En el Perú, las mujeres continúan enfrentando profundas desigualdades en el acceso al trabajo, en los ingresos y en el reconocimiento de su aporte a la economía y a la sociedad. El ingreso promedio mensual de las mujeres representa apenas el 75,7% del ingreso de los hombres (INEI).
La desigualdad no se limita a los salarios. Las mujeres participan menos en el mercado laboral y enfrentan mayores niveles de precariedad. De acuerdo con el Instituto Peruano de Economía, mientras ocho de cada diez hombres en edad de trabajar participan en el mercado laboral, solo seis de cada diez mujeres lo hacen, y la informalidad también las afecta en mayor proporción.
Estas brechas están vinculadas a una carga que sigue recayendo principalmente sobre ellas: el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el 67% de las mujeres que realizan estas labores no recibe ningún salario, pese a que su aporte económico equivale aproximadamente al 23% del PBI, lo que evidencia que gran parte de la economía del país se sostiene sobre labores invisibilizadas.
A esta desigualdad se suma la persistencia de violencia contra las mujeres, entre ellas la violencia sexual, que continúa marcando la vida de miles de niñas, adolescentes y mujeres en el país y evidencia las fallas del Estado en prevención, protección y acceso a la justicia.
En este contexto, el 8 de marzo adquiere un significado potente. Cada vez más mujeres organizadas alzan su voz para exigir igualdad y dignidad. Lo vemos en el liderazgo de mujeres awajún y wampis, quienes viajaron desde comunidades de Condorcanqui hasta Lima para participar y encabezar la marcha del 8M, muchas dejando temporalmente a sus hijos y familias para exigir que sus demandas sean escuchadas.
Desde la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos reafirmamos que el Perú no puede seguir normalizando estas desigualdades. Como señalamos en el Consenso por los Derechos Humanos, es fundamental garantizar igualdad salarial, seguridad social y pensiones dignas, así como políticas que protejan a las madres solteras, incluidas las madres migrantes.
Los cambios más importantes han sido impulsados por mujeres que se niegan a aceptar la desigualdad como destino. Escuchar sus demandas y convertirlas en políticas reales es una tarea urgente para construir un Perú más justo para todas y todos.
¡Los derechos de las mujeres no se negocian!
