Discurso pronunciado por el Secretario Ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Ronald Gamarra, en la ceremonia conmemorativa del 60º aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y de entrega de Premios Nacionales de Derechos Humanos
Amigos y amigas:
Hace sesenta años, el 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de Derechos Humanos, como un instrumento para luchar contra la opresión y la discriminación.
La Declaración surgió como una necesidad inaplazable ante los terribles efectos dejados por dos brutales guerras mundiales e innumerables guerras nacionales y coloniales, que costaron la vida a decenas de millones de personas, dejando mutilados, desplazados, refugiados y sumidos en la más profunda miseria y abandono a muchos millones más.
La historia del siglo que hemos dejado atrás ha sido terrible para el ser humano y sus derechos. Las guerras alcanzaron una magnitud nunca antes vista ni imaginada, los conflictos se multiplicaron, la miseria y la discriminación se extendieron, los métodos de represión se sofisticaron y se hicieron masivos, y grandes éxodos de sobrevivientes cruzaron penosamente la tierra, compartiendo ruta con millones de inmigrantes que abandonaron sus hogares y familias para escapar de la pobreza extrema. Y todo ello, en medio de las promesas de progreso y desarrollo de las sociedades modernas.
El pasado reciente de nuestro país fue igual de duro. A una injusticia social histórica, se sumó en los últimos veinte años del siglo pasado un cruel periodo de violencia política que dejó 70 mil víctimas, cientos de miles de desplazados, decenas de miles de huérfanos, deudos y familiares de víctimas, y causó la destrucción de nuestras débiles instituciones y nuestra democracia.
Todo esto es cierto.
Sin embargo, en medio de este contexto tan adverso, los defensores de derechos humanos se han abierto paso, con tenacidad y perseverancia. Han ganado espacios, han impuesto límites a los violentos, y han difundido criterios, estándares, metas y mecanismos de exigencia de los derechos. Pero, sobre todo, han contribuido a salvar vidas, permitiendo el desarrollo de medios para que los hechos de horror y violencia, cometidos por el Estado o por grupos terroristas, sean prevenidos, denunciados y documentados, buscando que se imponga la justicia.
Desde 1948, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario han tenido un formidable desarrollo. Pero fue la Declaración Universal de Derechos Humanos la piedra inicial y fundamental de este proceso. Ese es su mérito y por eso la importancia de recordarla, pues gracias a ella, por primera vez, los derechos y libertades de las personas se recogieron y reconocieron con detalle. La Declaración Universal también representó el primer reconocimiento internacional de que los derechos humanos y las libertades fundamentales son aplicables a todas las personas, en todo tiempo y cultura. Es un hito mayor en la historia del mundo y sigue inspirando hoy con mayor fuerza, acabando ya la primera década del siglo XXI, a los activistas en todo lols confines de la tierra.
El recorrido de los derechos humanos en el Perú
En nuestro país, la defensa de los derechos humanos tampoco ha sido una tarea fácil. La idea misma de derechos humanos ha debido abrirse paso y aún necesita consolidarse.
Un país como el Perú, lastrado por la discriminación y el racismo, por la pobreza y la exclusión de grandes sectores de la población, por formas caudillistas y clientelares de ejercer el poder, con instituciones liberales débiles, con bajos niveles educativos, sin tradiciones democráticas y fuertes tradiciones autoritarias. Como lo resumió el historiador Alberto Flores Galindo: una república sin ciudadanos.
Es en este contexto que se ha debido ejercer la defensa de los derechos humanos, en un proceso de lucha contra grandes obstáculos institucionales, ideológicos y de poder.
Durante el periodo de violencia política, los defensores de derechos humanos fueron objeto de hostilización, persecución y violencia. En la ceremonia que nos reúne esta noche, precisamente, el premio nacional que entregamos en reconocimiento a una vida destacada en la defensa de derechos humanos, lleva el nombre de uno de nuestros compañeros, Ángel Escobar Jurado, desaparecido en 1989, en Huancavelica, por denunciar los crímenes cometidos tanto por agentes estatales como por los terroristas.
Por ello podemos decir, luego de 20 años de trabajo, que el movimiento de derechos humanos es al mismo tiempo una realidad, fruto de un gran esfuerzo, y una promesa llena de esperanza.
Es un esfuerzo perseverante porque, desde la década de 1970, trabajan organismos de derechos humanos en todo el Perú. Porque un importante espacio de articulación como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos se fundó en 1985, en plena guerra, para atender las urgentes demandas de ese periodo. Porque, desde los lugares más alejados, activistas sin más recursos que su esfuerzo, coraje y voluntad trabajan desde hace más de veinte años en las condiciones más adversas e incluso con riesgo para su integridad.
Aún terminado el periodo de violencia política, los ataques a los defensores de derechos humanos no han cesado. Las autoridades y grupos de poder mantienen contra ellos una actitud hostil y orquestan campañas malévolas de desinformación que buscan alejarlos de las bases sociales y caricaturizarlos como ajenos a los intereses del país.
