TODAS LAS PERSONAS IMPORTAN

 

(Imagen referencial / Internet)

DECISIONES DEL ESTADO PERUANO DEBEN INVOLUCRAR A PERSONAS MIGRANTES Y REFUGIADAS EN SU TERRITORIO

El 22 de mayo el presidente de la República Martín Vizcarra anunció la ampliación del estado de emergencia hasta el 30 de junio. Esta decisión evidencia el grave impacto de la pandemia en nuestro país. Frente a ello manifestamos:

1) Desde el inicio del estado de emergencia por la situación de COVID-19, ninguna de las medidas adoptadas por el Estado peruano ha involucrado de manera visible a las y los migrantes y refugiados en el Perú. En nuestro país viven una pluralidad de ciudadanos y ciudadanas de diversas nacionalidades que tienen que ser considerados en las políticas de prevención, cuidado y apoyo en el contexto que vivimos.

2) Esto se agudiza en poblaciones vulnerables como es el caso de las personas adultas mayores, mujeres, LGTBIQ+, niñez, personas con discapacidad y la población privada de libertad, que por no ser nacionales ven limitados sus derechos a una vida digna. Con especial preocupación se tiene a los más de 800,000 ciudadanos y ciudadanas venezolanas en territorio nacional que no existen para el gobierno.

3) Durante la crisis sanitaria, las organizaciones que suscribimos este pronunciamiento, hemos recibido innumerables denuncias respecto a: dificultades para acceder al servicio integral de salud; perdida masiva del trabajo; desalojos ilegales, muchas familias se quedaron sin un lugar donde vivir y sin recursos para solventarse económicamente. Así mismo en varias regiones del país no accedieron a las canastas básicas que los gobiernos locales estaban obligados a beneficiar y tampoco han sido incorporados en los bonos económicos, menos en los bonos familiares universales.

4) Los anuncios públicos del gobierno peruano respecto al apoyo de la población migrante y refugiada, ha recaído en la cooperación internacional. Si bien esto es importante, no es posible que el Estado eluda su responsabilidad principal de garantizar los derechos de las personas con necesidades de protección internacional. Durante esta emergencia, la población migrante y refugiada enfrenta un mayor riesgo debido a las desigualdades económicas y barreras para acceder a los servicios fundamentales, profundizando la estigmatización y xenofobia. De 13 feminicidios durante la crisis sanitaria, una fue venezolana y no se conocen las cifras de otras formas de violencia para mujeres, niñas y adolescentes.

Por ello exigimos al Estado peruano que incorpore en las decisiones de políticas públicas a la población migrante y refugiada en toda su diversidad. Es su obligación proteger los derechos humanos de todas las personas dentro del territorio, y garantizar el acceso a los beneficios, ayudas, bonos u otros mecanismos que la población peruana recibe. No podemos permitir que se ahonde situaciones de exclusión e indiferencia.

Lima, mayo del 2020

Germán Vargas Farías DNI 07563554 – Carlos Landeo Ponce DNI 10223931- Carmen Barrantes Takata DNI 07237592 -Rafael Moisés Casas Sanchez DNI 28315299 – Klea Denisse Salazar Gallardo DNI 09805397 – Ronald Gamarra Herrera DNI 08725115 – Rodolfo Mendoza Reaño DNI 06027062 – Liza Ordoñez TE 002332908 – Ana María Watson DNI 09143591-Lourdes Febres DNI 29594808 – Lizeth Vergaray Arévalo DNI 10206400 – José Carlos Agüero Solórzano 09778917 – Roger A. Mendoza Contreras DNI 06187787 – Nélida Baca Soto, 09097130 – Yolanda Yvon Arroyo Azurza 09515959 – José Vinces DNI 09353736 – Ruth Esther Alvarado Yparraguirre DNI 07580462 – Carmen Mollo Gutiérrez DNI 07952886 – Esperanza Principio MM C.E.000980326 -Óscar Guillermo Vásquez Bermejo 06077350 – Ana María Vilca Mamani 30846478