios empresariales porque tuvieron una actitud de indiferencia respecto a los hechos y, en ciertos casos, porque apoyaron al gobierno dictatorial de Stroessner, así como de los medios de prensa que no denunciaron los hechos y más bien aplicaron censura sobre ellos.
En el mismo sentido, el informe responsabiliza a la iglesia Católica paraguaya por mantener una posición de indiferencia, reconociendo, sin embargo, que a partir de 1971 la iglesia desarrolló una preocupación e identificación con los paraguayos perseguidos por el gobierno, lo que resultó en la expulsión del país que sufrieron muchos sacerdotes.
Pero la responsabilidad no sólo recae dentro de las fronteras paraguayas, sino que alcanza a los estados que hicieron posible el sostenimiento del sistema dictatorial en el cual sucedieron las violaciones de derechos humanos. Por ello, la Comisión de Verdad y Justicia señala que tiene responsabilidad directa:
– Algunas administraciones gubernamentales de los Estados Unidos de América, que apoyaron a la dictadura de Stroessner desde 1954 hasta 1976, año en que James Carter asume el gobierno. La Comisión pone, como ejemplos, el apoyo político y técnico de la misión del coronel norteamericano Robert Tierry, ¨asesor adiestrador y orientador de la Policía del sistema para la creación y el funcionamiento de la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos (DNAT), dependiente del Ministerio del Interior, que era un siniestro centro de torturas¨; el apoyo a la Operación Cóndor y la ayuda económica y financiera al gobierno dictatorial. Por ello, “la Comisión de Verdad y Justicia espera que el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, de manera pública, presente disculpas al pueblo paraguayo por la lamentable política sostenida”.
– Del mismo modo, algunos gobiernos de Brasil dieron su apoyo al gobierno dictatorial de Stroessner. Brasil también brindó asilo al dictador, desde su derrota hasta su muerte en el año 2006. A pesar de las notificaciones que la Comisión de Verdad y Justicia le envió a Brasil, Stroessner nunca contestó.
– Son responsables también, los gobiernos dictatoriales del sur del continente, que se apoyaron entre ellos mediante el Plan Cóndor, reprimiendo a la izquierda latinoamericana. En esta lista, se encuentran las dictaduras militares de Argentina, Uruguay y la de Pinochet, en Chile. Por ello, espera que “los gobiernos de Brasil, Argentina, Uruguay y Chile hagan un reconocimiento de su responsabilidad de manera pública y soliciten excusas, disculpas o perdón a la sociedad paraguaya por la lamentable política seguida por los gobiernos mencionados”.
Por otro lado, el informe recomienda continuar las investigaciones para esclarecer la verdad de los hechos, identificar a los victimarios y sancionarlos judicialmente. Asimismo recomienda realizar reformas en los tres poderes del Estado paraguayo y establecer un Plan Nacional de Derechos Humanos, entre otras muchas medidas con respecto a las víctimas y sus familiares, incluyendo la restitución de derechos, la reparación e indemnización. En el ámbito educativo, la Comisión de la Verdad y Justicia recomienda “garantizar que la asignatura Autoritarismo en la historia reciente del Paraguay se imparta en todos los establecimientos educativos del país, tanto en español como en guaraní”, por lo cual es necesario capacitar y evaluar a los profesores en esta asignatura e incluirla en los textos escolares.
Con la presentación del Informe Final de la Comisión de Verdad y Justicia de Paraguay, es natural volver la mirada al Perú, transcurridos cinco años desde la entrega del Informe Final de la CVR, y constatar que en nuestro país no hay grandes avances en materia de recuperación de la memoria histórica, restitución de derechos y reconciliación. Aún no se han ofrecido disculpas públicas por las violaciones de derechos humanos. Los políticos siguen discutiendo el valor del trabajo de la CVR. Los magistrados y jueces que impartieron injusticia no han pedido perdón.
Está claro que nos queda por delante, como al pueblo paraguayo, un largo camino por recorrer.
Puede leer las conclusiones y recomendaciones del informe de la Comisión de Verdad y Justicia de Paraguay descargándolas de aquí.