Debemos señalar con toda claridad que este gobierno no es extraño a esta lamentable tendencia. Los intentos repetidos por controlar a las organizaciones de derechos humanos no han cesado, y hace apenas unas semanas un nuevo proyecto en este sentido fue presentado ante el Congreso por el Poder Ejecutivo.
Sin embargo, este largo recorrido no ha sido en vano.
El trabajo de los activistas de derechos humanos, especialmente de los promotores de base, dirigentes sociales, lideresas populares y organizaciones de afectados, de aquellos que trabajan más cerca de la gente que más sufre, en las provincias, distritos y comunidades campesinas y nativas, ha rendido su fruto.
En nuestro país, donde las élites poderosas hasta hace poco se mostraban tan ajenas al concepto de derechos fundamentales, los activistas de derechos humanos han contribuido con su granito de arena a que prime un sentido común de respeto a los derechos. Aún nuestros rivales están obligados a dar muestras declarativas y retóricas de que defienden los derechos humanos, pues estar en contra de modo abierto no es políticamente aceptable. En este sentido, y a pesar de sus limitaciones, se trata de un gran logro. Hoy es más difícil cometer violaciones impunemente, con el descaro de las viejas dictaduras militares, lo que no quiere decir que no sea posible cometerlas. Pero hay más ojos alertas y más voces para denunciar y exigir justicia.
Compromisos, hoy
Pero el movimiento de derechos humanos también es, aún, una promesa. Una promesa, porque grandes temas de la agenda histórica del país no han podido resolverse todavía. Y porque muchos temas y actores no han sido incorporados en la agenda pública ocupando el lugar visible que sus demandas merecen.
Esta noche en que celebramos los 60 años de la Declaración Universal, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos quiere reafirmar su compromiso indeclinable con la defensa de los Derechos Humanos, la Democracia y el Desarrollo, entendiéndolos como componentes indisolubles del bienestar de los pueblos y la dignidad de los individuos. Y reafirma con la mayor energía su rechazo a la violencia venga de quien venga.
Asimismo confirma su compromiso especial con los grupos especialmente vulnerables, quienes merecen nuestra mayor solidaridad, especialmente aquellos que sufren con mayor dureza los flagelos de la violencia política, la discriminación y la extrema pobreza.
Por todo ello, la Coordinadora rinde homenaje, se solidariza y acompaña en su lucha a las distintas organizaciones de víctimas de la violencia política, y quiere simbolizarlo rindiendo un sentido homenaje a la primera de ellas, la ANFASEP, fundada hace 25 años por valerosas mujeres campesinas de Ayacucho.
Igualmente, la Coordinadora expresa su solidaridad con los heridos, discapacitados, familiares y deudos de los miembros de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas que combatieron el terrorismo a costa de su propia integridad, y que han sido abandonados y son maltratados por el Estado y sus propias instituciones.
Con la misma fuerza, la Coordinadora afirma su compromiso con los grupos más vulnerables, con los pueblos indígenas y nativos, con la población afroperuana, con las mujeres víctimas de distintos tipos de violencia y negación de derechos, con los ciudadanos discriminados por su identidad sexual, con los niños, niñas y adolescentes que ven truncados sus proyectos de vida por la pobreza, el abuso y la exclusión.
Amigos y amigas:
Nos afirmamos en que los derechos humanos son derechos de todos los hombres y mujeres, sin excepción. Si una persona es violentada, todos somos agredidos. Si un hombre es flagelado, todos somos torturados. Si una mujer es violada, todos somos ultrajados. Si una persona es discriminada, todos somos humillados. Los derechos humanos son el mínimo irrenunciable de la dignidad humana. Quienes atentan contra ese mínimo, agreden a la humanidad entera; quienes lo defienden, hacen posible la civilización.
Estos primeros 60 años del movimiento por los derechos humanos han seguido el difícil pero necesario camino de adecuar rigurosamente los medios a los fines, aplicando métodos no violentos frente al poder armado de los abusadores, para enarbolar alternativas de vida, paz, dignidad, libertad e igualdad para todas las personas que habitan el planeta, sin discriminación de ninguna índole.
Hay mucho por hacer y todos podemos contribuir. No hace falta ser gobernante para ello. La pobre performance del Estado hace evidente, en el Perú como en cualquier otro lugar del mundo, que la defensa de los derechos humanos tiene que ser asumida por la sociedad civil, la cual debe imponer al Estado la fuerza de una gran convicción ética. Sin la presencia activa y vigilante de la sociedad civil, los derechos humanos se convierten en dádiva que los gobernantes o cualquier otro poderoso se sienten con derecho a retirar.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos reitera en este aniversario su vocación de trabajar sin cesar por la vigencia de los Derechos Humanos en nuestro país, desde los derechos civiles y políticos como el derecho a la vida, la libertad y la integridad física, pasando por los derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho a la salud, al trabajo, a la educación y la vivienda, sin descuidar el derecho a un ambiente sano y el respeto a los pueblos indígenas amazónicos, andinos y afroperuanos, buscando una sociedad sin exclusión, discriminación ni violencia para ningún hombre y mujer en nuestro país.
¡Vivan los primeros sesenta años de lucha por los derechos humanos en el Perú y el mundo!